Las personas migrantes exigen junto al Congreso por sus derechos

Alianza por la Solidaridad-ActionAid apoya a los colectivos de migrantes y refugiados que exigen su regularización ya.

ROSA M. TRISTÁN

El abrasador calor del mediodía del viernes 26 de junio no desanimó a decenas de migrantes y tampoco a quienes les apoyan para concentrarse cerca de las puertas del Congreso de los Diputados y gritar lo que algunos no quieren escuchar: hay que regularizar la situación administrativa de unas 600.000 personas extranjeras que hoy no lo están en España y hay que hacerlo con urgencia y sin condiciones para que sus derechos sean reconocidos. “Sólo queremos trabajar, no robar, pero no podemos hacerlo en condiciones dignas si no estamos regularizados y tenemos los permisos”, contaba el senegalés Babacar, que llegó a España en una patera y que lleva dos años malviviendo de trabajos agrícolas en este país.

“La crisis ha golpeado la economía a nivel mundial y sabemos que también ha golpeado en España, pero deben saber que estos meses de atrás hemos trabajado dando de comer a toda España y también a toda Europa desde los campos de Huelva o Almería. Y que allí vivimos en chabolas o en la misma calle, porque no tenemos derechos, pero que también nos enfermamos, como los demás, y no tenemos ayudas”, denunciaba Seydou Diop, jornalero y portavoz de ASNUCI y de #RegularizacionYa.

 

La convocatoria tenía como objetivo presentar públicamente la Proposición No de Ley (PNL) que fue registrada en el Congreso el pasado 19 de junio por iniciativa del movimiento #RegularizacionYa y de la Coordinadora Obrim Fronteras, apoyadas por más de 1.500 asociaciones, organizaciones, colectivos y personas migrantes y antirracistas del Estado español, entre los que se encuentra muy activamente Alianza por la Solidaridad.

Esta PNL tiene el respaldo de Esquerra Republicana, Grupo Confederal Unidas Podemos, Euskal Herria Bildu, la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y el Grupo Parlamentario Plural que conforman Más País, Compromís, Junts Per Catalunya y BNG. “Si en Portugal se ha hecho, ¿por qué no se hace aquí? Nos quedamos fuera de toda protección social”, denunciaban los portavoces de las asociaciones presentes.

Muchas de estas personas han estado en primera línea durante esta crisis sanitaria, proveyendo a la ciudadanía de los cuidados, la alimentación y los servicios que eran imprescindibles, pero sin derechos. Por ello, a las puertas del Parlamento, les salía de muy dentro su “¡Basta! ¡Somos necesarios! ¡Ningún ser humano es ilegal”.

Y no lo son, pero a nivel administrativo más de 600.000 personas que viven en este país no existen, salvo cuando se les precisa de forma temporal. “Queremos ser como los demás. Ni más ni menos”, exigían los presentes. “Si no se me ve la cara mejor, no quiero problemas por estar aquí”, decía una joven de Marruecos, temerosa ante el despliegue policial.

A la convocatoria se sumaron también algunos diputados y diputadas, que votarán a favor de esta PNL que se espera se debata en el Pleno en el mes de septiembre. Serán ellos los que defiendan la petición ante el Gobierno, justo cuando es más necesaria para prevenir algún rebrote de un racismo que sigue ahí, al acecho. “¿Qué está cortada la calle por una manifestación y no podemos pasar? Sólo falta que nos quiten las pensiones”, se indignaba un paseante. “Si nosotros no trabajamos, este señor y muchos otros como él no tendrán fruta en su mesa. Si nosotras no estuviéramos ahí limpiando hospitales y cuidando a ancianos que viven solos en casas, ¿qué habría pasado?”, inquiría Celina, una ecuatoriana que se paró en la protesta cuando regresaba a casa tras limpiar en la mañana tres domicilios de personas mayores. En ninguna de ellas tiene un contrato formal.

Los asistentes pidieron el cierre inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y recordaron a las personas que están en huelga de hambre en el CETI de Melilla desde el 27 de abril “exponiendo sus vidas, a punto de la inanición”, además de solicitar la eliminación del examen que se realiza para determinar si un migrante es menor o mayor de edad, y pedir la reagrupación familiar sin condiciones, ya que las actuales son de difícil cumplimiento, así como permisos para viajar y visitar a la familia en el país de origen.

La iniciativa de la PNL ha supuesto un gran esfuerzo de trabajo en incidencia y movilización dado el contexto actual. Recuerdan que ya en 2005 el Gobierno de Rodríguez-Zapatero hizo una regularización extraordinaria y que lejos de ser perjudicial para la sociedad de acogida, favoreció el crecimiento económico de España. Edith Espínola portavoz de #RegularizacionYa, subrayaba, además, que con esta proposición se trata de ocupar también “un espacio político y por tanto el que se nos reconozca como sujetos políticos a pesar de la negación por parte del Estado debido a nuestra situación administrativa irregular”.

En el texto, se detallan propuestas concretas para poner en marcha un proceso de regularización en una nueva normalidad en la que se remarca que no será nueva si no es en igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas que se encuentran en el territorio español.

 

 

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