Nos sumamos al manifiesto 12 preocupaciones feministas sobre los PGE 2014

El proyecto presentado por el gobierno ante el Congreso continúa la política de recorte del gasto con mayor impacto en las personas, es decir, de recorte de los derechos a la asistencia sanitaria, la educación, la atención a la dependencia y la igualdad entre mujeres y hombres. Tras analizarlos la plataforma Impacto de género ya denuncia que se dispara el gasto financiero pues el endeudamiento bruto previsto en 2014 -141.555 millones, sumado al de años anteriores, elevará en 2014 la deuda pública a más de un billón de euros (con 12 ceros) una cifra equivalente al PIB, el triple que antes de la crisis y el mayor nivel desde 2009.

El Informe oficial de Impacto de Género (IIG), aunque no dice, como los anteriores, que los recortes son buenos para la igualdad de las mujeres, no reconoce su impacto negativo; sigue sin relacionar políticas con presupuestos, y sólo trata de parte del gasto de los ministerios, y excluye, entre otros, el de la Seguridad Social, que asigna pensiones muy desiguales según el sexo.

Ante este Proyecto de Presupuestos y el Informe oficial de Impacto de Género que lo acompaña, las asociaciones feministas firmantes manifestamos nuestra especial preocupación sobre los siguientes puntos:

Esto es un resumen de los 12 puntos, para leer el análisis completo pincha aquí

1.- Las políticas de igualdad se recortan y priorizan al empresariado.

El programa 232B “Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres” se dota con 19 millones de euros, el 0,005% del Presupuesto. Tras bajar en 2013 del 24%, en 2014 subirá un 0,6%, acumulando respecto a 2008 un recorte del 56%. Se reparte entre la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades (29%), que trabaja con empresarios y con el Consejo antidiscriminación racial o étnica, y el Instituto de la Mujer (71%).

Las subvenciones se destinan en más de un 40% a dedo a organizaciones empresariales (sin concurrencia ni exigencia de paridad); 17% a la FEMP, algún Ayuntamiento y las CC. Autónomas y 22% al centenar de organizaciones de mujeres y sociales, a las que se recorta de 2 a 1 millón de euros la dotación presupuestaria.

2.- El programa contra la Violencia de Género no anima a denunciarla.

El programa Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se dota con 21,8 millones de euros (otro 0,005% del Presupuesto). Baja un 1,5% respecto a 2013 y un 22,5 % respecto a 2008. El Informe de Impacto de Género y los indicadores presupuestarios y del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo del Poder Judicial cifran en 128.477 las denuncias[1], presentadas en 2012, con una tendencia decreciente que no es paralela a la remisión de las agresiones (42 muertas de enero a octubre 2013). En 2014 se pretende mantener el número escaso de beneficiarias de 2012, sin mencionar que la competencia municipal en promoción de la igualdad se pretende eliminar con la reforma de la Ley de Régimen Local.

3.-No sólo pedimos políticas específicas de igualdad, sino que las políticas generales no discriminen a las mujeres, por acción o por omisión.

El IIG que por 6º año acompaña al Proyecto de Presupuestos, debería contribuir a ello, pero en sus 377 páginas incumple el mandato del CEDAW y 5 de los objetivos de ONU Mujeres, porque:

  • No se refiere ni una sola vez a las cifras de euros, el contenido propio de los Presupuestos ¿Cómo se puede medir el impacto del Presupuesto sin mencionar su contenido ni su evolución?
  • No analiza la Seguridad Social, pese a que la pensión media de las 4,9 millones de mujeres pensionistas es de 639 euros/mes, el 61% de la de los 4,5 millones de hombres.
  • Carece de indicadores sociales y presupuestarios de partida y de meta en 2014.
  • Excluye muchos programas ministeriales con gran incidencia en la situación social de las mujeres, como los de Educación infantil, primaria y universitaria en Educación o los de pensiones no contributivas y garantía salarial en Empleo.
  • Carece de resumen ejecutivo, para aumentar su incidencia real ¿Cuántos parlamentarios/as lo leen?

