Alianza por la Solidaridad presenta los principales hallazgos y recomendaciones de la Evaluación Intermedia realizada en el marco del Convenio 14-CO1-633 “Reducir la vulnerabilidad de las personas afectadas por el conflicto armado y asegurar la participación, empoderamiento, no discriminación y generación de alianzas, involucrando a las comunidades y a la institucionalidad regional y local, en Colombia”, financiado por la AECID.

La evaluación realizada toma como periodo de análisis dos años de ejecución, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016. Dicha evaluación externa permite dar respuesta a las necesidades de información sobre la marcha de las acciones, el diseño de la intervención, y aportar recomendaciones que permitan el ajuste de las mismas para los dos siguientes años de intervención.

El Convenio implica un trabajo conjunto con titulares de derechos obligaciones y responsabilidades, fortaleciendo sus capacidades para la prevención y resolución de conflictos así como la construcción de paz. En ese sentido, el objetivo principal es contribuir a la transformación de estructuras de inequidad en el ámbito social, económico y político en las zonas afectadas por el conflicto armado en el suroccidente de Colombia, que han normalizado la violencia de género y sexual hacia las mujeres especialmente afrodescendientes e indígenas. El convenio se ejecuta en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca entre enero 2015 y diciembre 2018.

Logros y resultados

• En sus dos primeros años de ejecución el Convenio ha tenido en general un alto grado de cumplimiento de los resultados esperados según los indicadores establecidos. Los niveles de cumplimiento más altos se han dado en aquellos componentes cuyo éxito dependían en gran medida de la gestión y recursos de Alianza y el propio convenio. Sin embargo, en aquellos resultados que dependían más de la voluntad política, se presentaron mayores dificultades.
• Se ha podido constatar una diversidad de actividades de formación en temas de Violencia de Género y Sexual gestionadas y concertadas con instituciones públicas (titulares de obligaciones) y organizaciones de segundo nivel que tuvieron un impacto importante en las personas, principalmente mujeres, que participaron en las mismas.
• Durante la evaluación intermedia se pudo constatar la participación de las comunidades en la elaboración de planes de desarrollo municipales lo que representa un logro importante en términos de gestión de participación en el ámbito público.
• Una de las principales fortalezas del convenio durante los primeros dos años ha sido la construcción de acuerdos, sinergias y espacios de diálogo y concertación entre los diferentes actores clave involucrados que ha permitido, en muchos casos, generar un efecto multiplicador con efecto en cascada.

Reflexiones finales

En líneas generales, el Convenio podría resumirse como pertinente, coherente con un alto grado de eficacia en materia de ejecución; no obstante, existen elementos en los que se puede seguir trabajando para el logro de su sostenibilidad. A continuación destacamos algunas recomendaciones:

• Elaborar estrategias más específicas de colaboración y sinergias con el sector privado e instituciones públicas debido a las limitaciones presentadas, principalmente por falta de voluntad política y compromiso de los actores involucrados.
• Desarrollar capacitaciones en “nuevas masculinidades” que incorporen un mayor protagonismo y sensibilización de los hombres en los procesos de violencia basada en género (VBG) y violencia sexual (VSCA).
• Vincular el trabajo en equidad de género y la sensibilización sobre gestión de procesos de VBG y VSCA a acciones de empoderamiento en aspectos sectoriales del desarrollo.
• Los planes de contingencia desarrollados son un buen primer paso, pero es necesario un apartado de análisis de riesgos más estructurado, así como identificar escenarios concretos, planes de acción y responsabilidades no solo para situaciones de violencia y conflicto sino para las de origen natural y socionatural.
• Los resultados están formulados de forma general y focalizados en consecución de procesos y servicios y sus indicadores formulados de forma que permiten medir los logros de forma colectiva y cuantitativa pero no individualizada y cualitativa, faltando indicadores que para medir adecuadamente los cambios logrados en la vida de las familias y personas.

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