La situación de violencia contra mujeres migrantes venezolanas que cruzan la frontera con destino Colombia se ha incrementado durante la pandemia. La crisis política y económica que ha sufrido Venezuela en los últimos años ha tenido como consecuencia la migración de ciudadanos y ciudadanas venezolanas a otros países de la región latinoamericana. Dada la cercanía, un gran número de personas venezolanas ha buscado en Colombia un refugio temporal o permanente. De entre todas las regiones de Colombia, el departamento de Norte de Santander es el territorio donde llega el mayor número de las personas migrantes, y es donde se ve de manera más clara las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que sufren.

1,7 millones de personas migrantes de Venezuela

Se estima que más de 5.5 millones de personas han salido de Venezuela. Si tenemos en cuenta el último informe censal oficial, de 2014, que calcula la población venezolana en 28.9 millones de personas significa que el 19.22 % de la población ha dejado el país en los últimos años. Aproximadamente una de cada cinco. Probablemente, las cifras son aún más graves, pero no se tiene un registro completo. Para finales de 2021, esta cifra podría llegar al 22.17 % de la población, con 6.416.430 personas en el exterior.

A fecha del 31 de enero de 2021, 1.7 millones de personas migrantes venezolanas se encuentran en Colombia. Un 5.5 % de la población y un 31 % del total que ha dejado su país.

Con la Covid-19, las rutas de migración se han complicado. Los pasos fronterizos oficiales han estado cerrados desde marzo de 2020. Pero, los pasos ilegales (trochas) han sido utilizados por las personas migrantes y refugiadas, tanto para salir como para volver. De los siete pasos legales de los cuales dispone Colombia con Venezuela, tres están en Norte de Santander

Violencia contra las mujeres venezolanas que cruzan la frontera

Sin embargo, una vez llegadas a Colombia no lo tienen fácil. Es necesario un Permiso Especial de Permanencia (PEP) para poder trabajar, pero solo un porcentaje dispone de él. Esta situación afecta en mayor medida a las mujeres, que se ven destinadas a la economía informal y un aumento de la violencia contra ellas. Además, los grupos postfarc, que no se desmovilizaron y que están presentes en la región tienen relación directa con la explotación sexual y trata de mujeres, niñas y adolescentes venezolanas.

Norte de Santander ha sido un departamento tradicionalmente afectado por el conflicto armado. Entre 2014 y 2019, se ha incrementado de 7 a 12 los municipios afectados por violencia relacionada con grupos “narcos paramilitares”. Una prueba del impacto de la violencia contras las mujeres es el alto número de víctimas registradas en Norte de Santander. Las mujeres y las niñas sufren en mayor manera sus efectos; son ellas las que se ven afectadas principalmente por el desplazamiento y el feminicidio. El número de víctimas es mayor en las mujeres (61.396) que en los hombres (58.445) en 2020.

Una difícil regularización

Un avance indudable ha sido la firma del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) por parte del Gobierno de Colombia, el cual brinda la posibilidad para que toda persona migrante o solicitante de refugio, que pueda demostrar que se encontraba en Colombia antes del 31 de enero pueda acceder a una regularización. Esto facilita el proceso para conseguir posteriormente una visa de residencia. Y es una oportunidad para eliminar la barrera de irregularidad y para facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

Este proceso es significativo por la reducción de riesgos que supone la violencia de género para las mujeres venezolanas. Sin embargo, es posible que existan barreras en su implementación, que limiten el acceso a las mujeres venezolanas (y a la población migrante en general). Por ejemplo, la dificultad para acceder a la información, la capacidad logística de las autoridades o los recursos financieros para incluir en el sistema a más de dos millones de personas, entre otros.

Plan de Respuesta Humanitaria para la violencia contra las mujeres

En el Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) para 2021, recoge que en el departamento de Norte de Santander durante “el aislamiento preventivo por la COVID-19, este agravamiento en la inseguridad fue mayor en ciertas regiones debido a su ubicación estratégicamente valiosa, donde además se evidenció un aumento sustancial de homicidios colectivos (o masacres). Los departamentos junto a la frontera con Venezuela, y en particular Norte de Santander, han sido particularmente afectados por esta situación”. Se han identificado 1.493.270 millones de personas con necesidades de respuesta urgente y protección relacionada con violencia de género para mujeres, niñas, niños y adolescentes, y población LGBTI, en riesgo de violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia sexual, explotación sexual y tráfico de personas. Así mismo, el agravamiento en la inseguridad y en el aumento de hostilidades por parte de los grupos armados ilegales afecta desproporcionalmente a las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.

En el marco del proyecto “EU Aid Volunteers increasing protection capacities of local communities and organisations in humanitarian contexts-VOL4PRO” que Alianza por la Solidaridad lleva a cabo con la financiación de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA), estamos elaborando un informe para conocer más acerca de la situación de violencia que sufren mujeres migrantes y mujeres desplazadas por el conflicto y las posibles recomendaciones para resolver la situación. Además, en esta iniciativa se prevén acciones para el refuerzo de las capacidades de las organizaciones que llevan a cabo ayuda humanitaria para dar una respuesta de protección en el contexto de crisis humanitarias.