Latinoamérica y el Caribe, avanzando en la agenda de igualdad y de derechos

«Avanzar en nuestra agenda de igualdad y de derechos en la región» -tal como afirmó durante la sesión inaugural Alicia Bárcena,  Secretaria Ejecutiva de la CEPAL- , fue la expectativa que convocó a analizar los avances de la región respecto al Programa de Acción de Cairo, buscando además definir retos, prioridades y establecer una posición regional de cara al proceso global.

Han pasado casi 20 años desde que 179 países, que participaron en la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) realizada en el Cairo en 1994, adoptaran el Programa de Acción  de la CIPD, que es un hito histórico pues pone a las personas como centro del desarrollo, reconociendo el derecho a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, así como la necesidad de empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.

Con el fin de cumplir con los objetivos y metas de la CIPD y  responder a los nuevos  desafíos, en el año 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la Resolución 65/234, decidió  prorrogar el Programa de Acción para seguir ejecutándolo más allá del 2014 y pidió una evaluación de su ejecución. Así, en septiembre del próximo año se presentará un informe sobre los avances y retos  de dicho programa, lo que permitirá posicionar una Agenda en Población y Desarrollo más allá del 2014. Para lo cual, se vienen haciendo acciones y movilizaciones a diversos niveles que incluyen lo nacional, lo regional y lo global. Así, en el año 2012, los países de la región de América Latina y el Caribe miembros de la CEPAL, decidieron constituir la Conferencia  Regional de Población y Desarrollo cuya primera reunión se ha realizado del 12 al 15 de agosto de este año en Montevideo.

América Latina y el Caribe (LAC) -a pesar de  los avances en estos 20 años- sigue siendo la región más desigual del mundo, con alta incidencia de embarazos en adolescentes, alta mortalidad materna por causas en su mayoría evitables, alta incidencia de abortos inseguros y clandestinos y violencia de género, entre otros problemas que son necesarios atender. Así, el Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la CIPD, transmitió en su mensaje a los gobiernos de LAC, la necesidad urgente de acción con voluntad política e inversión de recursos para garantizar el disfrute y ejercicio del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, con igualdad de género.

Por su parte, la sociedad civil levantó su voz hacia los gobiernos a través de una declaración (podéis consultarla aquí) construida por la articulación de sociedad civil de LAC –integrada por diversas redes de organizaciones feministas y movimientos diversos en la región-, que fue leída y presentada el segundo día de la Conferencia. Las organizaciones de la sociedad civil presentes tuvieron una activa participación cercana a las delegaciones de gobierno, en los paneles que fueron parte del programa, en el auditorio y en espacios cercanos al lugar de la Conferencia como en la plaza Independencia donde fue colocada una cabina “Habla don Dios y no con sus intermediarios” en el marco de la campaña contra los fundamentalismos.

Las demandas de la sociedad civil se encaminaron a visibilizar las brechas existentes injustificables  y la vulneración de derechos en LAC, planteando que  se  reafirmen los compromisos asumidos en la CIPD, exigiendo a los estados acciones e inversión  para la  construcción de una región donde todas las personas podamos vivir con libertad, igualdad y solidaridad, con reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas. Esto implica asegurar la plena garantía de los derechos humanos y como parte indisoluble de estos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos sin discriminación alguna (ni de edad, ni de etnia/raza, ni de clase, ni de orientación sexual o identidad de género, etc.), con eliminación de las desigualdades estructurales, promoviendo  condiciones para fortalecer la participación en un modelo de desarrollo centrado en las personas y que vaya en equilibrio con la naturaleza.  “Hay crecimiento económico,  hay estabilidad de procesos electorales y se tiene legitimidad,  y los recursos necesarios para acabar con la desigualdad.  No hay excusas para no hacerlo, salvo que los gobiernos piensen que no lo merecemos” enfatizó Dorotea Wilson en representación de la sociedad civil.

La declaración de la articulación de la sociedad civil  de LAC planteó la atención de las diversas agendas pendientes en LAC en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo entre las demandas concretas la despenalización del aborto y el acceso oportuno a servicios de aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual integral, entre otras. Por su parte las y los jóvenes,  además de suscribir la declaración  de la articulación regional,  trabajaron también una  declaración específica, “la Declaración de Juventudes: Construyendo un mundo de Igualdad y Derechos”,  en la que se  pone énfasis en  la importancia de la participación de la diversidad de movimientos sociales en la región para sostener y profundizar las democracias, así como el respeto al estado laico. Las demandas puntuales de este sector  incluyeron la educación pública, gratuita, laica, intercultural y de calidad; acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y  acciones para erradicación de la violencia y discriminación contra la mujer y la comunidad LGBTTTQI,  entre otras. “Es tiempo de reparar las deudas, de construir nuevos modelos alternativos al desarrollo que garanticen la vida plena y la felicidad de las juventudes “ enfatizó Javier Pineda en representación de la alianza de juventudes de LAC.

Los representantes de los estados también presentaron un balance sobre sus avances, entre los que resaltó Uruguay que ha implementado un programa para la prevención y atención de abortos inseguros a través del cual ha logrado disminuir la mortalidad materna, despenalización del aborto en embarazos hasta las 12 semanas, además de otras medidas encaminadas a la garantía de derechos de las mujeres. Brasil por su parte, ha tenido avances legislativos y actualmente brinda atención de aborto en servicios públicos. Por otro lado, Cuba ha mostrado avances incluyendo el acceso a un aborto seguro y Argentina expuso sus avances legislativos como el de la ley del matrimonio igualitario y la identidad de género.

Por su parte, Ecuador expuso avances en salud sexual y reproductiva con el derecho a la salud como medio para lograr el “buen vivir”, la delegación boliviana planteó en su presentación la necesidad de la despatriarcalizar  y de realizar cambios en las relaciones de poder buscando el empoderamiento de las mujeres, y   la delegación peruana reafirmó su compromiso con la agenda de Cairo. Nicaragua, Honduras y El Salvador  estuvieron entre los países que menos avances mostraron en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, y este último señaló que en 2010   solicitaron levantar las reservas que hicieron a CIPD.

Después de deliberaciones, las delegaciones llegaron  a acuerdos que han sido  plasmados en el ‘Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo’ (podéis consultarlo aquí), documento que reafirma la vigencia de objetivos y metas del Programa de Acción, colocando como centro a las personas en reconocimiento de su diversidad cultural, étnica y sexual.

Entre sus principios, el consenso alcanzado reafirma la laicidad del estado como elemento fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, plantea medidas para garantizar derechos sexuales y derechos reproductivos reconociendo la diversidad y necesidades específicas, e incluye entre dichas medidas la prevención  de abortos inseguros por medio de la educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, atención integral frente a embarazo no deseado y atención post aborto.  Además el documento insta a considerar reformar las leyes sobre abortos para cumplir con la garantía de derechos y garantía de salud de las mujeres, entre otros acuerdos.

El Consenso de Montevideo significa la reafirmación de una agenda necesaria y urgente en LAC dando esperanzas a posibles avances que permitan garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos sin ningún tipo de discriminación. El desafío es que no quede en una mera declaración sino que los estados realicen las acciones e inviertan los recursos necesarios para cumplir con estos compromisos en un marco de derechos humanos, como estados democráticos y consecuentemente laicos, fortaleciendo la participación ciudadana, y  con la seguridad de la presencia de una sociedad civil que seguirá vigilante y activa.

2 comentarios
  1. edgar
    edgar Dice:

    quiero ayudar con mi precensia dejar todo y poder ayudar al 100 % como podria hacer eso

  2. admin
    admin Dice:

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