Perú

¿Qué queremos cambiar?

Perú se caracteriza por profundas desigualdades sociales y altos índices de pobreza y exclusión que afectan a más de la mitad de la población, especialmente a las mujeres y a las comunidades indígenas.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son vulnerados constantemente debido a la falta de información, a las dificultades para acceder a métodos de planificación familiar y la discriminación de género y étnica. Las agresiones sexuales son el tercer crimen más habitual en el país, dando como resultado 700.000 mujeres que fueron violadas en 2013. Todo ello, tiene como consecuencia embarazos adolescentes, que debido a la falta de atención médica durante el embarazo, producen altos niveles de mortalidad materna.

Además, la violencia de género, forma parte de la vida cotidiana de la mayor parte de mujeres andinas. De hecho, Perú ocupa el segundo lugar por feminicidios en Latinoamérica, sólo superado por Colombia. Tanto en relación a los feminicidios como a la violencia sexual, el Estado tiene muchas dificultades para garantizar el acceso de las mujeres a una justicia efectiva, quedando un gran porcentaje de los delitos impunes.

peru portada

¿Cómo lo hacemos?

Alianza por la Solidaridad trabaja en Perú con acciones locales en el Departamento de Huancavelica (distritos de Pomacocha y Acobamba) y acciones de carácter nacional, muchas de las cuales tienen lugar en la ciudad de Lima:

  • Trabajamos por el reconocimiento y ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
  • Promovemos la adopción de leyes que combatan la violencia contra las mujeres y favorezcan una justicia efectiva en estos casos.
  • Fortalecemos las instituciones de atención sanitaria para las mujeres.

¿Con quién lo hacemos?

Trabajamos con el Movimiento Manuela Ramos y Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).

Nuestra intervención en el país cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Proyectos en marcha:

  • Talleres y cursos de formación para el fortalecimiento de las capacidades de mujeres lideresas.
  • Elaboración de propuestas para mejorar el acceso a la justicia por parte de las mujeres.
  • Mejora de las capacidades y conocimientos del personal de justicia para una correcta aplicación de las leyes en materia prevención y lucha contra la violencia.
  • Asistencia técnica a organizaciones de mujeres para optimizar su trabajo en casos de violencia sexual y feminicidios.
  • Organización de encuentros, seminarios y foros para la promoción de los derechos de las mujeres.
Desarrollo Humano: en el puesto 82 de 187 países
 

Perú ocupa el segundo lugar por feminicidios en Latinoamérica, sólo superado por Colombia.

 
Estamos en Perú

Un 40% de las agresiones en países como Guatemala son a mujeres lideresas en sus comunidades por su defensa de los recursos naturales. Alianza, a través de la campaña TieRRRa, promueve varias acciones para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres defensoras de los derechos humanos.

La sociedad peruana se rebela contra la alarmante violencia contra las mujeres y la impunidad de quienes la ejercen. El movimiento feminista reivindica la consideración del problema como cuestión de Estado y la necesidad de crear y aplicar leyes en la materia.

Alianza por la Solidaridad se ha unido a otras organizaciones para organizar un encuentro en el que 14 congresistas se comprometieron a legislar en favor de los derechos de las mujeres en un país que ocupa el tercer puesto mundial con mayor número de denuncias por violencia sexual.

Alianza por la Solidaridad se une a las demandas de organizaciones de mujeres en Perú para que el próximo gobierno se comprometa a realizar acciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres en un país donde en 2015 fueron contabilizados 95 feminicidios y 198 tentativas, y las mujeres poseen un precario acceso a sus propios derechos sexuales y reproductivos.

Las organizaciones de la sociedad civil con presencia en los países latinoamericanos exigimos a los distintos gobiernos la implementación de medidas que garanticen el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres embarazadas frente al avance y las consecuencias del virus zika.

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