El pasado 25 de agosto se inició el curso «Políticas y Procedimientos de Actuación sobre la Violencia en Razón de Género», impulsado por una alianza estratégica entre el Ministerio de Justicia, Alianza por la Solidaridad, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y la Universidad Policial; con el propósito de formar a funcionarios ministeriales y policiales sobre la ruta de atención a casos de violencia contra la mujer, con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.

El contenido de las clases, siguiendo estándares internacionales en Derechos Humanos, particularmente de las mujeres, cuenta con docentes con sólida preparación académica y experiencia en el área. Además se promueve el cumplimiento del Artículo 12 de la Ley 348, que insta a diferentes órganos del Estado a adoptar y desarrollar «programas de formación específica relativos a la cultura contra la violencia, igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre equidad de género, entre otros, los cuales, deberán ser permanentemente actualizados y serán aplicados a todo el personal, independientemente de su jerarquía, sin excepción y con carácter obligatorio».

Un total de 63 personas se inscribieron en este curso con el que aprenderán consideraciones teóricas sobre la violencia por razón de género, su tratamiento en el Derecho Internacional y en las políticas públicas bolivianas, los protocolos de actuación policial frente a casos de este tipo de violencia y, por último, procedimientos y técnicas de investigación policial para la atención a víctimas de violencia de género. Al final de esta formación, las personas participantes podrán desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y valores que les permitan participar de forma activa, eficiente, cálida, oportuna, proactiva y socialmente responsable en la ejecución de las políticas concretas orientadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia en razón de género.

Un caso preocupante

Hace unos días, la familia de la que en vida fue María Isabel Pillco, presentó una apelación contra la sentencia que declaraba absuelto a David Vizcarra, acusado por el delito de feminicidio de Isabel. Este caso en particular, puso a la luz serias deficiencias en la actuación de las y los funcionarios públicos que administran justicia, cometiendo errores de fondo –como la exclusión de la denuncia de violencia de Isabel Pillco mientras ella estaba con vida y de la declaración del médico forense que hizo la autopsia–, entre otras irregularidades.

Ante estos hechos, las instituciones y organizaciones de mujeres expresaron su solidaridad a la familia de la víctima, exigiendo la anulación de sentencia con un nuevo juicio, la adopción de mecanismos para una efectiva aplicación de la ley Nº 348 y la mejora de la actuación de las instancias encargadas de la atención, investigación y sanción de los casos de violencia y la respectiva reparación integral a las víctimas.