Puede parecer exagerado el título de este artículo, aunque quizás no lo sea si reflexionamos sobre las medidas que durante las últimos meses han erosionado la situación de los derechos de las mujeres. La exclusión de mujeres sin pareja y lesbianas de los tratamientos públicos de fertilidad; la eliminación de los servicios municipales de igualdad y de ayuda a las víctimas de violencia de género; la propuesta de incluir en las estadísticas de víctimas solo a aquellas que hayan sido hospitalizadas más de 24 horas; el anuncio de una nueva ley del aborto para finales de año… Todas estas actuaciones no responden a una necesidad económica sino a un interés ideológico que pretende devolver los derechos de las mujeres a un sistema anacrónico, más propio del siglo XX que de la época actual.

La exclusión de lesbianas y mujeres sin pareja de los tratamientos de fertilidad públicos forma parte de la revisión de la cartera común de servicios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En una primera propuesta, se citaba como requisito que la pareja debía estar integrada por una mujer menor de 40 años y hombre menor de 50 años. La respuesta no se hizo esperar ni en la red ni en la calle, donde se organizó un escrache feminista frente al mismo Ministerio para protestar contra los recortes de estos derechos. Ante la polémica que suscitó el concepto de pareja integrada por hombre y mujer, la Ministra Ana Mato dio marcha atrás, pero mantuvo el requisito de la infertilidad. El resultado fue el mismo: en la práctica, las mujeres lesbianas o sin pareja quedan excluidas de estos tratamientos.

Pese a la matización de los términos en el documento final, la consecuencia de la reforma sigue siendo la discriminación en el acceso a la fecundación a una parte de la sociedad, para perpetuar un modelo de familia determinado. Además, una sentencia del Tribunal Superior de Asturias condenando a la sanidad pública a pagar la fecundación a una mujer a la que se le había negado por ser lesbiana, revela que la medida es contraria al principio de igualdad de trato y no disminución por razones de sexo amparado por la Constitución.

Asimismo, Mato también ha planteado añadir el número de mujeres heridas por violencia machista al recuento de víctimas, pero sólo tendrán esta consideración las que permanezcan en el hospital más de un día. A las personas que redactan esta propuesta (y a otras muchas también), se les olvida que la agresión física solo es una de las formas de violencia. Existen otras formas invisibles como la humillación o el chantaje emocional y cuyas víctimas permanecen, en muchas ocasiones, en el olvido, sin pasar por un hospital. Y son precisamente estas heridas las que dejan más ‘marca’ durante el resto de sus vidas. En este sentido, la encuesta (2011) que se realizó desde el Ministerio de Igualdad junto con el CIS, demostró que en España son casi 600.000 las mujeres que sufren la violencia de género, y que cerca del 80% no denuncia ni acude a un hospital diciendo que ha sido agredida por su pareja.

Por otra parte, la Ley de Reforma Local suprime las competencias municipales en políticas de igualdad. Esta podría ser también anticonstitucional, pues atenta contra el principio mismo de autonomía local. Y lo que es aún más preocupante, supone un retroceso en la lucha contra la violencia de género ya que pone en riesgo a las mujeres que hasta ahora se beneficiaban de estas políticas locales. Para tratar de valorar lo que supondrá esta reforma, basta con mirar las previsiones del Instituto Andaluz de la Mujer, que reconoce que se eliminarán 169 Centros Municipales de Información a las Mujeres (CMIMs) y se dejará de atender a más de 100.000 mujeres. Además, esto resulta aún más irracional cuando se conoce la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género dotada con más 1.500 millones de euros hasta 2016. Entendemos que la prevención y la información tiene que ser una de las principales vías para acabar con la violencia contra las mujeres, una epidemia que ya ha acabado con la vida de 29 mujeres en España hasta el 19 de julio de este año.

La cuestión del aborto es una lucha que siempre está presente. Ahora, tres años después de la aprobación de La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que habrá una nueva a finales de este año. Basándonos en sus distintas intervenciones públicas durante los últimos meses, algunas medidas parecen claras, como por ejemplo, la vuelta a la fórmula anterior de supuestos, y excluir el de malformación del feto. Además, la eliminación de la educación sexual y la inclusión del aborto como delito en el Código Penal son otras de los aspectos que podría modificar la futura ley. Numerosas voces se han elevado asegurando que la reforma supondrá 30 años de retroceso. Sin duda, será un largo proceso hasta su aprobación, pero nosotras seguiremos exigiendo el derecho a decidir sobre la sexualidad, el cuerpo y el estilo de vida de las mujeres.

Lo que parece claro es el trasfondo ideológico de unas medidas que, disfrazadas de recortes motivados por la crisis, nos imponen una regresión al pasado, al  patriarcado, y a la pérdida de libertades, autonomía y derechos de las mujeres, tan duramente conquistados en las últimas décadas. La conquista de derechos no entiende de pausas o pasos atrás. Este camino comenzó hace mucho tiempo y solo tiene un destino posible: la igualdad.