«Ganamos, ganamos». La voz del defensor Rubén Herrera suena, al otro lado del teléfono, entre satisfecha y cansada. Este miembro de la comunidad de Santa Cruz de Barillas, al norte de Guatemala, es uno de los 21 líderes indígenas que han sido encarcelados en los últimos años por oponerse a un proyecto hidroeléctrico de la transnacional española Ecoener-Hidralia sobre el río Cambalam.

La historia de Rubén Herrera explica la historia del impacto de la gallega Ecoener-Hidralia sobre los pueblos mayas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ de Santa Cruz de Barillas; las consecuencias de ocho años de resistencia y una particularidad que hace que este caso sea paradigmático: el proyecto nunca se ha llegado a ejecutar. La comunidad ganó, pero no está todo hecho.

La organizaciones Alianza por la Soidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala iniciaron hace ahora un año una campaña que culminó el pasado 3 de noviembre con la entrega de más de 20.000 firmas al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón, para exigir la retirada definitiva de Ecoener-Hidralia del país.

Ecoener-Hidralia se estableció en Guatemala en 2008, a través de su empresa subsidiaria Hidro Santa Cruz, encargada de ejecutar el proyecto Cambalam I. Este consistía en el aprovechamiento de un salto natural de agua del río Cambalam, una cascada de 272 metros de altura ubicada en Santa Cruz de Barillas.

Ignoraban que la población mantiene una conexión especial con este lugar. «Esas cataratas son un centro cultural, allí se llevan a cabo ceremonias, Cambalam significa Tigre Dorado», explica Herrera. La empresa pretendía construir una pequeña central eléctrica con potencia de 4,96 megavatios, con una concesión de explotación para 50 años, señala un informe de Alianza por la Solidaridad.

Pese a que Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, y la Constitución guatemalteca establece la preeminencia de los instrumentos internacionales, el país no ha articulado los procedimientos para realizar esas consultas. Según denuncian desde entonces, la población de Santa Cruz de Barillas no recibió ninguna información ni fue consultada.

En sus consultas propias, la comunidad rechazó la presencia de la empresa española, que ya había vallado las tierras e introducido maquinaria. Fue el origen de enfrentamientos entre locales y trabajadores, y de las primeras órdenes de captura por denuncias como atentar contra la propiedad privada y detención ilegal.

Entre 2011 y 2014, apunta Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible en Alianza por la Solidaridad, se han emitido más de 50 órdenes de captura. «Todo el aparato del Estado se ha volcado en criminalizar a los líderes comunitarios que defendían su territorio y su río», explica. «La empresa actuaba a través de sus trabajadores, que empiezan a interponer denuncias acusándoles de todo, de terrorismo, posesión ilícita de armas, secuestro, atentados contra la seguridad de la nación…».

Continúa leyendo en eldiario.es