Cientos de organizaciones sociales exigen a los partidos políticos un acuerdo por una reforma fiscal progresiva en el marco de la pandemia de la COVID-19

España tiene menos porcentaje de presión fiscal y de gasto público con respecto al PIB que la media de la UE

Alianza por la Solidaridad se suma a la iniciativa, cuyo eje fundamental es conseguir una mayor justicia social

Cientos de organizaciones sociales han enviado hoy a representantes de todos los partidos políticos del arco parlamentario español una carta en la que reclaman que se pongan de acuerdo para llevar a cabo una reforma fiscal que sea progresiva, de forma que aporten más los que más tienen, y que se pongan en marcha medidas contra el fraude fiscal, con el objetivo de lograr ingresos suficientes para financiar los servicios públicos.

Los firmantes reclaman el fortalecimiento del estado de bienestar en el contexto de la crisis producida por la pandemia de la COVID-19. Actualmente, España se sitúa casi cinco puntos por debajo de la presión fiscal media en la UE y cuatro puntos por debajo del gasto público medio de la UE.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad-ActionAid, recuerdan que la población española, según el CIS, considera que los impuestos no se recaudan con un criterio de justicia fiscal y que se dedican recursos insuficientes a educación, sanidad, protección al desempleo, vivienda, pensiones y prestaciones sociales, servicios sociales, ciencia e investigación o cooperación internacional al desarrollo.

Por ello, en consonancia con el reclamo mayoritario de la población española, las organizaciones exigen en su carta a las y los representantes políticos que, en el marco de la actual crisis, que precariza aún más la situación de amplias capas de la sociedad, se trabaje decididamente por una reforma tributaria que haga realmente efectivos los principios de suficiencia, generalidad, igualdad y progresividad.

Las coaliciones y entidades que promueven la carta solicitan, asimismo, “que se devuelva el protagonismo a los impuestos directos, que gravan a las personas y empresas según su nivel de renta, frente a los indirectos, que afectan en mayor medida a quienes menos rentas y capacidad adquisitiva tienen”.

Por otro lado, subrayan que esta reforma “debe poner coto a los mecanismos de elusión fiscal, que grandes empresas y fortunas utilizan para evitar o reducir el pago de sus impuestos” en nuestro país. Esto pasa por “una lucha decidida contra los mal denominados paraísos fiscales”, algo en lo que han avanzado países europeos como Francia o Dinamarca, que han rechazado rescatar a las empresas que operan en paraísos fiscales.

En la misma línea, el acuerdo político debe incluir un pacto de Estado contra el fraude fiscal que reduzca sustancialmente su elevado nivel, dotando a la Administración tributaria de los medios necesarios a tal fin y desplazando la investigación hacia las grandes bolsas de fraude”, concluye el documento.

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