Bolivia: empoderamiento de mujeres indígenas afrodescendientes en Bolivia

La pandemia que está enfrentado el mundo entero por el COVID-19 tiene impactos directos e indirectos en los derechos humanos de la población boliviana, así como consecuencias de corto, mediano y largo plazo para grupos en situación de vulnerabilidad en particular. A la fecha, en Bolivia se registraron 14.160 delitos relacionados a la Ley N° 348 (ley integral contra la violencia), de los cuales 11.631 corresponden a violencia familiar o doméstica. Por otro lado, las actuales concejalas están expuestas a situaciones de acoso y violencia política, problemática que lamentablemente está invisibilizada.

Empoderamiento de mujeres indígenas afrodescendientes en Bolivia

En respuesta a este escenario Alianza por la Solidaridad junto al Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara “Amuyta” (CIDMA) y con el financiamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha iniciado la implementación del proyecto: “Garantizando a las mujeres indígenas y afrodescendientes el ejercicio pleno del derecho a una vida libre de violencia desde el empoderamiento personal y político en los municipios de Sapahaqui y Coroico del departamento de La Paz – Bolivia”.

El proyecto tendrá una duración de 14 meses y contribuirá a que 488 mujeres indígenas y afrodescendientes fortalezcan sus conocimientos y participación ciudadana y política para mejorar la respuesta institucional a la violencia de género. También se realizarán procesos de capacitación a mujeres lideresas para lograr su participación activa en el entorno familiar, comunitario y en las instituciones públicas de lucha contra la violencia, con propuestas específicas para generar cambios en la respuesta institucional. Además, se trabajará con mujeres autoridades electas para la elaboración de propuestas legislativas en favor de los derechos de las mujeres y el cumplimiento normativo.

Los procesos mencionados se llevarán a cabo en el departamento de La Paz en los municipios de Sapahaqui y Coroico, donde existe altos índices de desigualdad y discriminación, deficiencias en la cobertura de servicios de atención de la violencia, y riesgo de violencia hacia las mujeres e impunidad, situación que se agravó con la emergencia sanitaria.

 

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