The Justice of Guatemala acknowledged the violation of the rights of indigenous peoples in the hydroelectric plant built by Cobra-ACS group

Wednesday, 10 July 2019

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  • Alliance for solidarity revealed in a report that this project has collapsed the Cahabón River, affecting the life and rights of more than 29,000 Maya q´eqchi
  • The appeal was lodged before the Supreme Court of justice by Defender Ana Rutilia Ical, one of the protagonists of the campaign #DesTieRRRadas

The Supreme Court of Justice of Guatemala has issued a statement that it requires to perform a free, prior, and informed consultation indigenous communities affected by the hydroelectric plant is REBORN on the Río Cahabón, Alta Verapaz. This work, built by the Spanish company Grupo Cobra-ACS, was subcontracted by the proprietary Corporación Multi Inversiones (CMI) denounced for failure to comply with the right of indigenous peoplesinternationally recognized, to be consulted on concessions of their territories and resources. Concrete contains in articles 6.1, 6.2 and 15.2 of the Convention of the International Organization (ILO) in force in Guatemala since 1997.

The sentence, pese a obligar a realizar la consulta, no paraliza las operaciones de la hidroeléctrica RENACE que están en marcha, lo que ha dado lugar a un voto particular razonado de una de las magistradas, María Dávila Salazar, que pide suspender la licencia “hasta que se restituyan los derechos del pueblo Q´eqchí”, tal como ocurrió en un amparo previo con otra hidroeléctrica –Oxec I y Oxec II- en el mismo río Cahabón y que discrepa también de que la Corte no mencione “la vulneración del acceso al agua” de las comunidades debido a este proyecto.

Alianza comparte la satisfacción con el hecho de que, tras años de lucha, las comunidades indígenas Q´eqchí vean reconocido su derecho judicialmente y, asimismo, exige que RENACE deje de operar hasta que éstas no se pronuncien. Además, considera fundamental que se fije una fecha para la realización de esta consulta. Es necesario recordar que el caso RENACE fue fruto de una investigación desarrollada por la ONG española, dentro de su campaña ‘TieRRRa ’ por las inversiones responsables.

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Desde que se lanzó en 2016, se han recogido más de 32.000 firmas de apoyo a las comunidades mayas afectadas, más de 29.000 personas, en colaboración con el Colectivo MadreSelva, de Guatemala. Uno de los líderes que lo denunció públicamente en el país, el maestro Bernardo Caal Xoc, ha sido condenado a más de siete años de cárcel por hechos relacionados con protestas en defensa del río Cahabón.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala hace referencia a dos recursos planteados sobre RENACE. Uno de ello, fue presentado el 21 de marzo de 2017 por varios comunitarios en defensa de la obra, curiosamente un día antes del recurso que presentó la líder Ana Zara Ical. Los comunitarios argumentan las ventajas para la zona que ha proporcionado la empresa y que señalan que la obra se aprobó en 1991, mientras que el Convenio está vigente en Guatemala desde 1997. Hasta mencionan un supuesto programa de conservación del ave quetzal, muy amenazada en todo el país.

Pero los magistrados desestiman sus argumentos e incluso condenan a su abogado por “notaria improcedencia”, al considerar probado que si bien la primera fase RENACE I fue aprobada en 1991, no fue así con las ampliaciones posteriores (hasta cinco fases de RENACE llegaron a aprobarse, si bien una ha sido aparentemente suspendida), cuyas autorizaciones administrativas tuvieron lugar en 2004, 2008, 2013 y 2015, cuando indiscutiblemente el Convenio 169 de la OIT estaba en vigor, pese a lo cual no hubo ninguna consulta a las comunidades. Las realizaciones de las fases II, III y IV han sido realizadas por la empresa española Grupo Cobra-ACS

Por otro lado, el fallo judicial señala que, aun no siendo un convenio internacional retroactivo, si que está probado que los efectos de la decisión tomada sobre la autorización tienen aún consecuencias y efectos en la vida de los indígenas, lo que supone que el Estado de Guatemala lo está vulnerando en el presente, no en el pasado. Asimismo, se menciona la actual situación de indefensión de los pueblos indígenas en el país, según informes de organismos internacionales como Naciones Unidas, pese a que su Constitución recoge imperativo de proteger sus costumbres, vidas y territorios, aspectos que no han sido desarrollados hasta ahora en su legislación.

Para la Justicia, es fundamental que el Ministerio de Energía y Minas realice todo el proceso y que hubiera hecho un seguimiento las relaciones de la empresa con las comunidades. Es más, recuerda al Gobierno que de nada sirve señalar que se informe si la información no puede ser entendida por los comunitarios y sin siquiera está su idioma indígena, como ha ocurrido.

En este sentido, argumenta, que la consulta no sólo debe ser previa e informada, sino también de buena fe, sin coerciones ni presiones ni generando divisiones entre las comunidades. “La autoridad no aportó prueba alguna de un dialogo genuino y representativo. Violó derechos de los indígenas a dar su consentimiento libre e informado”, sentencia.

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La Corte Suprema obliga al Ministerio de Medio Ambiente a remitir al de Minas y Energía todos los informes de impacto ambiental que tiene sobre RENACE y a iniciar el proceso para una consulta.

Alianza por la Solidaridad y su socia el Colectivo Madreselva, consideran positivo que se reconozca este derecho si bien exigen que, además de pararse las operaciones y obras, se ponga una fecha y aumente la multa prevista en caso de no cumplirse, al considerarla ridícula: son 2.000 quetzales, apenas 230 euros.

Desde Alianza por la Solidaridad seguiremos apoyando a los pueblos indígenas, visibilizando y prestando asesoramiento ante situaciones de expolio de recursos naturales por inversiones no responsables, como la realizada en el río Cahabón.

Puede consultar la sentencia completa here.


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