propuesta sobre debida diligencia

Graves carencias en la propuesta europea sobre debida diligencia empresarial

Desde la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), de la que formamos parte, reconocemos que la propuesta de la Comisión Europea de debida diligencia empresarial en derechos humanos y medioambiente  significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, pero advertimos de que sufre de importantes carencias y excepciones que pueden socavar su finalidad.

Graves carencias en la propuesta europea sobre debida diligencia empresarial

La PER hacemos nuestras las palabras expresadas por Claudia Saller, directora de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ, red europea con la que la PER trabaja para alcanzar una normativa rigurosa en esta materia), al afirmar que “las empresas están cada vez más presionadas para tomar en serio sus responsabilidades sociales y medioambientales. Pero muchas se esconden tras complejas cadenas de suministro para evitar la responsabilidad y esquivar cuestiones complejas. La propuesta de la Comisión es la primera iniciativa de este tipo de la Unión Europea. Eso en sí mismo ya es pionero, pero no consigue responder a lo que se esperaba de ella”.

El borrador propone que las empresas de la UE que cuentan con más de 500 empleados y una facturación de 150 millones de euros estén obligadas a establecer medidas específicas. Medidas que eviten los abusos de derechos humanos y medioambientales a lo largo de sus cadenas de suministro por medio de la llamada “debida diligencia”. El borrador propone que se aplique a empresas con más de 250 empleados y una facturación de 40 millones de euros; mientras que las PYME quedarían exentas. Esto afectaría a los sectores con un mayor riesgo de explotación, como son el agrícola y la industria de la moda. Las empresas de países no pertenecientes a la UE que operan en el mercado único y que sobrepasen estos umbrales sí estarían incluidas.

Esto implica que la propuesta de legislación afectaría a menos del 0,2 % de las empresas de la Unión Europea. Esta restricción tan dramática implica que la propuesta ignora de forma deliberada muchas operaciones comerciales dañinas. Debido a que el tamaño de la plantilla y la facturación anual no son indicadores fiables del impacto de una empresa en las vidas de trabajadores y comunidades en todo el mundo.

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Riesgos de la propuesta de la Directiva

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, las empresas podrían responsabilizarse de los daños cometidos por sus subsidiarias, subcontratistas y/o proveedores dentro o fuera de su frontera; y las víctimas de estas vulneraciones de derechos podrían presentar denuncias ante juzgados de la Unión Europea. Esto es un paso importante que instaura el derecho al remedio para personas víctimas de malas prácticas corporativas.

Sin embargo, hay una laguna peligrosa que pone en riesgo la eficacia de la ley a la hora de evitar daños más allá del primer eslabón de la cadena de suministro y que podría impedir que las víctimas puedan hacer responsables a las empresas. El borrador abre la posibilidad a que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones añadiendo ciertas cláusulas en sus contratos con suministradores, transfiriendo el proceso de verificación a terceras partes. Las empresas no deberían poder trasladar sus responsabilidades a sus suministradores, o eludir las consecuencias del daño participando en planes sectoriales de naturaleza voluntaria.

El borrador tampoco hace nada para eliminar las importantes barreras legales que impiden a las víctimas llevar ante la justicia los casos de abusos empresariales que se producen fuera de suelo europeo. Debido, entre otras razones, a los elevados costes, la brevedad del plazo de prescripción, el acceso limitado a las pruebas, la limitada capacidad legal y una carga de la prueba desproporcionada.

La propuesta incluye otros elementos importantes. Como, por ejemplo, el establecimiento de nuevas autoridades supervisoras en estados miembros de la UE para emitir órdenes e imponer sanciones disuasorias. A la hora de acudir a concursos públicos, las empresas tendrán que probar que no han sido sancionadas por incumplimientos de debida diligencia.

Respeto por los derechos humanos y medioambientales

La Comisión quiere que las empresas adopten un plan de transición climática en línea con el objetivo del Acuerdo de París de 1,5 grados. Sin embargo, la propuesta no prevé consecuencias específicas por los incumplimientos de esta obligación, con el riesgo de que sea ineficaz.

Los directivos de las empresas tendrán que incorporar los derechos humanos, el medioambiente y el clima en sus decisiones y supervisar las actuaciones de debida diligencia.

Más de medio millón de ciudadanos y 700 grupos de la sociedad civil y sindicatos pidieron a la Unión Europea una ley que eliminase de una vez por todas el trabajo forzoso. La Comisión ha escuchado, pero no lo suficiente. Podríamos encontrarnos en un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad corporativa; pero antes es necesario resolver las importantes brechas de las que adolece actualmente la propuesta.

El Gobierno de España es el primer interesado en que se apruebe cuanto antes una ley de debida diligencia en nuestro país, siguiendo el ejemplo de Alemania, Francia, Noruega y, próximamente, de Holanda y Finlandia. España tiene la oportunidad de liderar, junto a esos países, el proceso de discusión de la directiva; sobre todo, considerando que en 2023 asumiremos la Presidencia de la Unión Europea. Si se aprueba una ley de debida diligencia en España, vamos a estar mejor posicionados para liderar desde la experiencia el proceso de la Directiva en Europa”, afirma Isabel Tamarit, portavoz de la PER.

La propuesta de la Comisión será sujeta a enmiendas y a la aprobación por parte del Parlamento Europeo y los gobiernos a lo largo de los meses y años venideros.

“Las empresas españolas que proveen productos y servicios a las grandes empresas francesas y alemanas ya tienen que desarrollar su actividad con la debida diligencia en derechos humanos y ambientales”, añade Tamarit.

Una propuesta ciega al género

La investigación de ActionAid muestra cómo las violaciones de los derechos humanos y el daño ambiental causado por las actividades corporativas están lejos de ser neutrales en cuanto al género, ya que las mujeres enfrentan salarios más bajos, aumento de la violencia de género, abuso y acoso en el trabajo. La ley no reconoce cómo las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por los abusos de sus derechos en las cadenas de suministro mundiales.

Este proyecto de ley es crucial. Hace mucho tiempo que se reconoce la necesidad de abordar los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente en las cadenas de suministro mundiales. Pero la Comisión Europea falla con esta propuesta ciega al género.  No abordar las violaciones de los derechos humanos a través de una perspectiva de género evitará que tengan un impacto real en el Sur Global, donde las mujeres y las comunidades son las más afectadas por los abusos y las actividades dañinas de las multinacionales.  A medida que la propuesta avanza en el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, esta evidente brecha debe abordarse para que las mujeres y los más marginados no se queden atrás”, declaró Ana Alcalde, directora de políticas y programas de ActionAid International.

Con una Ley de Debida diligencia, todo esto no ocurriría y se contaría con una mayor protección de los derechos humanos y medioambientales por parte de las grandes empresas.

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