Denunciamos los dobles raseros en el cumplimiento del derecho al empadronamiento de las personas migrantes. Estos dobles raseros se ejemplifican en el reciente caso de la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, empadronada en un domicilio en el que no ha residido de manera habitual nunca.

Una investigación que hemos llevado a cabo en ayuntamientos andaluces pone de manifiesto que el derecho al empadronamiento, recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, está siendo sistemáticamente incumplido en el caso de las personas migrantes.

Empadronamiento de las personas migrantes

Según la normativa, se debe permitir el padrón “en todo tipo de domicilios, incluyendo infraviviendas como cuevas y chabolas”. En consecuencia, las infraviviendas de poblados chabolistas, como Atochares (Níjar) o Palos de la Frontera, “pueden y deben figurar como domicilios válidos”, según la ley.

Los consistorios donde se ha llevado a cabo la investigación ponen numerosas trabas a quienes quieren realizar este procedimiento. Un procedimiento público y gratuito. Esto conlleva graves consecuencias y el incumplimiento de los derechos de las personas migrantes. Hay una total falta de información adaptada a sus circunstancias y barreras idiomáticas en las oficinas públicas donde se realizan los trámites. Además, se les exige una documentación que no figura en la normativa, o se les obliga a pedir citas previas que no llegan a materializarse.

Además, otros derechos fundamentales se están vulnerando por las trabas y la falta de este documento. Ejemplos: el derecho a votar, solicitar prestaciones sociales, tener atención médica con la tarjeta sanitaria, pedir plaza en escuelas infantiles y solicitar o renovar un DNI y/o pasaporte.

“Nos gustaría que las personas migrantes tuvieran las mismas facilidades que la señora Olona. Sin embargo, con ellas se produce una forma de violencia institucional cuyas víctimas son invisibilizadas al no ser reconocida su existencia”, afirma Ana Gómez, coordinadora de Alianza-ActionAid en Andalucía.

Asimismo, Gómez señala que “la Junta de Andalucía debe presionar a los ayuntamientos para garantizar que cumplen con la normativa existente. ¡Es una competencia local!”. Una demanda realizada también desde otras organizaciones. Cabe señalar que la denegación de este servicio, de forma totalmente discriminatoria, está fomentando un comercio ilegal: las afectadas se ven abocadas a pagar entre 300 y 1.500 euros por el documento del padrón al que tienen derecho.

Campaña por el derecho al empadronamiento

Exigimos a los ayuntamientos de Palos de la Frontera (Huelva) y Níjar (Almería) que cumplan con la ley y permitan el empadronamiento de todas las personas migrantes que residen en estos municipios, independientemente de la titularidad de sus viviendas o sus condiciones físicas. Tenemos en marcha:

• una campaña de recogida de firmas
• la difusión del documental Vecinas, vivas donde vivas, que cuenta esta problemática con la voz de mujeres migrantes que viven en los asentamientos

Nora Elhaimer, joven marroquí que participa en el corto-documental y reside en el asentamiento de San Isidro (Níjar), denuncia que “el empadronamiento es fundamental para todos los migrantes. No nos gusta vivir aquí, bajo plásticos, pero no conseguimos un trabajo continuo y no podemos pagar un alquiler, la luz, el agua… Con papeles, sí encontraremos un trabajo digno para vivir como todos”.

El documental ha sido producido por Entre Fronteras y apoyado con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.