Esta historia se ubica en La Puya, Guatemala, una zona de conflicto en la que el agua es defendida por la población de sus comunidades, arriesgando incluso sus vidas con tal de mantener su preciado oro azul. Nos la contó Álvaro Sandoval, miembro de la Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya, en su visita a Madrid. Y como ha pasado un poco desapercibido, creemos que es bueno difundirla. Porque es posible que su historia se repita, y pronto, en España.

Sandoval pasó por España para compartir una historia de lucha y ambición que está viviendo en su Guatemala natal por un conflicto que comenzó un 2 de marzo de 2012, cuando las comunidades hicieron frente al avance de un proyecto minero que cambiaría sus vidas para siempre.

Entonces, una mujer se plantó delante de las máquinas desafiando con su vida el avasallamiento que pretendía realizar la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), subsidiaria de la canadiense Radius Explorations Ltd. Este fue el inicio de un proceso de resistencia no violenta de unas comunidades que por más de dos años vigilan 24 horas al día los accesos a sus tierras.

Según nos cuenta Sandoval, «a día de hoy la policía tiene entre 6 y 8 patrullas que a diario custodian la entrada a la mina”, para que así la empresa pueda avanzar en su intención de extracción de oro. Nos dice que las comunidades se mantienen firmes, y dicen: “Mi tierra no se vende”.

En este contexto, las personas que defienden los derechos humanos están sufriendo ataques e intimidación. En 2003 UDEFEGUA, organización especializada en la defensa de Derechos Humanos, registró un total de 657 casos de agresión contra defensores y defensoras en el país. Guatemala fue uno de los seis países que más denuncias recibió la relatoría de la ONU, de las cuales la tercera parte se refieren a denuncias de asesinatos y de tentativas de asesinato. Con frecuencia los defensores reciben amenazas de muerte que luego son seguidas de atentados.

Sandoval nos avisa que lo que vemos lejano puede suceder en nuestra tierra. De hecho, en España la ciudadanía empieza a movilizarse ante la entrada del fracking en el territorio español o la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en inglés. De momento cientos de municipios se han declarado libres de fracking y muchas Comunidades Autónomas se enfrentan al Gobierno por esta técnica que podría contaminar los acuíferos subterráneos. Porque aquí también empezamos a asumir que el agua es un derecho que hay que defender.

Derecho a la consulta previa a la explotación

Según se resalta en el informe de Amnistía Internacional “La minería en Guatemala: Derechos en peligro”, las comunidades deben disponer de información completa y objetiva, facilitada de forma clara y culturalmente adecuada. Marta Mendiola, responsable DESC de Amnistía Internacional España, nos aclara que en Guatemala existe un clima de impunidad importante, y que no se cumple con las obligaciones de consulta a las comunidades previa a la concesión de una explotación.

En 2011, las poblaciones de La Puya tuvieron conocimiento de los intereses de la empresa de extraer el oro de sus tierras. A sabiendas del impacto contaminante en el agua de las prácticas para la obtención del preciado metal, miembros de las comunidades fueron a preguntar a las autoridades competentes por el necesario estudio de impacto medioambiental.

Sandoval nos cuenta que las autoridades les dijeron que no se preocuparan, que el proyecto no saldría. Si bien tiempo después supieron que el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco aceptó el citado estudio y que había autorizado la explotación. Este es el motivo por el cual inició esta gira que le llevará por Washington, Barcelona, Madrid y Bruselas, solicitando apoyo para la realización de un nuevo estudio de impacto medioambiental, y que esta vez sea independiente, con el objeto de parar las intenciones de Exmingua, ahora subsidiaria de la norteamericana Kappes Kassiday & Associates (KCA).

Además del respeto del Derecho a la consulta y al consentimiento libre, pública e informada, reconocida en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala, es precisa la realización de estudios independientes de impacto medioambiental de inversiones extranjeras directas. Éstos deben abordar cómo afectan al acceso al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de la población afectada, abordando el impacto en los medios de vida y a la salud de las comunidades, a su seguridad alimentaria y al medio ambiente.

Una alianza solidaria por el derecho al agua, al saneamiento y a la tierra

El Derecho Humano al Agua y Saneamiento, reconocido como tal por Naciones Unidas en 2010, es inalcanzable para una parte importante de la población de Guatemala. Alianza por la Solidaridad trabaja para garantizar el acceso, gestión y control del suministro de agua potable segura, aceptable, accesible y asequible por parte de las comunidades guatemaltecas.

Asimismo trabajamos para que las inversiones de empresas extranjeras, en caso de producirse, garanticen que sus prácticas sean responsables, cumpliendo y respetando estos derechos globales. Esto implica que tanto la cantidad como la calidad del agua del que se abastecen las comunidades estén garantizadas, algo que no parece ser el caso en La Puya.

Conoce más sobre nuestro trabajo en Centroamérica y únete a esta alianza solidaria por el derecho al agua y a la tierra.