Con motivo del próximo 18 de diciembre, Día de las personas migrantes, desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid pedimos al Gobierno una regularización extraordinaria a las más de 600.000 mil personas en situación irregular que viven y trabajan en el país. Además en una situación tan excepcional como una pandemia, estas personas son uno de los colectivos más golpeados, incrementando así su riesgo de exclusión social.

Pedimos una regularización extraordinaria de personas migrantes

Denunciamos que, tras duras condiciones, las personas migrantes que consiguen llegar a su destino se enfrentan de nuevo a barreras burocráticas y legales “interminables”. Estas condiciones causan un profundo malestar psicológico que deteriora gravemente su salud física y mental. Esto perpetua unos ciclos perversos de exclusión y marginalización social.  Un derecho tan básico como el empadronamiento les es negado en muchos ayuntamientos. Sin ese primer paso, no pueden comenzar el complejo proceso de la regularización. Muchas personas acaban viéndose obligadas a pagar por el empadronamiento y por un contrato de trabajo para regularizar su situación. Esto las expone mucho más a los abusos y chantajes.

Sin esa regularización, las mujeres migrantes se enfrentan a continuas vulneraciones y violencias, ante una falta de reconocimientos de derechos y protección. Explotación laboral, violencias machistas y acoso sexual en el ámbito laboral, racismo social e institucional. Irregularidad administrativa que supone la negación de derechos (sanidad, reagrupación familiar, educación, etc.) y de participación, son solo algunas de ellas.

Hace más de 15 años, en 2005 se produjo la última regularización llevada a cabo por un gobierno español. Un informe reciente de profesores de varias universidades muestra algunos beneficios que supuso esa regularización y señala que no existe “un efecto llamada” puesto que no se incrementó la llegada de inmigrantes extracomunitarios respecto a los de la Unión Europea en 2005.

Documental: Vecinas, vivas donde vivas

Para visibilizar esta situación hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas y la difusión del documental “Vecinas, vivas donde vivas” que cuenta esta problemática en la voz de mujeres migrantes que viven en asentamientos andaluces.

Tal como señala Jara Henar, coordinadora de migraciones y ciudadanía global en Alianza por la Solidaridad-ActionAid “Esto resulta todavía más hiriente si se tiene en cuenta que, ni tan siquiera con la situación extraordinaria producida por la COVID-19, logró aprobarse la regularización para permitir que estas personas pudieran acceder a las diversas ayudas ofrecidas por el Gobierno español. Así, muchas personas migrantes no han podido acceder al Ingreso Mínimo Vital, contribuyendo a aumentar la ya inmensa inseguridad económica, social y habitacional de estas personas”.

Trabas ilegales de los ayuntamientos al empadronamiento

A través de la investigación “Vecinas, vivas donde vivas”, hemos podido enumerar otros derechos fundamentales que están siendo vulnerados. Entre otros, el derecho a votar, solicitar prestaciones sociales, tener atención médica con la tarjeta sanitaria verde en Andalucía. O pedir una plaza en escuelas infantiles y solicitar o renovar un DNI y/o pasaporte, entre otros derechos.

Los consistorios donde se ha llevado a cabo esta investigación ponen numerosas trabas a las personas que quieren realizar este procedimiento público y gratuito. Hemos constatado que hay una total falta de información adaptada a sus circunstancias y barreras idiomáticas en las oficinas públicas donde se realizan los trámites. También que se les exige una documentación que no figura en la normativa. O se les obliga a pedir citas previas que no llegan nunca a materializarse.

En la investigación realizada hemos constatado también una serie de “malas prácticas”. Por ejemplo no entregarles un resguardo que permita hacer seguimiento del proceso o una reclamación; o no permitirles llevarse los papeles impresos a casa. Para que puedan rellenarlos posteriormente en el caso de no conocer muy bien el idioma o no poder hacerlo en ese momento.

En este sentido, exigimos a los ayuntamientos andaluces de Palos de la Frontera (Huelva) y Níjar (Almería), que cumplan con la ley (Ley 39/2015, de 1 de octubre) y permitan el empadronamiento de todas las personas migrantes que residen en estos municipios, independientemente de la titularidad de sus viviendas o sus condiciones físicas.

Para Ana Gómez, coordinadora de Alianza en Andalucía, “La negativa de los ayuntamientos a empadronarles podríamos considerarla como una forma de violencia institucional cuyas víctimas son invisibilizadas al no ser reconocida su existencia”.