La reforma de la ley del aborto podría vulnerar los acuerdos internacionales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos

abortolegal
Viernes, 20 diciembre 2013

Alianza por la Solidaridad denuncia que la reforma de la ley planteada por el ministro de Justicia vulnera los acuerdos y convenciones internacionales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos suscritos por España, en particular lo establecido en el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, así como las recomendaciones del Informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dicho informe recoge que las leyes penales que castigan y restringen la interrupción voluntaria del embarazo son una barrera inaceptable que impide a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Asimismo, destaca que la penalización o restricción del aborto atenta contra la dignidad y autonomía de las mujeres, al restringir su libertad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su salud sexual y reproductiva.

Alianza por la Solidaridad denuncia que la reforma de la ley planteada por el ministro de Justicia vulnera los acuerdos y convenciones internacionales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos suscritos por España, en particular lo establecido en el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, así como las recomendaciones del Informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dicho informe recoge que las leyes penales que castigan y restringen la interrupción voluntaria del embarazo son una barrera inaceptable que impide a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Asimismo, destaca que la penalización o restricción del aborto atenta contra la dignidad y autonomía de las mujeres, al restringir su libertad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su salud sexual y reproductiva.

Retroceder hacia una legislación más restrictiva no responde a la realidad, ya que la actual ley no ha supuesto un incremento notable del número de abortos, ni se han producido denuncias o complicaciones sanitarias de ningún tipo. Al contrario, se han resuelto parte de las inseguridades jurídicas de la ley anterior. Igualmente, la ley de 2010 establece medidas de prevención y educación afectiva y sexual, dirigidas en especial hacia la población más joven, lo que supone uno de los mecanismos más eficaces para disminuir el número de embarazos no deseados.

Los derechos sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos y garantizarlos es indispensable para alcanzar el bienestar físico, mental y social de todas personas. Por ello es necesario que se respete el derecho de las mujeres a decidir de forma libre y responsable sobre su propio cuerpo. Consideramos imprescindible que las modificaciones legislativas que se hagan en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en España sigan la misma línea de actuación que tienen la mayoría de países europeos, que aplican una ley de plazos. Carece de sentido que los derechos más fundamentales de una mujer en España sean tratados de forma diferente a los del resto de países como Francia, Portugal o Alemania.

La violación de los derechos sexuales y reproductivos es un problema que trasciende las fronteras del estado español. Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto constituyen la mayor causa de muerte para mujeres entre 15 y 19 años en países en vías de desarrollo, y una mujer muere cada 8 minutos debido a complicaciones de un aborto inseguro, lo que supone 47.000 al año. Los abortos inseguros se realizan sobre todo en países donde el aborto seguro está restringido o penalizado. Garantizar el acceso es una de las formas más eficaces de evitar estas muertes maternas.

No existe relación entre las leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo y una tasa de abortos alta. De hecho, a nivel mundial las regiones con las tasas de abortos más altas son aquellas con leyes más restrictivas: En América Latina la tasa de abortos de mujeres entre los 15 y los 44 años es de 32 por cada mil y en África 29 por cada mil. Sin embargo la tasa en Europa occidental baja hasta los 12 por mil donde el aborto es legal y accesible. La diferencia radica en el menor número de embarazos no deseados gracias al acceso y uso generalizado de anticonceptivos eficaces y una educación sexual integral. Lo que sí determinan las leyes es la trayectoria de una mujer con un embarazo no deseado hacia un aborto en condiciones seguras o peligrosas. Donde el aborto es legal, generalmente es también seguro, ya que es realizado por profesionales de la salud cualificados en condiciones adecuadas. Donde es penalizado, normalmente se lleva a cabo en condiciones inseguras e insalubres. La restricción del derecho al aborto no significa que las mujeres dejen de abortar, sólo que lo harán en condiciones menos seguras y con consecuencias más graves.

Alianza por la Solidaridad trabaja por la salud y los derechos sexuales y reproductivos en distintas zonas del mundo para contribuir a que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones respecto a su cuerpo sin sufrir discriminación, amenazas o violencia.

  • En la Región Andina trabajamos con las organizaciones sociales y el movimiento de mujeres para modificar las leyes que penalizan el aborto y obligan a las mujeres a interrumpir sus embarazos de forma insegura y clandestina.
  • En Oriente Medio nuestro programa de Educación en Igualdad y Derechos Sexuales y Reproductivos llega anualmente a más de 5000 jóvenes y contribuye a lograr la igualdad entre hombres y mujeres desafiando los estereotipos y roles tradicionales.
  • En España y Europa trabajamos junto con otras organizaciones para fortalecer los marcos legislativos nacionales e internacionales para que garanticen la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 


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