“Si te enfrentas al modelo extractivista tu vida corre peligro, pero si eres mujer la represalia es más fuerte”. Ésta es la realidad con la que conviven a diario activistas de Derechos Humanos y líderes comunitarios de países como Honduras, Guatemala, Perú y México. Ellas llegaron a España en octubre para denunciar el aumento de la criminalización por parte de grupos económicos de poder. Alianza por la Solidaridad estuvo con ellas en un encuentro organizado por AIETI, Mundubat y Brigadas Internacionales de Paz para conocer la difícil situación que afrontan.

Amenazas, difamaciones, hostigamientos, detenciones ilegales, persecuciones penales y violencia sexual son algunas de las estrategias de criminalización más empleadas para amedrentar y paralizar la labor de quienes defienden la tierra y protegen los Derechos Humanos en contextos de megaproyectos industriales. Aunque algunos mecanismos son de antigua data, la represión contra las mujeres se ha convertido en una conducta no sólo recurrente en la región sino a nivel global y en muchos casos termina en homicidios y desapariciones forzadas.

La criminalización marcada por un carácter selectivo

“Estoy viva no gracias a que tengo medidas cautelares porque éstas ya no funcionan”, dice enérgicamente Lolita Chávez ante un público que de pronto queda enmudecido. Ella es lideresa maya, integrante de la coordinación del Consejo de Pueblos K’iche’s en Guatemala y ha sobrevivido a múltiples ataques. Quizás su nombre no suene mucho en Europa, pero es una de las activistas indígenas más reconocidas de América Latina por proteger y defender los bosques. En reiteradas oportunidades se ha enfrentado a los taladores ilegales que operan con total impunidad en su territorio y ha denunciado intereses económicos entre empresas madereras y el Estado guatemalteco al que incluso le ha interpuesto varias denuncias. La respuesta recibida por parte de particulares y actores estatales ha sido, deslegitimaciones y juicios injustificados.

El pasado 7 de junio un atentado casi acaba con su vida cuando un grupo de sicarios disparó contra el vehículo en el que se encontraba junto a otros dirigentes. “He tenido que salir de mi territorio, tomar una pausa para pensar y reconstituirme”. Hoy, alejada de su país sostiene que su lucha no se basa en tener más propiedades que la oligarquía, sino en preservar las tierras donde yacen enterrados los huesos de sus ancestros y con la valentía que la caracteriza asegura que pronto retornará a su ciudad natal. “Que no le quede duda a los bancos y a las empresas que nos vamos a cuidar, allí seguiremos”.

La estigmatización y vulnerabilización de las defensoras de Derechos Humanos

La violencia contra quienes defienden la tierra parece estar alcanzando límites. En 2016, 281 activistas medioambientales fueron asesinados en todo el mundo, casi el doble que el año anterior. Según la ecofeminista Yayo Herrera, “muchas veces por desafiar a los poderes corporativos patriarcales los cuerpos de las defensoras son utilizados como campos de batalla”. En efecto, las mujeres son violentadas casi de manera mecánica porque se resisten a asumir los “roles que tradicionalmente se les asigna”.

La abogada peruana Mirtha Vásquez lo sabe muy bien. Desde que en 2014 le ganó el juicio a la empresa minera Yanacocha por intentar desalojar a la campesina Máxima Acuña, las amenazas e intimidaciones en su contra no han cesado. Como señala el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la criminalización no es sólo la represión, se trata de algo más complejo: desarrollo de políticas, normas y estrategias que se llegan a institucionalizar. En ese sentido, Vásquez asevera que el poder económico se impone cuestionando las maneras de pensar y de ver la vida, estigmatizando y efectuando campañas sistemáticas de desprestigio. “Si eres de la ciudad y te resistes al supuesto desarrollo te tildan de antiminero, antipatriota y terrorista, pero si eres del campo te llaman india ignorante y prostituta en ambos casos”.

El feminismo comunitario como lucha para salvaguardar la vida

Pero la criminalización no sólo afecta a quienes defienden los Derechos Humanos, sino también a quienes informan. En 2014, Norma Sut Sancir fue detenida por la policía de Guatemala en pleno cumplimiento de su labor de periodista mientras denunciaba la ilegalidad de un desalojo. Ella fue privada de su libertad por casi una semana y acusada de delitos que no correspondían con la realidad de los hechos. “Por ser mujer sufrí racismo, clasismo y discriminación. Injustamente me acusaron de atentado y desorden público, fue muy traumático”. No sólo tuvo que soportar humillaciones policiales, sino además que la traten como una criminal y la tilden de “pseudoperiodista” por pertenecer a un medio comunitario. Aunque denunció lo sucedido en la fiscalía han pasado tres años y su caso sigue en investigación.

La masculinización de la propiedad y de la consulta previa

Para la representante del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, la situación de los defensores en dicho país está en “alerta roja” debido al uso ilegítimo de sistemas penales y formas de acoso judicial que vienen desmantelando el sistema de protección de garantías.

Es importante no perder de vista que quienes participan de movilizaciones sociales en contra de las empresas extractivas no sólo les toca vivir la criminalización por la disidencia y rechazo a un nuevo contrato social. Por lo general, las mujeres sufren desplazamientos territoriales ya que muchas veces son los varones de la comunidad los que toman las decisiones de vender sus territorios a las grandes empresas generando que ellas se queden sin fuente de producción y alimentación que finalmente impactan en su salud y modelo de vida. A esto hay que añadir que en las consultas previas el espacio de participación para las mujeres es muy escaso. De acuerdo a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, “en la consulta del Lote 195, en la etapa del diálogo sólo participó 1 mujer frente a 11 hombres”. Una cifra que refleja la discriminación y sub-representación que enfrentan.

Alianza por la Solidaridad está convencida de que los diálogos de saberes son importantes para entender el escenario sociopolítico que viene constituyéndose. Precisamente, oír los testimonios de valientes defensoras de Derechos Humanos y lideresas comunitarias del hemisferio sur con imaginarios tan distintos a los del norte deja claro que su lucha tiene repercusiones globales y que el intento pernicioso de invisibilizar la criminalización y la violencia de los Estados que operan en aparente “democracia” crea más tensión y conflictos ecoterritoriales.