Bernardo Caal: encarcelado por defender el medio ambiente

Actualización: 25 de noviembre de 2019

Bernardo Caal, líder indígena q’eqchi’, fue encarcelado en Cobán, Guatemala, por denunciar ilegalidades en el otorgamiento de licencias ambientales y concesiones para la construcción de megaproyectos hidroeléctricos como OXEC y RENACE, este último construido en varias de sus fases por el grupo Cobra (empresa de Florentino Pérez). Este proyecto ha colapsado el cauce del río Cahabón en casi 30 kilómetros, afectando a 29.000 indígenas.

Para la población indígena, los ríos son sagrados y su vida comunitaria se articula en torno a ellos. Bernardo ha denunciado reiteradamente la falta de consulta previa a la población y el impacto ambiental sobre el río Cahabón.

“Si la hidroeléctrica se hubiese creado para dar luz a todos los guatemaltecos, si pagásemos un precio simbólico, si hubiesen consultado, quizás podría aceptarse. Pero mira el ejemplo de Chixoy”, dice, haciendo referencia a la mayor planta construida en Guatemala. Esta se construyó en 1982 y no fue hasta 2014 que cinco mil habitantes del área de influencia recibieron luz eléctrica.

Y es por reclamar este derecho que Bernardo Caal fue apresado (se le atribuyeron delitos de robo agravado y retención ilegal) y confinado en el centro preventivo para hombres de Cobán Alta Verapaz, en condiciones infrahumanas y considerado uno de los centros carcelarios más peligrosos del país.

¿Quién es Bernardo Caal Xol?

El maestro que se enfrentó a las Hidroeléctricas OXEC y RENACE.

Caal Xol es un líder comunitario maya q’eqchi de 46 años. Nacido en 1972 en Sepos Semococh, una aldea del municipio de Santa María Cahabón en condiciones de miseria, pero gracias a la gran tenacidad que le caracteriza realizó estudios de magisterio, convirtiéndose en profesor en su propia aldea.

Para él la defensa de los derechos humanos y la naturaleza es su forma de vivir, no busca ningún tipo de protagonismo.

Casi dos años encarcelado y continúa la lucha…

Defender derechos no es delito y por ello el Ministerio Público ha seguido adelante con la acusación de robo agravado y retención ilegal para mantenerle en prisión. El pasado año fue sentenciado a más de 7 años de prisión por estos delitos que no ha cometido.

Todo el proceso está lleno de irregularidades. Los magistrados titulares que no se presentaban nunca a las citas para audiencias, han empezado a nombrar suplentes que se excusan para no tener que conocer el caso.

Un complejo entramado judicial que coloca a Caal en una situación de clara indefensión jurídica y que nadie está interesado en revertir.

Caal Xol lo tiene claro: “soy un preso político que se encuentra en esta situación por denunciar el secuestro de los ríos, por declarar que los están matando, por dar a conocer el saqueo del territorio del pueblo Q’eqchi”.

El sistema judicial de Guatemala deja muy claro cuáles son las consecuencias para aquellos que se atrevan a defender derechos en contra de los intereses políticos y económicos.

¿Qué pedimos?

En Alianza por la Solidaridad, Greenpeace España junto con Derechos a la Tierra Ya pensamos que defender los derechos de las personas y los bienes naturales no es un delito y Bernardo Caal no debería estar pagando con años de vida y con su integridad física (está confinado en una de las prisiones más peligrosas del país guatemalteco) por denunciarlo.

Ayúdanos a proteger a las personas valientes, hombres y mujeres de todo el mundo que asumen riesgos enormes para defender nuestros derechos.

Queremos que la Embajada de Guatemala en España solicite a su estado la libertad del líder indígena y adopte medidas urgentes que protejan a los defensores de derechos humanos frente a los ataques y amenazas a los que se enfrentan por defender la tierra, el agua y el medio ambiente.

¡Ayúdanos a proteger a las personas valientes!

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#LibertadParaBernardo #standwithdefenders #EstoyConQuienesDefienden

*El caso de Bernardo Caal no es una excepción en el país centroamericano. La Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha contabilizado 328 agresiones y delitos contra activistas a favor de los derechos humanos entre enero y octubre de 2017. La cifra total incluye 52 asesinatos (45 de ellos a mujeres), 72 agresiones contra activistas en defensa de los pueblos indígenas y el territorio; 131 agresiones contra mujeres y 30 a periodistas. Asimismo, organizaciones populares y de derechos humanos presentaron en marzo de 2017 un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión a comunidades que rechazan las grandes hidroeléctricas en Guatemala; el informe da cuenta de 103 órdenes de captura, 56 heridos, 36 encarcelamientos, 25 detenciones, 16 procesos de criminalización, 15 amenazas y 11 asesinatos

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