En un contexto en que las noticias sobre violencia hacia las mujeres con componente sexual llenan los titulares de los periódicos –recordemos las violaciones múltiples de Pamplona y Córdoba– las 13 organizaciones firmantes solicitamos el reconocimiento de esta conducta como violencia de género a todos los efectos, cuando se conmemora el Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en esta definición cualquier acto dirigido contra la sexualidad de una persona y comprende situaciones como tocamientos, roces, agresiones, acoso sexual callejero, exhibicionismo o violaciones. Es una manifestations de violence de genre plus répandue e invisible y afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, tanto en el espacio público como en sus relaciones íntimas: 1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física y sexual en todas las regiones del mundo, incluida Europa Occidental.
L'enquête menée par l'Agence européenne des droits fondamentaux reflète une 3,7 millones de mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna forma de violencia sexual durante los 12 meses previos a la realización de las entrevistas en el año 2014. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres que tienen o han tenido relación con un hombre han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja.
Las manifestaciones que en la actualidad son reconocidas como violencia sexual son: el acoso sexual, las agresiones sexuales (incluido el abuso sexual), la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, junto con aquellos comportamientos vinculados con la cosificación de los cuerpos de las mujeres.
En Espagne il n'y a pas d'enquêtes publiques en profundidad ni se recogen datos sobre violencia sexual hacia las mujeres de manera sistemática. Aún así, sabemos que durante el periodo 2011-2014, el 85% de las víctimas de estos delitos en nuestro país (27.730) fueron mujeres y niñas, aunque esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas un 10% de las totales. Esta falta de datos invisibiliza aún más el problema.
Por otro lado, es importante recordar que la violence sexuelle est exclu de la Ley Orgánica 1/2004, des mesures de protection intégrale contre la violence de genre. Esta situación deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de vulnérabilité, pues no existe un marco normativo que garantice sus derechos, a la vez que expone a las mujeres que sufren acoso o agresiones sexuales por parte de su pareja o expareja a una situación de indefensión jurídica.
En cuanto a la atención a las mujeres afectadas, es vital reseñar que de las 17 comunidades autónomas que conforman el Estado español, sólo 9 disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia). A nivel estatal, no hay un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual. En algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas.
Cette situation crée desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado. Por todo esto, consideramos que frente a la violencia sexual, hay una escasa respuesta institucional y ausencia de políticas públicas para combatirla.
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, exhorta a los Estados parte a establecer medidas para la prevención, protección y reparación de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia sexual, así como a la persecución de dicha violencia. Aunque está vigente en España desde el 1 de agosto del 2014 y es de obligatorio cumplimiento, las entidades sociales desconocemos cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para su implementación.
Existen colectivos que por su especial vulnerabilidad están más expuestos a sufrir violencia sexual, como las niñas, las jóvenes, las mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes –en especial aquellas en situación administrativa irregular–, las empleadas de hogar, mujeres con diversidad funcional o aquellas sin hogar o con adicción a drogodependencias.
Un cambio de visión sobre la violencia de género que incorpore la violencia sexual como eje actual de dominación. Eso implica cambios legislativos (penal y ley integral), educativos, y en la regulación de la publicidad, entre otros aspectos. En concreto, solicitamos:
Aprovechando la oportunidad que nos brinda la existencia de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entités nous proposons d'engager le dialogue en el que poder ofrecer nuestra experiencia, nuestro conocimiento profundo y nuestra forma integral entender la problemática de la violencia sexual.
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