Ser mujer y defensora de la tierra es un trabajo de alto riesgo.  Enfrentarse a empresas extractivistas o acaparadoras de recursos como el agua, pone en peligro la vida de los y las activistas, pero en el caso de las mujeres, las represalias son mucho más fuertes.

Asesinatos, criminalización, persecuciones, denuncias, violencia… es la realidad con la que conviven a diario activistas de Derechos Humanos y lideresas comunitarias en todo el mundo. Sin embargo, América Latina es la región más peligrosa del mundo para las protectoras de la madre tierra.

Las mujeres tienen un gran protagonismo en la defensa de recursos como la tierra, los ríos o los bosques. Sin embargo, su lucha suele estar invisibilizada por la discriminación de género. Ambas cuestiones provocan una violencia específica hacia las mujeres defensoras.

Las defensoras tienen que afrontar las amenazas de las empresas, las instituciones del Estado, la discriminación de su entorno comunitario y familiar, e incluso, en muchas ocasiones, la discriminación de sus compañeros en las organizaciones.

Visibilizar su labor es protegerlas. Apoyar su lucha es apoyar sus demandas y las de sus comunidades en los conflictos socioambientales que enfrenta a David contra Goliat.

Algunos datos:

2.200
millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable, según datos de Naciones Unidas.
1.500
defensores y defensoras medioambientales han sido asesinadas al menos en los últimos 15 años en todo el mundo.
x 5
se han multiplicado los asesinatos de activistas en Guatemala. Pasó de 3 en 2017 a 16 en 2018 y a 12 en 2019. Es el país más peligroso del mundo, per cápita, para activistas del medioambiente.

Conoce a María Magdalena Amalia Ana Rosalía Julia Carlota

¡Queremos justicia socioambiental! Y eso pasa necesariamente por:

  • Aumento de la protección de las personas que defienden derechos, específicamente de las mujeres defensoras teniendo en cuenta la violencia específica que sufren.
  • Apoyar la defensa de los derechos de las Defensoras de Derechos y su activismo.
  • El respeto de los Derechos Humanos y del medioambiente en las intervenciones empresariales que se llevan a cabo en el Sur Global.
  • El fin de la impunidad de las empresas transnacionales en los países del Sur Global. Un cambio que pasa por la aprobación de una Ley de debida diligencia en España y una Directiva en la UE, que incluyan la dimensión de género, y que faciliten que las empresas que identifican, previenen mitigan y rinden cuentas por los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medioambiente.
  • La liberación de todas las defensoras encarceladas y la protección de todas ellas frente a los intentos de criminalización.