Florentino Pérez: no destruyas el río de los indígenas quekchí en Guatemala
Después de 16 meses de campaña, el 2 de noviembre de 2017, Alianza por la Solidaridad entregó 25.552 firmas en la sede del Grupo ACS, presidida por Florentino Pérez. Con estas firmas, miles de personas en todo el mundo pedían la suspensión de la participación del Grupo Cobra-ACS en Renace IV y Renace V hasta que no se consulte a la población indígena, según se establece en la legislación internacional asumida por Guatemala, y no se realice una evaluación exhaustiva sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de la totalidad del complejo hidroeléctrico Renace.
Estos hechos han sido denunciados ante diversas instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Pacto Mundial, entidad de la que ACS forma parte y que le compromete a respetar los Derechos Humanos y el medioambiente; Punto Nacional de Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE español establecido en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para favorecer la eficacia de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales en relación a la conducta empresarial responsable; Parlamento Europeo, en el cual se ha denunciado a Florentino Pérez ante la Comisión Europea por hacer desaparecer un río en Guatemala, como una “violación de las cláusulas de protección medioambiental contenidas en el Acuerdo marco entre la Unión Europea y Centroamérica”; el Foro de Davos; el Parlamento y el Senado español.
Ante esta presión, el Grupo ACS-Cobra se excusa que, al ser subcontratista, las cuestiones de derechos humanos en este proyecto no les compete.
Sin embargo, esto no es así. Tal y como expone el numeral 14 de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el principio de la debida diligencia en el respeto de los derechos humanos se extiende a todas las empresas, no diferenciando entre las empresas financiadoras o empresas participantes (contratistas y subcontratistas).
Por tanto, la participación del Grupo ACS en la realización de las obras de RENACE hace que dicha empresa sea cómplice de las vulneraciones que se están cometiendo.
La recepción de las firmas el pasado 2 noviembre es un primer paso. Sin embargo, necesitamos seguir recordando a Florentino Pérez que los negocios no pueden ir en contra de los derechos ni de los recursos naturales.
Seguimos recogiendo firmas nuevas para que el grupo ACS-Cobra sea responsable con los derechos humanos.
Sin Consulta y sin evaluación ambiental de todo el proyecto
La consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en relación a la explotación de los recursos naturales en su territorio es una exigencia que establece Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, en vigor en Guatemala desde el año 1996.
Si bien la primera autorización definitiva para utilizar los bienes de dominio público para este proyecto tuvo lugar en año 2004, hasta el momento no se ha consultado a los pueblos indígenas. Estos hechos suponen una vulneración de la legislación internacional y nacional.
Aunque se ha realizado estudios parciales de cada una de las cinco fases para obtener los preceptivos permisos, no se ha llevado a cabo un estudio de todo el complejo hidroeléctrico que tenga en cuenta los impactos acumulativos del proyecto completo que actualmente está acaparando 30 kilómetros del río Cahabón e impide a las comunidades circundantes acceder y hacer uso del agua necesaria para vivir.
Difamaciones y amenazas
Las comunidades y las organizaciones que se han opuesto al proyecto están siendo amenazadas, difamadas y criminalizadas por manifestarse e intentar hacerse oír de manera pacífica. Bernardo Caal, uno de los líderes quekchí, vive directamente esta situación, estando encarcelado por defender el río Cahabón frente a los megraproyectos hidroeléctricos desde el pasado 31 de enero de 2018.
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