¿Es posible hablar de sostenibilidad corporativa sin incluir a quienes enfrentan los mayores riesgos y desigualdades? Si la Directiva Europea de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa busca que toda actividad empresarial cumpla con su deber de respetar los derechos humanos y el medio ambiente, es imprescindible poner en el centro a las mujeres y sus realidades específicas. Solo así se garantizará una verdadera buena conducta empresarial que sea justa, inclusiva y transformadora.

Hacia una transposición inclusiva: incorporando la perspectiva de género en la directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad

En este contexto, el webinar organizado por ActionAid el pasado 20 de noviembre buscaba destacar los retos y oportunidades para fortalecer la igualdad de género durante la trasposición de esta normativa a nivel nacional. Este evento online se basó en el informe “Hacia una transposición con perspectiva de género de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad” que ofrece claves para garantizar que la perspectiva de género sea un elemento central en este proceso.

La directiva, que se aprobó en 2024 y debe trasponerse en la legislación nacional en los próximos dos años, busca que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los riesgos en derechos humanos y medioambiente causados a los colectivos de toda su cadena de suministro. Sin embargo, la dimensión de género plantea desafíos específicos que exigen un enfoque claro para proteger los derechos de las mujeres, en particular las más vulnerables.

El rol de las instituciones públicas en la trasposición de la directiva

La trasposición a la legislación nacional debe atender a las necesidades específicas para rendir cuentas de una manera más justa a los colectivos más vulnerables. Aicha Belassir, representante del Ministerio de Trabajo y Economía social de España, subrayó el impacto de la directiva en la promoción de la igualdad de género, señalando la precariedad laboral de las mujeres y la necesidad de abordar los estereotipos de género en el ámbito económico. “La directiva obliga a las empresas a establecer medidas contra la violencia de género y desarrollar mecanismos de reparación efectivos”, afirmó Belassir, quien también destacó las actuales iniciativas del Ministerio para fomentar la conciliación y la equiparación de permisos parentales.

Impactos sociales y económicos en las comunidades afectadas del sur global

El enfoque de género y de derechos humanos se debe incorporar en la transposición de la directiva europea en los gobiernos nacionales. En esta línea, Enrique Fernández-Maldonado, de Perú EQUIDAD (Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos) recordó el caso del derrame de petróleo de Repsol en Perú, un ejemplo claro de cómo las comunidades y, en especial, las mujeres, sufren de manera desproporcionada los impactos sociales, económicos y ambientales. «Las mujeres estuvieron invisibilizadas en las relaciones de diálogo y representación,» afirmó, subrayando que su papel clave en la pesca artesanal y el comercio fue ignorado en los procesos de diálogo para la compensación de los daños, liderados exclusivamente por hombres. Esto agravó su situación laboral y alimentaria, dejándolas expuestas al subempleo y a una mayor inseguridad alimentaria, viéndose afectado a su vez los más pequeños del hogar. Además, las mujeres enfrentaron problemas de salud física y mental debido a la doble carga laboral y la exposición a metales pesados, lo que, según Fernández-Maldonado, «incrementa preocupantemente el riesgo de cáncer de mama y útero.»

En la misma línea, Ume Laila Azhar, directora ejecutiva de HomeNet Pakistán, señaló cómo las trabajadoras a domicilio en Pakistán, esenciales en las cadenas de suministro globales de moda y textil, enfrentan salarios bajos, inseguridad laboral y exclusión de normativas de prevención de riesgos. Aunque la directiva europea promete un reconocimiento de estas trabajadoras, Azhar insistió que “es el momento de que las marcas asuman la responsabilidad por estas trabajadoras invisibilizadas”. A pesar de ejercer un rol clave en la cadena de suministro, las mujeres que trabajan desde sus hogares no tienen garantizados los derechos laborales y se ven expuestas a una vulnerabilidad social y económica.

Los ponentes insistían en que «las medidas de compensación deben ir más allá de lo económico,» reclamando la participación activa de las mujeres en los procesos de reparación y toma de decisiones. La exclusión sistemática que sufrieron refleja, según Fernández-Maldonado, las fallas estructurales en la responsabilidad corporativa.

La urgencia de una perspectiva de género en la diligencia debida

Durante el evento se subrayó que cualquier normativa de diligencia debida debe ser exhaustiva y específica para abordar los impactos diferenciados en función del género. Siguiendo las palabras de Anna Hengeveld, asesora de ActionAid Países Bajos, «los acuerdos son neutros en cuanto al género», y si no se estudian los abusos de manera específica, es  muy complicado que las políticas resultantes logren abordar las desigualdades y los riesgos particulares que enfrentan las mujeres.

Anna Hengeveld recordó que el primer borrador de la directiva no incluía ninguna perspectiva de género, pero gracias a las enmiendas recientes se ha alcanzado «un balance más equilibrado.» No obstante, advirtió que sectores clave como el financiero o los proyectos de explotación agrícola, que tienen un gran impacto sobre las mujeres, siguen estando fuera del alcance de la normativa actual. Para Hengeveld, incorporar estas dimensiones es esencial si se pretende que la directiva cumpla con su objetivo de proteger los derechos humanos de manera integral y efectiva.

La responsabilidad de los estados nacionales

En los próximos meses, la Directiva de la UE continuará avanzando hacia su implementación. Los Estados Miembros están trabajando para adaptarla a sus respectivas legislaciones nacional. En esta línea, la senadora irlandesa Alice Mary Higgins enfatizó la responsabilidad crucial de los estados nacionales en garantizar una implementación efectiva y justa de la directiva. Siguiendo sus palabras, las empresas no deben interpretar libremente las normativas. Los estados nacionales deben liderar la trasposición, asegurándose de que las empresas matrices asuman la responsabilidad completa de sus cadenas de valor.” Para Higgins, los estados no pueden permanecer al margen, sino que deben establecer mecanismos claros que eviten interpretaciones laxas por parte de las corporaciones.

Además, la senadora destacó que las partes afectadas por las normativas, en especial aquellas más vulnerables, deben ser el centro de las conversaciones. “Las personas afectadas por la normativa y su fracaso son quienes deberían ser las partes implicadas,” insistió, aludiendo a la necesidad de que todas las partes de la cadena de valor, incluidas las comunidades locales y los trabajadores, tengan representación efectiva en los procesos de consulta.

La implementación de la CSDDD representa una oportunidad única para incorporar de manera integral la perspectiva de género en las legislaciones nacionales, garantizando además de la sostenibilidad, una justicia social real.