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#Stopacaramiento llega al Congreso de los Diputados

Lundi, 30 juin 2014

La #MarcaEspaña no puede generar pobreza y hambre. Alianza por la Solidaridad ha expresado ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y ante la Comisión de Asuntos exteriores su preocupación ante el caso de acaparamiento de tierras llevado a cabo por la empresa española Agrogeba en Guinea Bissau, que ha supuesto la expulsión de más de 600 personas de sus tierras.

CongresoAcaparamiento

Con nuestra campaña “#Stopacaparamiento: por unas inversiones responsables” exigimos una mayor vigilancia ante las inversiones extranjeras directas en países en desarrollo, especialmente las que llevan a cabo las PyMES, porque suponen un grave peligro para el derecho a la alimentación de las poblaciones con las que trabajamos. Tanto Alejandro Alonso, portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como Mariví Monteserín, portavoz de la Comisión de Asuntos exteriores, han manifestado su compromiso por investigar el caso Agrogeba et le soutien aux personnes touchées par l'arrivée de la société espagnole, producteur de riz en Guinée-Bissau. En fait, ils ont déjà obtenu une pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados de demander des explications sur le cas.

Aprovechando la visita a España de Aua Keita, responsable de seguridad alimentaria de Aprodel, nuestra socia en Guinea Bissau, para participar en un curso sobre Activismos africanos de la Coordinadora de ONGD, A voulu prendre son témoignage au Congrès des députés pour faire connaître les conséquences de mauvaises pratiques commerciales derrière « Mark Espagne » générer la pauvreté et la faim dans les pays en développement.

También tuvimos la oportunidad de reunirnos con Jaime Hermida, subdirector de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para conocer el impacto que el “Plan de Derechos Humanos y Empresas”, aún sin fecha para su aprobación, puede tener sobre casos como el de Agrogeba.

Este Plan, creado con el objetivo de aumentar el control del Gobierno sobre las malas prácticas de las empresas españolas en el exterior, establece que las Embajadas en el exterior actuarían como oficinas de mediación de quejas y plantea la posibilidad de suspender ayudas para la internacionalización de las empresas si se demuestra un incumplimiento de los Derechos Humanos. Sin embargo, parece que el Plan tendrá una efectividad mínima: buenas intenciones pero pocos mecanismos de sanción y ninguna dotación presupuestaria para su puesta en marcha.


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