En Perú, desde hace 90 años, el aborto terapéutico es legal. Sin embargo, durante todos estos años, el Estado peruano ha garantizado que las mujeres puedan acceder a una atención de calidad en los servicios públicos de salud por  la falta de una reglamentación. Esto desencadenó una lucha sostenida de las organizaciones feministas y de mujeres exigiendo la publicación de un protocolo nacional para atención del aborto terapéutico que garantice la vida y salud de las mujeres.

Han sido muchos los casos de mujeres que por falta de atención y de un protocolo han muerto o puesto en riesgo su vida. Tal es el caso de K.L y L.C, adolescentes que sufrieron serias consecuencias para su salud y su vida al negárseles el aborto terapéutico. Estos casos fueron denunciados ante instancias internacionales, logrando dictámenes favorables[1]. Asimismo, el Estado peruano ha sido instado a establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico e impedir que se sigan produciendo violaciones de derechos humanos.

La Guía Nacional aprobada, señala y estandariza los procedimientos que deben seguir las y los médicos para la atención de una mujer que requiera un aborto terapéutico. Con esto se espera garantizar la atención de calidad a las mujeres y  contribuir a la disminución de abortos inseguros y la mortalidad materna en el país.

Desde Alianza por la Solidaridad en Perú,  aplaudimos esta medida adoptada por el Estado peruano en reconocimiento a los derechos de las mujeres, en específico del derecho a la salud y la vida. Esperamos que sea el inicio de la consolidación de políticas a favor de la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos en el país.

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[1]El Comité de derechos humanos y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)han emitido dictámenes en 2005 y 2011 respectivamente, en referencia a casos específicos de adolescentes que fueron negadas del aborto terapéutico (KL y LC respectivamente) los cuales han sido favorables a las adolescentes.