Empleadas de hogar reclaman medidas del gobierno para evitar el colapso del sector

En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la asociación Servicio Doméstico Activo de Madrid (SEDOAC) y Alianza por la Solidaridad – Action Aid exigen medidas para quienes se encuentran en la economía sumergida que eviten el colapso del sector. 

Las medidas anunciadas por el Gobierno para quienes pierdan su empleo o casi todos los ingresos como resultado de la crisis del coronavirys, no son suficientes para las cerca de 630.000 personas, la inmensa mayoría mujeres migrantes, que trabajan como empleadas del hogar y cuidados de terceros.

1-Medidas positivas pero insuficientes por parte del Gobierno.

Servicio Doméstico Activo de Madrid (SEDOAC) y Alianza por la Solidaridad – Action Aid valoran positivamente la posible implantación de un subsidio, pero consideran esta prestación -equivalente al 70% de su base de incapacidad temporal durante un mes- debe extenderse durante toda la crisis, como está ocurriendo en las prestaciones para otros trabajadores. Se trata de un sector altamente precarizado al que, señalan ambas organizaciones, no se puede dejar atrás.

Para SEDOAC y Alianza por la Solidaridad-Action Aid la medida anunciada por el Gobierno es deficiente porque exige que los y las trabajadoras estén dadas de alta en la Seguridad Social cuando se suspendan sus contratos, reduzcan la jornada o pierdan el empleo. Esta condición excluye a muchas de las trabajadoras que hoy están en situación de necesidad y que venían prestando sus servicios en la economía sumergida al no tener permiso de trabajo o porque sus empleadores no les dieron de alta en la Seguridad Social.

2- Precarización del sector en el contexto de la actual crisis.

La crisis del coronavirus demuestra que las empleadas del hogar siguen siendo imprescindibles en esta crisis, pero su situación se ha precarizado aún más en estas últimas semanas, en las que se han producido despidos masivos, jornadas extenuantes debido al confinamiento de las familias para las que trabajan o escasas, cuando no inexistentes, medidas de protección ante el coronavirus.

Miles de trabajadoras de este sector denuncian que en una grave situación como la actual, en la que se manifiesta una profunda crisis de cuidados, tras ser despedidas no tienen prestación por desempleo temporal y que, en muchos casos, su trabajo se está reduciendo a llamadas puntuales para hacer una ‘limpieza general’, lo que disminuye considerablemente sus honorarios.

Otras muchas, dado que tienen que cuidar de los hijos menores, ahora sin colegios, deben dejar sus empleos precarios. En el caso de las empleadas internas, están viendo limitadas sus horas de descanso, dado que no se puede salir a la calle salvo para compras y acaban trabajando muchas horas; denuncian que hay muchos casos en las que no les dejan salir a sus hogares de fin de semana por temor de sus empleadores al contagio.

3.Multas y riesgos de deportación.

Una preocupación añadida es que muchos empleadores se niegan a firmarles certificados individuales de desplazamiento por motivos laborales, por lo que se enfrentan a multas entre 601 y 13.000 euros. Esta situación se está cebando, específicamente, con aquellas personas en situación irregular, que ya vivían con miedo a ser detenidas y enviadas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde estarían incomunicadas y de donde podrían ser deportadas.

Según la Ley de Extranjería, las trabajadoras deben permanecer tres años en situación irregular para poder acceder a la residencia por arraigo social, lo que les relega a los peores empleos. «Nosotras queremos contribuir a la sociedad española y de hecho lo hacemos cuidando de los hogares o de las personas más queridas y que más lo necesitan, pero necesitamos seguir exigiendo igualdad con el resto de los trabajadores de este país. No somos ciudadanas de segunda clase», afirma Carolina Elías, presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo. «Existen responsabilidades por parte de quienes han querido mantener al sector en la informalidad y la falta de derechos», señala.

4. El informe del relator de la ONU sobre el sector en España ya urgía a poner en marcha medidas urgentes.

Alianza por la Solidaridad -Action Aid España que colabora desde hace años con este colectivo precarizado e invisibilizado, recuerda la importancia de apoyarlo, más si cabe en estos momentos.

En febrero de este año, el informe elaborado por esta organización fue presentado al relator sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, quien durante una visita a Madrid se acercó a conocer de primera mano a sus representantes. En su informe final, Alston reivindicó la urgencia y necesidad de poner en marcha medidas específicas para las trabajadoras de hogar en España, al considerar que es uno de los grupos sociales exentos de protección.

Las asociaciones del sector, en el que trabajan 630 mil mujeres, quieren resaltar que a la falta de prestación por desempleo (son el único colectivo que carece del mismo) se suma que sus cotizaciones no tienen en cuenta su salario real, la inexistencia de una Ley de Prevención de Riesgos Laborales o la inexplicable ausencia de España, como país ratificante, del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, que sería un primer paso hacia la equiparación de sus derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras.

 

 

 

 

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