Florentino Pérez: no destruyas el río de los indígenas quekchí en Guatemala

Más de 29.000 indígenas quekchí en Alta Verapaz (Guatemala) siguen viendo cada día cómo el Río Cahabón, junto al que viven, está perdiendo peligrosamente su caudal a causa de la construcción del complejo hidroeléctrico Renace.


Después de 16 meses de campaña, Alianza por la Solidaridad entregó 25.552 firmas en la sede del Grupo ACS, presidida por Florentino Pérez. Con estas firmas, miles de personas en todo el mundo pedían la suspensión de la participación del Grupo Cobra-ACS en Renace IV y Renace V hasta que no se consulte a la población indígena, según se establece en la legislación internacional asumida por Guatemala, y no se realice una evaluación exhaustiva sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de la totalidad del complejo hidroeléctrico Renace.

Estos hechos han sido denunciados por Alianza por la Solidaridad ante el Pacto Mundial, donde ACS forma parte desde 2002 y que le compromete a respetar los Derechos Humanos y el medioambiente. Sin embargo, el Grupo ACS-Cobra no ha respetado los principios de conducta a los que se comprometió con su adhesión ni su propia política de responsabilidad corporativa.

Además, en noviembre, estos hechos han llegado al Parlamento Europeo, en el cual se ha denunciado a Florentino Pérez ante la Comisión Europea por hacer desaparecer un río en Guatemala, como una “violación de las cláusulas de protección medioambiental contenidas en el Acuerdo marco entre la Unión Europea y Centroamérica”

La recepción de las firmas el pasado 2 noviembre es un primer paso. Sin embargo, necesitamos recordar a Florentino Pérez que los negocios no pueden ir en contra de los derechos ni de los recursos naturales.

Sin Consulta y sin evaluación ambiental de todo el proyecto

La consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en relación a la explotación de los recursos naturales en su territorio es una exigencia que establece Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, en vigor en Guatemala desde el año 1996.

Si bien la primera autorización definitiva para utilizar los bienes de dominio público para este proyecto tuvo lugar en año 2004, hasta el momento no se ha consultado a los pueblos indígenas. Estos hechos suponen una vulneración de la legislación internacional y nacional.

Aunque se ha realizado estudios parciales de cada una de las cinco fases para obtener los preceptivos permisos, no se ha llevado a cabo un estudio de todo el complejo hidroeléctrico que tenga en cuenta los impactos acumulativos del proyecto completo que actualmente está acaparando 30 kilómetros del río Cahabón e impide a las comunidades circundantes acceder y hacer uso del agua necesaria para vivir.

Difamaciones y amenazas

Las comunidades y las organizaciones que se han opuesto al proyecto están siendo amenazadas, difamadas y criminalizadas por manifestarse e intentar hacerse oír de manera pacífica. Bernardo Caal, uno de los líderes quekchí, ha vivido directamente esta situación, permaneciendo oculto durante más de cuatro meses tras recibir una orden de búsqueda y captura por su oposición.

Lee el informe completo

Firma para que ACS se comprometa con los derechos humanos y los recursos naturales


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