Alianza por la Solidaridad denuncia la campaña de acoso a líderes quekchí que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala

Líderes y representantes de comunidades indígenas maya quekchí de Guatemala están sufriendo una campaña de acoso y desprestigio por su oposición a la construcción de proyectos hidroeléctricos sobre ríos indígenas. Esta situación ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga los hechos, siguiendo la línea iniciada en febrero de este año el Parlamento Europeo, cuando exigió al Gobierno del país tomar medidas urgentes para frenar estas situaciones. Alianza por la Solidaridad ha constatado que, lejos de frenarse, se están recrudeciendo.

La campaña de difamación y persecución a los líderes comunitarios y ambientalistas de la que Alianza tiene constancia incluye el espionaje de sus reuniones, grabación de los domicilios privados, informaciones maledicentes sobre los líderes, cierre de cuentas bancarias en determinados bancos y vídeos difamatorios entre otras acciones. En las últimas semanas también han aparecido numerosos mensajes en redes sociales para desprestigiar la lucha de las comunidades contra proyectos que están acaparando un recurso humano tan fundamental para la vida como es el agua.

La situación en esta zona, y en general en el país, ha provocado un llamamiento de comunidades y organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado guatemalteco, empresas e inversionistas garanticen los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por esos proyectos. Este llamamiento se acompaña de un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades en Guatemala. En este contexto tan negativo, organizaciones de derechos humanos también han documentado once asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos que realizan un total de 19 empresas (el 55% guatemaltecas, el 40% transnacionales y un 5% estatales).  Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden. Dicha obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas participantes (contratistas y subcontratadas) y a los financiadores de dichos proyectos.

Alianza por la Solidaridad, que tiene en marcha en Guatemala la campaña TieRRRa en defensa de  las inversiones empresariales responsables, recuerda que el Parlamento Europeo, el pasado 16 de febrero, manifestó en una resolución su preocupación por los derechos humanos en el país e instó a los Estados miembro, entre los que se encuentra España, a promover acuerdos comerciales internacionales vinculantes que refuercen el respeto de los derechos humanos, especialmente en el caso de las empresas con sede en la Unión Europea que están en Guatemala, preocupación que comparte esta ONG. Asimismo, como los parlamentarios comunitarios, Alianza por la Solidaridad urge al Gobierno guatemalteco a adoptar medidas que protejan a los defensores de los derechos humanos de los ataques y amenazas a los que se enfrentan.

Cabe recordar que Alianza por la Solidaridad, desde que en 2015 lanzó la  mencionada campaña TieRRRa en Guatemala, ha documentado dos casos de proyectos hidroeléctricos en Guatemala que implican a empresas españolas y que han sido y son objeto de campañas de protesta y sensibilización tanto dentro del país como en España, dos casos en los que se han vulnerado los derechos humanos: la construcción de una hidroeléctrica en el río Canbalán por parte de la empresa española ECOENER-HIDRALIA, que finalmente logró suspenderse definitivamente; y la construcción de las cinco fases de la hidroeléctrica RENACE sobre el río Cahabón, un proyecto de la empresa guatemalteca Corporación Multiinversiones que construye el Grupo Cobra, perteneciente a ACS, presidida por Florentino Pérez. Se trata de una obra que abarca casi 30 kms de este río en territorio indígena quekchí. En estos momentos se llevan recogidas más 15.000 firmas.

La Corte Superior de Justicia de Guatemala ha paralizado provisionalmente las obras de otro proyecto similar, OXEC I y OXEC II, en el río Cahabón tras el recurso de amparo presentado por los representantes de las comunidades. Recientemente, presentaron un recurso similar contra el proyecto Renace, pero aún no hay una resolución y las obras continúan.

Alianza por la Solidaridad colabora en Guatemala con el Colectivo MadreSelva denunciando el incremento de la demanda sobre recursos naturales, como el agua, sin tener en cuenta los derechos humanos y del territorio de las comunidades donde se hallan éstos.

Por ello:

  • Acompañamos a los quekchí en defensa de sus derechos y de sus recursos naturales.
  • Denunciamos la presión, el desprestigio y la criminalización de las personas que defienden sus derechos y los de su territorio. Los quekchí necesitan el apoyo de todos y todas en esa defensa de sus ríos.
  • Animamos a  la ciudadanía española a firmar en su apoyo.

Comunicado de MadreSelva

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