Alertamos de la escalada de violencia en el sur de Colombia al año del acuerdo de paz con las FARC

Vendredi, 20 octobre 2017

Alianza pide al Gobierno colombiano y la comunidad internacional que se reconozca la situación de crisis humanitaria y se garantice la protección para las personas amenazadas por la violencia y forzadas a desplazarse después de que líderes de comunidades hayan sido asesinados en los últimos días en Tumaco (Nariño).

colombia

Alianza por la Solidaridad, presente en Colombia desde hace 17 años en las zonas del conflicto armado, alerta de la escalada de violencia que las últimas semanas están teniendo lugar en el sur de Colombia, en concreto en el municipio de Tumaco (Nariño), donde se han producido ya 9 asesinatos, entre ellos el de un líder comunitario con el trabajabamos desde hace tiempo, José Jair Cortés, y los de dos indígenas awá horas después.

Somos testigos de la violencia ocasionada en la zona rural y urbana de Tumaco por no aplicarse las medidas sobre acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos, incluidas en los Acuerdos de Paz de hace un año entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

Las comunidades están quedando confinadas al ver limitada su movilidad por restricción de horarios y ‘fronteras invisibles’, a la vez que aumenta el desplazamiento forzado de la zona rural, entre barrios dentro de Tumaco y hacia otros municipios, el reclutamiento forzoso de jóvenes por nuevos grupos armados y las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas que apoyan el acuerdo de paz y defienden los derechos de la población y su territorio. El 17 de octubre, la víctima ha sido José Jair Cortés, del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Cortés era reconocido por su liderazgo en la zona y Alianza por la Solidaridad trabajaba con él y otros compañeros suyos en diferentes proyectos de ayuda humanitaria, en la puesta en marcha de agroproyectos y en el fortalecimiento de la organización comunitaria. Horas después, en la misma zona, fueron asesinados dos indígenas awá al ser disparados desde un vehículo.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre en Alto Mira y Frontera fueron asesinados seis campesinos y heridas otras 20 personas por la fuerza pública y que el 8 de octubre fue atacada con bombas de aturdimiento y disparos al aire una misión humanitaria conformada por autoridades y organizaciones internacionales. También en la ciudad, desde ese día hay enfrentamientos en varios barrios, donde hombres armados han impuesto toque de queda, generando temor en la población. Más de 1.500 personas han tenido que dejar sus viviendas.

, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que atribuyan a cada persona según sus necesidades, reduciendo la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000 al 52% para los de más de 300.000, en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la justicia social y de género, y es dudoso que las rebajas permitan financiar el gasto social.

Todo ello sucede en un contexto complejo en el que el Gobierno ha iniciado el programa de erradicación de cultivos de coca, recogido en el punto 4 del Acuerdo de Paz, sin tener en cuenta que muchas aldeas se habían acogido al programa colectivo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, en el que se garantizaba un proceso gradual que no se ha cumplido por parte de las instituciones: los campesinos no han recibido apoyo para ese cambio y la población se ha quedado sin alternativa para su subsistencia. Alianza por la Solidaridad constata que esta situación está generando momentos de violencia extrema, también contra las mujeres.

Ante esta situación solicitamos:

  • Que se implementen de manera efectiva los acuerdos de Paz y que se ponga especial atención en las zonas rurales, especialmente aquellas en las que se lleva a cabo la erradicación y sustitución.
  • Que se respete la vida, cese la violencia y se garantice la protección de las comunidades afro colombianas, indígenas y campesinas.
  • Que se den garantías a líderes y lideresas amenazados y se les brinden las medidas adecuadas de protección.
  • Que se respeten los derechos colectivos y se solucionen los problemas territoriales.
  • Que las instituciones del Estado colombiano lleguen a las zonas afectadas y cumplan con lo pactado en los acuerdos de paz de manera efectiva y participativa.
  • Que se proteja la integridad física y psicológica de todas las personas.
  • Que se garantice el acceso de los actores humanitarios a las zonas para brindar atención a las poblaciones.
  • Que la Comunidad internacional, especialmente la UE y el Gobierno español, tomen medidas junto con el gobierno colombiano para garantizar la adecuada respuesta humanitaria a esta situación.

Tumaco, en el departamento de Nariño, cuenta con una población en un 89% afrocolombiana entre la que el 48% tiene sus necesidades básicas insatisfechas y en torno al 16% viven en la miseria. En Colombia, 10 municipios concentran el 50% de los cultivos de coca, que pasaron de 45.748 hectáreas en 2015 a 70.579 en 2016. Tumaco está en el primer puesto con el 16%. Son municipios con al menos tres características comunes: son fronterizos, lugares en los que existen dos o más grupos y donde la presencia del Estado colombiano ha sido precaria.


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