4.- Quieren una Sanidad Pública menos pública, universal y gratuita, y de menor calidad

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el que más recorta su presupuesto, un 35,6%. Pero serán las comunidades autónomas, quienes recortarán 8.000 millones de euros entre 2014 y 2015 según el plan presupuestario remitido a Bruselas, haciendo caer en 2014 el gasto sanitario al 5,8 por ciento del Producto Interior Bruto, un 16% menos que en 2009. Holanda, Dinamarca, Francia y Alemania le destinan más del 8,4 % del PIB.

Junto a la exclusión sanitaria de los inmigrantes sin permiso de residencia y de los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado, que afecta especialmente a mujeres mayores, habrá 464 millones de recorte en medicamentos, del que sólo 55 millones corresponden a las prótesis, la detección sanitaria de la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y el aborto.

5.- El Estado retira cada día la Atención a 95 personas en situación de Dependencia: que cuiden las familiares

Para 2014 la partida se recorta un 1.029 millones, el 46,7%, pasando de 2.205 a 1.176 millones de euros. No es excusa que en 2013 se dedicaran 1.034 millones a cotizaciones sociales de 400.000 hijas y cuidadoras familiares con una paga ínfima (de unos 12 euros al día) desde 2012 recortada un 15% y desprovista de Seguridad Social. Con los recortes ni siquiera se sustituye a las personas beneficiarias que mueren. Los beneficiarios han bajado de 771.049 en septiembre 2012 a 736.249 en 2013: 95 personas que cada día el sistema público desatiende y empuja a ser atendidas por sus familias, mayoritariamente por las mujeres. Además más de 300.000 personas con dependencia moderada seguirán excluidas en 2014.

Pese a que dos tercios de las personas dependientes y el 97% de sus cuidadoras somos mujeres, el IIG no denuncia el impacto de género del desmantelamiento del cuidado.

6.- Sustituyen los Servicios Sociales por un/a pobre sentado/a a su mesa.

El Gobierno mantiene 32 millones de euros para cofinanciar a 8.000 ayuntamientos. Pero el desmantelamiento viene con la reforma en trámite de la Ley de Régimen Local, que elimina la competencia municipal en «la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social», centralizándola, sin dotación económica, en las autonomías. En la práctica, esto representa que más de 500.000 personas perderán la ayuda a domicilio y otras prestaciones, se destruirán 65.000 puestos de trabajo y aumentará la exclusión social.

Las rentas mínimas, de unos 500 euros/mes a personas sin ningún tipo de recursos, no alcanzan: en 2012 aumentó un 76% el número de solicitudes y sólo el 22% las concedidas. En Madrid la espera ya es de 12 meses. El Estado nos recomienda la caridad con gastos como el programa de sobremesa de TVE ’Entre todos’ desde el 26 de agosto.

7.- La re-reforma de las pensiones aumenta la desigualdad de las mujeres.

A toda velocidad se tramita otro cambio en la ley de las pensiones, para que en 2014 empiecen a no actualizarse según el IPC sino sólo en el 0,25%, con lo que el Estado espera ahorrar en tres años entre 33.000 y 70.000 millones. A la vez introducen otro mecanismo de ajuste: la pensión inicial se ajustará cada 5 años a la esperanza de vida para culpabilizarnos por vivir demasiados años, cuando lo que hace insostenible la Seguridad Social es el paro, la precariedad y los bajos salarios, de los que procede el 88% de sus ingresos.

El Ministerio de Empleo excluye del IIG el programa 212M de pensiones no contributivas (70% de mujeres).

8.- La destrucción de empleo se feminiza, y el Estado contribuye a ello más que el mercado.

Un año después de su implantación, la reforma laboral se ha hecho sentir en la destrucción de empleo, la sustitución de empleos indefinidos (bajan 146.300 contratos) por empleos temporales (suben 169.500), el descenso de la tasa de actividad y especialmente en los últimos meses en la disminución de los salarios. Los datos de la EPA del 3er trimestre 2013 muestran que el paro alcanza a 5.904.700 personas -al 26,5% de las mujeres y el 25,6% de los hombres por la creación de 39.500 empleos, sólo el 37% de mujeres, y el descenso de la población activa en 33.000 personas, 100% mujeres.

