Alianza por la Solidaridad apuesta en Colombia por el apoyo a las comunidades tras la tregua con el ELN y la paz con las FARC

Los equipos negociadores del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han llegado en Quito (Ecuador) a un acuerdo de alto el fuego de cuatro meses en el conflicto armado que el grupo guerrillero mantiene desde 1964 con el Estado de Colombia. Se trata de un alto el fuego bilateral, en vigor desde el próximo 1 de octubre y con fecha de caducidad, si bien para Alianza por la Solidaridad, que lleva 18 años trabajando en el país con los afectados por el conflicto, se trata de un primer paso histórico en la consecución de una paz necesaria para el país..

El conflicto armado que ha golpeado a Colombia desde hace más de 50 años ha causado la muerte violenta de más de 260.000 personas, de las cuales el 81% eran civiles, 36.000 secuestros y 7.000.000 desplazamientos forzosos. Colombia es el país con mayor número de desplazados en el mundo, el segundo con mayor número de víctimas menores de edad por minas antipersona y, según el Registro único Nacional de Víctimas de Colombia, hay al menos 22.400 víctimas de violencia sexual.

El acuerdo de paz firmado y ratificado hace casi un año con la guerrilla de las FARC, hoy ya constituidas como partido político, fue un primer paso fundamental, si bien quedaba aún activo el ELN, que podría dar con esta tregua el inicio a su abandono de las armas.

Alianza por la Solidaridad se felicita por ello, si bien recuerda que para que estos procesos se consoliden es preciso incrementar el apoyo a las comunidades y evitar que nuevos grupos armados lleguen a las zonas que fueron ocupadas por las guerrillas. Así, la organización ya ha podido constatar cómo la desmovilización de las FARC, culminada a mediados de agosto, ha generado en algunas comunidades de las regiones de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en las que trabaja, la llegada de nuevos grupos armados ilegales que tratan de controlar la vías fluviales y los territorios, generando nuevos desplazamientos.

Alianza por la Solidaridad trabaja en zonas, con fronteras invisibles, en las que han convivido históricamente los distintos grupos y considera fundamental que estos pasos hacia la paz cuenten con un gran apoyo internacional, político y económico, de forma que se colabore en el fin de las desigualdades sociales y económicas que están en el origen de los conflictos.

Para la organización, dentro de ese apoyo internacional es fundamental dar protagonismo y participación activa a la sociedad civil y sus organizaciones representativas, teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo en los territorios y la gran diversidad cultural y étnica (afrocolombianos, indígenas y mestizos) que hay en las zonas donde el conflicto ha estado presente.

Alianza por la Solidaridad lleva trabajando 18 años con población afectada por el conflicto y desplazada. En estos años se ha atendido y acompañado a más de 100.000 personas, se han puesto en marcha de proyectos productivos, se han construido instalaciones y servicios de suministro de agua y saneamiento en las comunidades, se han creado nuevos barrios para la población desplazada y, sobre todo, se les ha acompañado tanto a nivel social como legal y/o psicológico, fortaleciendo sus capacidades de organización.

“Nuestra apuesta actual es sumarnos a la consecución de una paz territorial, un país sin violencia y al ejercicio efectivo de los derechos humanos. Se trata de transformar las inequidades históricas en las zonas más afectadas por el conflicto, a través de la participación activa de todos los actores representativos y apuntando a una cultura de paz que facilite la negociación sin el uso de la violencia”, ha señalado la directora de Alianza, Ana Alcalde.

Para Alianza por la Solidaridad, las posibles soluciones a una paz duradera se deberán establecer desde la inclusión, por lo que las poblaciones afrocolombiana e indígena deberán ser actores principales, respetando su territorio y sus derechos como pueblos. Asimismo, el rol de la mujer deberá visibilizarse y romper construcciones culturales que la alejan de los espacios de toma de decisiones en sus comunidades. Además se promoverá el fortalecimiento de instituciones cercanas a la ciudadanía para que su presencia alcance a las zonas abandonadas y cumplan con su obligación de reducir desigualdades históricas.

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