UNE AUGMENTATION DE 25 % LES MENACES ET LES ATTAQUES DE DEFENDERS OF HUMAN RIGHTS IN GUATEMALA

Vendredi 16 février 2018
Rosa M Tristan

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  • Alianza por la Solidaridad denuncia la persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano
  • Denuncia reformas legales en el país que recortarán derechos de libertad de expresión y manifestación al considerarlos actos de terrorismo
  • Siguen las movilizaciones en el territorio del río Cahabón por el encarcelamiento de su líder Bernardo Caal Xol

 

Un total de 328 defensores y defensoras de derechos humanos han sufrido amenazas y agresiones en Guatemala en 2017 (entre enero y octubre), de los que 72 era líderes indígenas, lo que supone un 25% más que el año anterior (263). Asimismo, según la organización UDEFEGUA, 55 personas fueron asesinadas por defender sus derechos y los de sus comunidades, una situación que para Alianza por la Solidaridad pone de manifiesto la indefensión de quienes defienden sus territorios en el país centroamericano, en muchos casos frente a grandes macro-proyectos empresariales en los que no se tiene en cuenta el impacto socio-ambiental ni hay consultas previas, libres e informadas a las comunidades afectadas.

 

El último informe de UDEFEGUA destaca que el 40% de estas agresiones y amenazas fueron contra mujeres, quienes están protagonizando muchas de las movilizaciones por la defensa de derechos y cuyo liderazgo está más invisibilizado. La mayor parte de los casos fueron delitos de difamación, seguidos de asesinatos, intimidaciones y denuncias judiciales contra defensores y defensoras.

 

Alianza por la Solidaridad denuncia que, justo un año después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución instando al Gobierno de Guatemala a adoptar medidas urgentes de protección para los defensores de los derechos, la situación por tanto no sólo no ha mejorado, sino que esté empeorando.

 

Una prueba de ello es la reforma, en estos momentos en discusión en el país, de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, que tiene como fin controlar, burocratizar y limitar la libertad de acción y de expresión de las ONGs, tanto nacionales como extranjeras en Guatemala, al exigirles que se limiten a acciones en sectores asistenciales y no de denuncia. Paralelamente, se ha propuesto la reforma el Código Penal, de forma que sea considerado como delito de terrorismo la obstrucción al tráfico (habitual en manifestaciones y protestas) y como ciberterrorismo la utilización de las redes sociales para criticar y requerir acciones del Gobierno.

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Alianza por la Solidaridad recuerda que, junto a las amenazas y agresiones, también hay casos de persecución judicial por la defensa del territorio, como es el caso, entre otros, del líder q’eqchi’ Bernardo Caal Xol, en prisión tras encabezar las protestas en defensa del río Cahabón frente a grandes proyectos hidroeléctricos (OXEC y RENACE). Caal Xol está encarcelado desde el pasado 30 de enero bajo acusaciones, sin pruebas, realizadas por trabajadores de la primera de estas empresas. En la segunda, RENACE, está implicada la empresa española Grupo Cobra (ACS), subcontratada para hacer la obra. Por este caso, se están desarrollando movilizaciones y cortes de carreteras en las comunidades del Cahabón exigiendo su libertad, ignoradas por las empresas y las autoridades.

 

Alianza por la Solidaridad ha lanzado una campaña de recogida de firmas, con apoyo de Greenpeace España y de la ONG guatemalteca MadreSelva, en la que también exige la inmediata puesta en libertad del líder q’eqchi’ y manifiesta la preocupación por el hostigamiento y la criminalización contra quienes luchan en defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente.

 

La ONG recuerda que el Parlamento Europeo en su resolución de 16 de febrero de 2017, pidió a la UE y a sus estados miembros, que se adopten acuerdos internacionales vinculantes que refuercen el respeto de los derechos humanos, especialmente en el caso de las empresas con sede en Europa que trabajan en terceros países, un asunto en el que no se ha avanzado.

 

De hecho, en España, ACS se escuda en que su participación como subcontrata le exime de responsabilidades en el respeto a los derechos humanos y/o el medio ambiente. De esta manera, deja sin respuesta la entrega, el pasado mes de noviembre, de las más de 25.500 firmas en las que se pide que paralice las obras de RENACE, un proyecto que afecta a unos 30 kms de cauce del río Cahabón y a 29.000 indígenas. Con estas firmas se le pedía que paralizaran las obras hasta que haya una consulta comunitaria y un informe de impacto socio-ambiental completo que asegure el respeto de los derechos humanos y el ecosistema del territorio indígena.


Une réponse à “AUMENTAN UN 25% LA AMENAZAS Y AGRESIONES A DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA”

  1. fulvia de león dit :

    La lucha debe hacerse de manera regional y no local. Se hace necesario concatenar los movimientos sociales de un mismo tipo, es decir, feministas, o del medio ambiente, etc.

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