THE CASE OF THE HYDROELECTRIC PLANT THAT BUILT ACS AND COLLAPSES A RIVER IN GUATEMALA REACH CONGRESS AND THE SENATE

Thursday, 5 April 2018
Rosa M Tristan

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  • The work, involving 29,000 native, gives rise to propositions of a Bill and questions to the Government.
  • Thousands of indigenous q 'eqchí' manifest themselves for the freedom of a jailed leader for opposing the hydroelectric works.
  • Alliance for solidarity and Greenpeace Spain remain the signature campaign to liberate Bernardo Caal, slope today of a judicial act.

The Spanish Government has had to respond in the Senate on the case of the leading q 'eqchí' Bernardo Caal Xol imprisoned in Guatemala for opposing hydroelectric projects on indigenous rivers, including the Spanish company Grupo Cobra (ACS) which builds upon the Cahabón River. Is a work involving 29,000 indigenous and that greatly reduces the flow of the Cahabón River in a section of 30 km and for several months a year, generating a serious social and environmental impact as it has recognized the Procurator of human rights in the Central American country.


The casedocumented by Alliance for solidarity and included in the report “Justicia para las personas y el planeta. Por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones de Greenpeace, también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde se han presentado proposiciones no de ley (PNL) encaminadas a obligar a las empresas en el extranjero al cumplimiento de los derechos humanos y ambientales.


Paralelamente, miles de q’eqchi’ se han manifestado en Guatemala este fin de semana exigiendo la liberación inmediata de su líder y Alianza por la Solidaridad junto con Greenpeace mantienen activa su campaña exigiendo su libertad, así como que ACS pare las obras hasta que no se realice una consulta comunitaria y el estudio socioambiental del conjunto del complejo. Caal Xol fue acusado de varios delitos, como robo, amenazas o instigación a delinquir, con el claro objetivo de criminalizar su lucha. Está en prisión desde el 31 de enero en condiciones infames. Este jueves día 5 de abril se celebrará en Guatemala un acto judicial clave para conocer el futuro inmediato de Caal Xol.

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El senador del Grupo Mixto Jon Iñarritu, en una pregunta dirigida al Gobierno, se había interesado por la postura oficial respecto a este caso y otros de persecución de líderes en Guatemala. La respuesta llegó el pasado 22 de marzo y en ella señala que se recibió en la Embajada en Guatemala al líder indígena el 17 de febrero de 2017 para interesarse por sus reivindicaciones, si bien hay que recordar que este interés se produjo en el marco de una manifestación de los q’eqchi’ frente a la propia Embajada para reclamar apoyo frente al “expolio de su río”.

Asimismo, el Gobierno menciona el Programa de Protección de acogida temporal en España de defensores de derechos humanos, aunque reconoce que desde 1995 sólo 300 personas se han beneficiado del mismo, 13 al año. Para Alianza por la Solidaridad y Greenpeace es un número absolutamente insuficiente ante la situación de los derechos humanos a nivel global y recuerdan que en países como Guatemala el “instigar a delinquir”, que se utiliza para penalizar protestas de la población, impediría que líderes como Bernardo pudieran acogerse a esta protección.

Frente a la afirmación gubernamental de que “este año está previsto dar especial atención al derecho a la consulta desde la perspectiva de los pueblos indígenas”, las ONG reclaman que, más allá de las recomendaciones, se obligue a las empresas españolas a que no lleven a cabo proyectos sin una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas tal y como se establece en el Convenio 169 de la OIT.
La última PNL en la que también se menciona el caso de la hidroeléctrica RENACE que construye ACS en Guatemala, ha sido presentada el pasado 20 de marzo por iniciativa del PSOE. En ella se recuerda que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos recoge acciones de información, sensibilización y formación, pero no es vinculante, por lo que se pide el refuerzo del sistema de supervisión y seguimiento de las empresas españolas, la reparación frente a las posibles vulneraciones de derechos humanos consecuencias de su acción, el impulso de un tratado internacional vinculante para las transnacionales de todo el mundo, la exclusión en contratos públicos de empresas que no cumplan requisitos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la puesta en marcha de un programa de protección de defensores de los derechos humanos por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Tanto Alianza por la Solidaridad como Greenpeace consideran que el Gobierno español no puede lavarse las manos de lo que hacen las empresas nacionales en el extranjero, especialmente cuando afectan a los derechos humanos y se criminaliza a defensores como es el caso del líder indígena Bernardo Caal Xol.


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