#right2water: aumento de las privatizaciones y falta de liderazgo por parte de los Estados

En 2013, según datos de NNUU, 768 millones de personas siguen sin tener acceso a fuentes de agua mejoradas y más de 2.500 millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento dignos. El derecho humano al agua y saneamiento, reconocido como tal por Naciones Unidas en 2010, es aún inalcanzable para una parte importante de la población con la que trabajamos, lo que hace que para Alianza por la Solidaridad siga siendo una de nuestras prioridades de trabajo.

En los últimos 15 años, gracias a numerosas intervenciones en países como Guatemala,  Marruecos o Vietnam hemos contribuido a que miles de mujeres y hombres tengan acceso a agua potable. En Centroamérica, por ejemplo, trabajamos desde 2012 para que más de 28.000 mujeres y hombres de Nicaragua, Guatemala y El Salvador tengan acceso a agua potable. Además, para garantizar que los sistemas instalados sean duraderos en el tiempo, apoyamos en la legalización y el fortalecimiento de 73 juntas y comités de agua comunitarios para que a finales de 2014 las poblaciones puedan gestionar de manera participativa los servicios instalados.

Además, seguimos construyendo alianzas para seguir avanzando en el cumplimiento del Derecho Humano al Agua. A finales de 2013, organizamos un encuentro en El Salvador con 36 entidades de la sociedad civil, gobiernos locales, especialistas, consultores y líderes comunitarios de tres continentes para compartir experiencias y consensuar posiciones comunes de cara a la agenda post-2015 con una conclusión clara: los Estados deben ser los garantes del derecho humano al agua y así se lo debemos seguir exigiendo como sociedad civil. En cuanto a la movilización ciudadana, también organizamos en Zaragoza un encuentro de activistas de Alianza por la Solidaridad de las diferentes regiones del territorio español para seguir buscando nuevas formas de participación y movilización que permitan seguir defendiendo el derecho humano al agua. No podemos olvidar que también en nuestro país y en Europa se quieren anteponer los intereses privados por encima de las necesidades básicas de la ciudadanía y contra ello debemos movilizarnos.

En España, el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas, mientras en Europa este porcentaje se reduce al 30% y en el mundo hasta un 10%. A pesar de que en ciudades como Madrid el afán privatizador sobre el agua parece no tener fin, existen numerosas plataformas e iniciativas ciudadanas que siguen movilizándose para conseguir una gestión 100% pública. La presión popular parece cosechar ya algunos éxitos. Recientemente, los ayuntamientos de París y Berlín han decidido que el suministro de agua pase a ser gestionado de nuevo por los consistorios, apartando de la concesión a las empresas privadas. Estas dos ciudades parecen tener claro que, aunque asumir el servicio requiere fuertes inversiones en mantenimiento, a la larga los beneficios para la ciudadanía son mayores con una disminución de las tarifas.

Pero sin duda la gran iniciativa que desde Alianza por la Solidaridad seguimos con gran expectación es la de #right2water, presentada la semana pasada en la UE. Se trata de la primera iniciativa ciudadana europea en la historia de la UE respaldada por 1 millón 800 mil firmas recogidas en los 25 países de la UE para exigir que la Comisión Europea garantice el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano básico y asuma el compromiso legal de que los servicios no serán liberalizados y sea un servicio público esencial para todos. Los europarlamentarios tienen hasta el 20 de marzo para contestar a la ciudadanía y hay división de opiniones: aunque defienden claramente el agua como derecho humano, no hay acuerdo en cuanto a la gestión ¿pública o privada? El agua no puede ser un producto más que dejemos en manos de la iniciativa privada para obtener beneficios a costa de los intereses de la ciudadanía. Esperemos que la UE deje clara su apuesta por los derechos humanos y no ceda ante las presiones de los lobbys empresariales.

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