El líder indígena guatemalteco Bernardo Caal ha escrito desde la cárcel una carta, apelando a diversas instituciones internacionales –la Organización de Estados Americanos, la ONU, la UE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- en las que les solicita que “se pronuncien sobre la violación de derechos humanos de miles de niños, niñas, hombres y mujeres del pueblo maya q’eqchi’’ ante el despojo del derecho al agua del río Cahabón y sobre la prisión preventiva que ya he cumplido 1.250 días tan solo para amedrentar a los pueblos indígenas para el despojo del río” durante la construcción de una hidroeléctrica en la región de Alta Verapaz.

Esperamos que las mencionadas instituciones internacionales reciban la carta y apoyen la solicitud de liberación inmediata e incondicional de Bernardo Caal Xol realizada por el defensor, y por numerosas organizaciones nacionales e internacionales.

Bernado Caal, 1.250 días encarcelado sin pruebas

El caso de Bernardo Caal se remonta a 2015, cuando puso la primera denuncia contra el complejo hidroeléctrico sobre el río Oxec, afluente del río Cahabón, en territorio indígena por vulnerar el derecho de consulta a los pueblos indígenas, denuncia a la que seguiría otra por apropiación y tala de un bosque. Asimismo, el docente y activista se implicó en la denuncia contra la hidroeléctrica Renace, obra subcontratada al grupo español Cobra (ACS) que fue investigada por Alianza por la Solidaridad-ActionAid. La investigación denunciaba el incumplimiento de los derechos humanos y ambientales de 29.000 indígenas mayas, a quienes se les ‘secuestró’ el río Cahabón.

Coincidiendo con estas denuncias y en medio de una campaña de descrédito contra su persona, trabajadores de una empresa subsidiaria de OXEC acusaron a Caal de delitos de robo y retención de trabajadores de la hidroeléctrica, por lo que fue condenado en enero de 2018 a 7 años y cuatro meses de prisión. Hasta ahora, la empresa OXEC no ha cumplido con los requerimientos judiciales de realizar una consulta y continúa con su actividad. Sin embargo, el líder indígena está preso en base a indicios débiles, y ha tardado dos años y medio en conseguir que su recurso llegara a sala de apelaciones de Alta Verapaz. Ahora, la decisión puede tardar dos meses en llegar.

Edgar de León, uno de sus abogados, recuerda que “a nivel procesal, con jueces independientes, Bernardo nunca debiera haber estado ligado a un proceso penal.  Pero el problema en Guatemala es que no estamos en esa situación y todo puede pasar”. Si finalmente no fuera considerada su apelación, señala que podría llevarse su caso a la Corte Constitucional del país, pero todo ello supone invertir unos recursos económicos de los que su familia no dispone.

¿Empresas impunes?

El caso de Bernardo Caal es un claro ejemplo de las dificultades de los pueblos indígenas y sus líderes para denunciar a empresas nacionales y extranjeras que vulneran sus derechos y destruyen sus recursos naturales en países donde ni sus gobiernos ni su judicatura se los garantizan, enfrentándose así a las presiones de poderosas compañías.

Miles de defensores como Caal Xol, reconocido como preso político por Amnistía Internacional, son criminalizados, cuando no asesinados y acosados para que dejen su actividad bajo la excusa de que entorpecen el desarrollo:

“En mi caso, tan sólo quieren amedrentar a los pueblos indígenas para quedarse con el río Cahabón y llevarse la energía que generen fuera del país, porque las comunidades que hay junto a sus orillas no reciben nada”, asegura Bernardo desde prisión.

Una Ley de debida diligencia

Alianza por la Solidaridad-Action Aid, junto con otras organizaciones y entidades españolas, ha puesto en marcha la Plataforma Empresas Responsables para exigir en España una Ley de Debida Diligencia que recoja cinco puntos fundamentales:

1. Obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia con los derechos humanos y ambientales.
2. Un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación.
3. En los que se ha producido vulneración de los derechos, debe asegurarse el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.
4. Se designará una autoridad pública independiente, que rendirá cuentas y estará dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal.
5. Obligación de las empresas de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado.

La Plataforma, apoyada por más de 500 organizaciones y entidades, está abierta a más adhesiones a su manifiesto, a través de la web.