La Oficina Jurídica para la Mujer (OJM), con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas Alianza por la Solidaridad, organizó este viernes 14 de marzo el Seminario Internacional “Derecho Penal como respuesta a la violencia machista. Lecciones aprendidas y desafíos” en el Colegio de Abogados del Municipio de Quillacollo, Cochabamba, Bolivia.

En este seminario se presentó el proyecto “Mejorar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil en articulación con las instituciones públicas a la implementación de las políticas que garantizan el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia”, que se desarrollará principalmente en el municipio de Quillacollo, departamento de Cochabamba, Bolivia, y tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones de mujeres para incidir sobre sus autoridades  y para  exigir  el cumplimiento del derecho a una vida libre de violencia, mejorar las capacidades de funcionarios/as que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios y sensibilizar a la ciudadanía para que se impliquen en la lucha contra la violencia.

El proyecto tuvo muy buena acogida entre las personas asistentes, ya que permite trabajar en el marco de los desafíos que se presentaron en cuanto a la lucha contra la violencia y la implementación oportuna de la Ley 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La Dra. Marcela Borja, Jueza de Quillacollo, hizo un análisis de la Ley 348 desde la legislación penal. “Creo que aunque la ley tiene debilidades, los servidores públicos tenemos que trabajar para una buena implementación, identificando las barreras para que podamos mejorarla. Es nuestra responsabilidad”. Declaró la Dra. Borja,  quien también identificó como una barrera, para que las mujeres presentaran denuncias de violencia, el hecho de que todos los casos sean tratados por la vía penal: “Este hecho en algunos casos  inhibe a las mujeres a denunciar”, aseguró.

Desde la Policía, la Coronela Zaida Mariaca presentó las dificultades en el trabajo de los servicios especiales contra la violencia, antes Brigadas y ahora Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Mariaca mencionó que a estas instancias no se les da suficiente presupuesto ni formación especializada en violencia.

Por su parte, Blanca Moreno, expositora final, presentó algunas buenas prácticas de implementación en cuanto a la lucha contra la violencia de España,  abriendo paso al cierre de la sesión que estaba orientada a asumir  compromisos,  tanto por parte de las  autoridades como de las organizaciones de la sociedad civil en Quillacollo.

A tiempo de asumirlos, dos concejalas del municipio informaron que se cuenta  con un terreno para la construcción de una casa de acogida y asumieron el  compromiso de ponerla en marcha, así como de ampliar el presupuesto para género en el municipio en cada gestión. Una policía de la Brigada se comprometió a seguir trabajando en la lucha contra la violencia, a pesar de las dificultades, “no tenemos ni equipo, ni papel para atender a las mujeres, pero queremos trabajar de manera coordinada”, dijo.

Una de la problemáticas que se priorizó durante el evento fue la falta de un médico forense en  el municipio de Quillacollo, tema que se  colocó en la agenda de las organizaciones para trabajar de manera coordinada e incidir en las autoridades para lograrlo. Esta demanda será incorporada en el trabajo de incidencia previsto con el proyecto.