Debido a la intensificación del conflicto en la zona, las amenazas a líderes y organizaciones comunitarias y las violaciones de Derechos Humanos y del Derechos Humanitario Internacional, Buenaventura es el municipio con las cifras históricas más altas en cuanto a desplazamiento intraurbano a nivel nacional, con un 32,7% del total en Colombia. Además presenta el mayor índice histórico de expulsión del país, con 2,3% del total nacional.

El desplazamiento forzoso, hace que las tensiones en los barrios de acogida crezcan. La llegada de habitantes de otros barrios puede aumentar el riesgo para la población civil, ya que las familias que acogen a las personas desplazadas pueden estar bajo la presión de los actores armados. A esto se une el establecimiento de las llamadas “fronteras invisibles” impuestas por los Grupos Postdesmovilización (GAPD) que restringen la movilidad a los habitantes de los barrios afectados y el acceso a servicios básicos; lo que supone que bajen los índices de asistencia escolar, e impide el desarrollo de actividades cotidianas, especialmente la pesca, principal actividad productiva de esta población.

Todo esto evidencia la urgencia de poner en marcha un plan de contingencia por parte de las autoridades locales y nacionales ante emergencias de esta magnitud, recurrentes en Buenaventura. Y especialmente el establecimiento de mecanismos de protección específicos para las personas más vulnerables como mujeres, niños/as, discapacitadas y mayores, y el enfoque étnico de la atención. Medidas que han sido solicitadas en reiteradas ocasiones por la propia Corte Constitucional.

Cansados de esta situación, los y las Bonaverenses, las organizaciones sociales, entidades, gremios participaron en la marcha “Entierro de la violencia en Buenaventura: para vivir con dignidad” a la cual asistieron miles de personas. Ojala esta marcha sea el inicio del despertar de la sociedad en su conjunto.

Alianza por la Solidaridad trabaja desde el año 2001 en el Departamento del Valle del Cauca en el Municipio de Buenaventura, para dar respuesta a los efectos que la crisis humanitaria causada por el conflicto armado tiene sobre la población, y que se ve agravada por los enormes vacíos en la cobertura de sus necesidades humanitarias y de protección de las personas y comunidades. Así desarrollamos proyectos enfocadas a que las personas desplazadas puedan tener acceso a vivienda, agua y saneamiento o a medios para ganarse la vida.

Buenaventura, entre el desarrollo económico y el desarrollo humano

Buenaventura se ubica en el departamento del Valle del Cauca, es el municipio de mayor extensión del departamento y es considerada el puerto marítimo más importante de Colombia. A pesar de esta importancia estratégica, el 80,6% de sus 400.000 habitantes viven en condiciones de pobreza; y el 43,5% viven en condiciones de indigencia. La ciudad tiene un índice estimado de desempleo del 29%, y de subempleo del 35% además de unos precarios índices de cobertura en educación y servicios públicos.

La región está en el punto de mira de inversionistas con el planteamiento de 4 importantes proyectos: el ferrocarril transandino, un malecón que posibilite su renovación urbana, un puerto minero y una plataforma logística mejor que la chilena, financiables a través de las asociaciones público-privada. Por otro lado, el distrito de Buenaventura históricamente ha sido escenario de diferentes conflictos sociales, de confrontación y disputa territorial de los diversos actores armados del conflicto colombiano, debido a que se encuentra ubicado en una zona que sirve de corredor estratégico hacia el Pacífico para el cultivo, producción y tráfico de estupefacientes, de armas y la minería ilegal entre otros.

En coordinación con Ministerio Público, la comunidad e instituciones locales, las organizaciones del Equipo Humanitario Local (EHL) Valle del Cauca / Cauca y del Comité Interinstitucional Humanitario (CIH) de Buenaventura y Alianza por la Solidaridad hacen seguimiento a la situación y realizan acciones de incidencia ante las autoridades locales y nacionales responsables para visibilizar la situación y contribuir a proteger los derechos de las personas más vulnerables.

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