Reclamamos al Gobierno la regularización de las personas migrantes para que puedan vivir y trabajar en condiciones dignas. Decenas de organizaciones exigen soluciones urgentes para las personas abandonadas por las instituciones que se han quedado sin alternativa habitacional tras los incendios en asentamientos agrícolas de Nígar y Palos de la Frontera.

Quince días después, aún cerca de un millar de personas migrantes se encuentran en situación de total abandono tras los incendios en los asentamientos en los que vivían en Níjar (Almería), y en Palos de la Frontera (Huelva). Desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid hemos podido comprobar en el terreno la dejación de responsabilidades por parte de las administraciones locales, autonómica y nacional con las víctimas. Estas catástrofes no son accidentales, sino consecuencia de las condiciones de vida de estas personas. Casi todas ellas son trabajadoras y trabajadores temporeros en campañas de recolección agrícola cuyos derechos humanos son vulnerados con impunidad.

Tras el incendio, un millar de personas siguen abandonadas por las instituciones

La organización ha constatado que más de dos semanas después del incendio en el asentamiento chabolista de Atochares, en Níjar, no se ha proporcionado ninguna alternativa de alojamiento a las cientos de personas que han perdido las infraviviendas en las que vivían, ni a quienes las tienen inutilizadas tras el siniestro, al estar hechas con plásticos y cartones. Tampoco han recibido ningún tipo de ayuda oficial.

Nadia Azougagh, colaboradora de Alianza y miembro de la asociación La Resistencia de Almería, denuncia que lo ocurrido no es fortuito: “En 2020 ya hubo tres incendios. Si viven en esas condiciones es por falta de vivienda pública, porque no les alquilan nada al no tener la documentación en regla y porque cobran poco y sin contrato cuando pueden trabajar. En caso de un desastre así, sólo la red social responde ayudando con lo que puede puntualmente, comida o ropa, mientras las administraciones no hacen nada, así que puede volver a repetirse, como ya avisamos en el pasado. Su situación actual es de abandono total por las instituciones públicas”.

Foto de Lucía Muñoz

Dejación absoluta también en Huelva

En el caso de Palos de la Frontera, más de 50 organizaciones sociales, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad, también denuncian  la dejación absoluta por parte del Ayuntamiento para buscar alojamiento a más de 400 víctimas del otro incendio en un asentamiento similar al de Atochares. Siendo uno de los municipios con la renta per cápita más alta de la provincia, sus responsables están manifestando, como indica el comunicado, “una obscena incapacidad para atender a los trabajadores y trabajadoras afectadas, que tanta riqueza dan a la localidad con su trabajo en la recogida de la fresa”. Prueba de esta dejación es la actitud del alcalde de este municipio, que ha llegado a señalar que son migrantes provenientes de Canarias, cuando el asentamiento lleva muchos años en el mismo lugar proporcionando mano de obra a las fincas freseras.

Nos sumamos a la exigencia de medidas urgentes por parte de las administraciones locales implicadas para que pongan a disposición del millar de personas afectadas soluciones habitacionales de emergencia. Además reclama soluciones definitivas mediante ofertas de viviendas sociales para los y las  trabajadoras agrícolas, sea cual sea su situación administrativa, en Andalucía y en el resto de España

Regularización para salvaguardar sus derechos

De forma paralela, reclamamos también la puesta en marcha de un proceso de regularización para las personas migrantes que trabajan en España. España necesita, según datos oficiales, entre 75.000 y 80.000 temporeros al año.

“Es inadmisible que el Gobierno sólo se acuerde de estas personas cuando se pone en evidencia que su fuerza de trabajo es imprescindible como ocurrió en el confinamiento de la pasada primavera. En Italia o Francia si hubo una regularización ante la situación, pero no así en España, donde el Congreso rechazó una Proposición No de Ley en septiembre pasado con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos”,  señala Ana Gómez, responsable de Alianza por la Solidaridad en Andalucía.

Reclamamos cambios en los trámites administrativos, establecidos en la Ley de Extranjería. Es el caso de los informes de arraigo, prácticamente imposibles de conseguir en campañas agrícolas porque se exige un año de contrato. Sin ellos, no se obtiene el permiso de residencia temporal, ni por tanto acceso a contratos o un alquiler. Además, las mujeres migrantes son especialmente vulnerables.

Cambios también en la PAC

A nivel europeo, ActionAid se ha sumado a una carta abierta a las autoridades comunitarias y los europarlamentarios en los que se exige que la nueva Política Agraria Común tenga en cuenta la condicionalidad social. Esta condicionalidad abarcaría diversas áreas como empleo legal, igualdad de trato, remuneración, tiempo de trabajo, salud y seguridad, vivienda, igualdad de género, seguridad social y condiciones justas para todos los trabajadores empleados en la agricultura, incluidos los trabajadores móviles y migrantes.