La destrucción de empleo público (ocupado en un 55,1% por mujeres) fue de 12.600 empleos el verano pasado. Lejos de dinamizar la economía, el sector público destruyó proporcionalmente el doble de empleo, el 5,4% frente al 2,3% del sector privado.

9.- No sostienen una Educación pública de tod@s para tod@s ni la corresponsabilidad.

Tras bajar un 31% en 2013, el presupuesto de Educación se incrementa en 2014 un 10,6 % por el aumento del 18% en becas generales, pero se reduce en el resto de programas:

  • Educación infantil y primaria: baja un 0,3% adicional. Pese a que sólo el 36% de las niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados, el Ministro Wert lo achacó al descenso de la natalidad, no al aumento de las tasas, y el Informe oficial de Impacto de Género no analiza este programa.
  • Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, la gran apuesta de la nueva ley de Educación, bajan su presupuesto un 7%.
  • Enseñanzas universitarias: caen el 1,6%. En el informe de Impacto de Género se resalta la prevención de la Violencia de Género, pero la educación para la igualdad se ha eliminado con la educación para la ciudadanía, y la LOMCE de 2013 financia centros de educación segregada por sexos.

Además, la Seguridad Social suspende, un año más, y pese al Plan de Conciliación recién aprobado, la ampliación a 4 semanas del Permiso de Paternidad.

La investigación que crece es la militar: 506,84 millones de euros, un 39,5% más que en 2013. Los créditos a proyectos de investigación civil se ciñen a parámetros económicos, sin incluir contenidos de igualdad de género y desarrollo humano.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) sube un 6,65 %, y las subvenciones a federaciones deportivas un 19,5% (a 36,8 millones). Hay 0,4 millones para Deporte y Mujer.

10.- Nuevo tajo a la cooperación al desarrollo.

Son 26 millones menos para una de las políticas más maltratadas durante la crisis: durante los dos últimos años los fondos totales descendieron más de un 60%.

El Informe de Impacto de género no analiza el programa Acción del Estado en el Exterior, que es más de la mitad del presupuesto del Ministerio, y señala entre las principales acciones de igualdad de género de la AECID proyectos como el de “Fortalecimiento de la Igualdad de Género en la Región Andina”, y el “programa de presupuestos sensibles al género” desarrollado por ONU-MUJERES en América Latina, a los que no se han destinado recursos desde el presupuesto 2012, sin valorar el impacto negativo que la eliminación de este tipo de programas está suponiendo para el logro efectivo de la igualdad de género en la cooperación española, así como “la invitación a cerrar” la oficina de ONU Mujeres en España hace un año.

11.- Hacen como si los estereotipos sexuales no influyeran en la vivienda, el transporte y los recursos naturales.

El Ministerio de Fomento saca del Informe oficial de impacto de género el 77% de su presupuesto, 16 de sus 20 programas entre ellos los de transporte, agua y energía, limitándose a alegar que, a estas alturas de debate público sobre las hipotecas, no hay estadísticas desagregadas por sexos, y no cifra cuantas de los cientos de miles de víctimas de víctimas de violencia de género obtendrán ayuda para vivienda.

12.- El Informe de Impacto de Género del Presupuesto excluye el análisis de gran parte de los programas y sigue sin incluir información sobre las asignaciones presupuestarias de los programas incluidos.

El Informe oficial de Impacto de Género (IIG), aunque ni dice, como los anteriores, que los recortes son buenos para la igualdad de las mujeres, no se atreve a reconocer su impacto negativo; sigue sin relacionar políticas con presupuestos en ninguna de sus 377 páginas, sólo trata de parte del gasto de los ministerios (menos de la cuarta parte de los de Presidencia, Defensa, Hacienda, Fomento, Industria y Agricultura), y, excluye, entre otros, el de la Seguridad Social, que asigna pensiones muy desiguales según el sexo.

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