Solo en 2014 el Ministerio Público reportó 19.406 denuncias de delitos contra la libertad sexual. Según cifras del estudio Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009, el 76 % de los agresores eran varones del entorno familiar de la víctima o ejercían algún rol de cuidado (padre, tío, padrastro, profesor…), y un 78 % de las víctimas eran menores de edad, el panorama se hace aún más crudo cuando el 90 % de los embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años se debieron a violaciones sexuales incestuosas.

Desde 2012, la campaña Déjala Decidir movilizó a cientos de mujeres de todas las edades, regiones y organizaciones sociales para exigir la despenalización del aborto en casos de violación sexual, práctica que en la actualidad tiene una pena privativa de libertad de tres meses, siendo las mujeres procesadas y criminalizadas. La Iniciativa Legislativa Ciudadana de Despenalización del Aborto en Casos de Violación Sexual, recogió más de 88.000 firmas en apoyo a las mujeres víctimas de violencia sexual y a su derecho a decidir si desean continuar o no con un embarazo forzado, y así puedan acceder a los servicios de salud integral y gratuita. Caso omiso a las recomendaciones de organismos internacionales

La criminalización a las mujeres por abortar en casos de violación sexual ha hecho que organismos internacionales como El Comité de los Derechos del niño y la niña, Comité contra la Tortura, CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otros, recomienden al Estado de Perú que despenalice el aborto producto de una violación sexual, además de cumplir con reparaciones integrales a víctimas por la vulneración de su dignidad, salud física y emocional.

El Estado laico, el gran ausente en el debate

Sin embargo, como si el proyecto de vida y la salud de las mujeres no fueran suficientes, los sectores conservadores en el Congreso de la República, consideran que la despenalización del aborto por violación, sería un atentado contra la vida del “no nacido” y defienden que las mujeres sean procesadas y condenadas judicialmente por interrumpir un embarazo no deseado.

El Congreso y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, cuyos miembros son en su mayoría de corte conservador, han evitado el debate y lo han reducido a una exposición de dogmas religiosos, obviando el Estado laico contemplado en la Constitución, e invitando al debate a representantes de diversas congregaciones religiosas para desestimar con sus creencias de fe una ley que haría realidad que mujeres víctimas de violencia sexual pudieran continuar con sus proyectos de vida después del atentado sufrido contra su dignidad y sus derechos humanos.

El archivamiento del proyecto de Ley propuesto ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ha puesto en vilo la vida y la salud de miles de mujeres que serían obligadas a una maternidad forzada, que no solo daña su salud y desarrollo, sino que también mata, ya que la principal causa de muertes maternas indirectas en adolescentes es el suicidio.  Además, el abandono definitivo de este proyecto en el Congreso significaría continuar con la criminalización del aborto a las víctimas de violencia sexual, empujándolas a abortos clandestinos e inseguros.

Juan Carlos Eguren, congresista y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presentó un dictamen ante el pleno del Congreso en el marco de la Reforma del Nuevo Código Penal, para cambiar la pena privativa de libertad “simbólica” de tres meses por una efectiva de 50 jornadas de trabajo comunitario para las mujeres que aborten tras una violación sexual.

Marcha del 12A: “Despenaliza mi decisión”

La campaña Déjala Decidir ha recibido el respaldo de más del 60 % de la población peruana, la cual se declara a favor del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos de violación sexual.

A nivel nacional, la campaña realiza diversas acciones descentralizadas, en respaldo al proyecto de Ley. El próximo 12 de agosto, la ciudad de Lima acogerá la marcha Despenaliza mi decisión, con el objetivo de incidir en la designación de los nuevos representantes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y en la continuidad del debate.

Esta marcha convoca a todos los sectores de la sociedad civil y a cualquier persona que quiera exigir firmemente la despenalización del aborto en casos de violación sexual, el respeto al Estado laico y el derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres.