Las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables (Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Coordinadora Estatal de Comercio Justo (31 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones), Oxfam Intermón y USO) hemos instado al Gobierno español a que lleve a cabo cuanto antes una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales.

A través de una carta hemos expresado, al presidente y a las tres vicepresidentas del gobierno, nuestra preocupación por la falta de acción del ejecutivo en emprender una Ley de Debida Diligencia. Esta ley debe obligar a las empresas españolas a respetar los derechos humanos y medioambientales en su cadena de valor. Asimismo debe garantizar el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Aquí puedes ver nuestras peticiones y una propuesta técnica para que todo esto sea posible.

Cuatro años sin resultados

Hace cuatro años que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mostró su preocupación por los vacíos del ordenamiento jurídico español. En ese entonces se recomendó a España adoptar medidas legislativas en este sentido.

A pesar de que el gobierno y los partidos de coalición, lo incluyeron en sus programas electorales, estas promesas sólo permanecen en el papel. Hasta la fecha el gobierno no parece que estén trabajando en este sentido y se desconocen los pasos concretos para presentar un borrador de ley.

El resto de Europa sigue adelante

Países como Francia, Alemania y Noruega ya han aprobado la legislación de debida diligencia. Otros como Luxemburgo, Austria, Bélgica y Holanda tienen procesos legislativos en marcha. También antes del fin de 2021 la Comisión Europea publicará el primer borrador de directiva de Gobierno Corporativo Sostenible. Dicho borrador regulará la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales y que será obligatoria para las empresas europeas.

Este contexto internacional brinda la oportunidad a España de convertirse en referente en el liderazgo y la promoción de los derechos humanos. Pero para ello, España debe abordar antes del fin de esta legislatura, la promesa de llevar a cabo e implementar una Ley de Debida Diligencia.

“En la actualidad hay empresas en España que abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos”, añade Isabel Tamarit, portavoz de la Plataforma por las Empresas Responsables.