Haití se ve inmerso, desde el pasado 7 de febrero, en graves disturbios que ya han causado víctimas mortales y cuya finalización podría tardar en llegar, a falta de una respuesta clara del Estado caribeño. Esto, debido a nuestra experiencia en el país desde hace 13 años, nos preocupa debido al riesgo de una grave crisis humanitaria en este país ya sumido en una situación de pobreza extrema.

La depreciación de la moneda (hasta un 23% en los últimos 3 meses) ha supuesto un grave impacto en la inflación y el coste de la vida para una población que ya se encontraba en situación de extrema necesidad (hay un 41% de desempleados y dos tercios trabajan en ‘empleos informales’). Situación que ha terminado por explotar. El motor principal de las protestas son el hambre, el desempleo y la corrupción.

En las últimas protestas, la represión ha ido en aumento. El pasado miércoles, día 13 de febrero, todos los líderes de la oposición encabezaron una manifestación que convergió en el Palacio Nacional. La represión policial acabó causando una muerte en la capital, contabilizándose con ella seis víctimas mortales desde el día 7. Desde que se iniciaron las primeras movilizaciones contra Jovenel Moïse, se contabilizan ya 52 muertes, 247 heridos y 519 arrestados, según algunas fuentes. Dado que el bloqueo es nacional, también se ha denunciado violencia policial en diferentes comunidades del país, desde donde se informa de que agentes policiales están violando los derechos humanos y algunos vecinos partidarios del Gobierno están recibiendo armas y atacando a activistas. Todo parece indicar que el Gobierno espera que la población se rinda por agotamiento, pero la situación podría prolongarse pese a las dificultades de los haitianos para sobrevivir cada día.

Ante esta situación, la embajada de EEUU ha solicitado la evacuación de todo el personal no esencial y República Dominicana también evacuó a su personal del consulado en la capital.

Por otro lado, hay problemas crecientes para acceder a la atención médica y algunos hospitales están empezando a carecer de suministros básicos. A ello se suma el riesgo de un saqueo general, como ocurrió en julio pasado, sobre todo si persiste el silencio del Gobierno haitiano.

Desde Alianza por la Solidaridad se está aplicando un estricto control de seguridad para su personal, manteniendo el contacto continuo tanto con estas personas como con sus socios locales ante una situación tan volátil. Todas las actividades se han detenido de momento, si bien se trata de apoyar en seguridad y de evaluar las necesidades humanitarias en las zonas de trabajo. La ONG española está monitoreando la situación, dado que considera el riesgo de una crisis humanitaria si se prolonga en el tiempo.