“Nos quitan el trabajo”, “son delincuentes”…Nuestra sociedad criminaliza a las personas migrantes con una facilidad asombrosa. Pero lo cierto es que ésta aporta grandes beneficios al conjunto de la misma. Es un hecho real demostrado por diversos estudios e instituciones nacionales e internacionales. Un ejemplo: los migrantes contribuyeron a la mitad del fuerte crecimiento que se produjo en España entre 2000 y 2005.
Sin embargo, nuestro marco legal no ayuda precisamente a la inserción de los inmigrantes, es más, lo dificulta. Nuestra Ley de Extranjería marca el inicio de un ciclo represor que divide a las personas entre ciudadanía (documentados/as) y no ciudadanía (no documentados/as) y a partir de la que se articulan toda una serie de mecanismos que impiden o dificultan a las personas migrantes acceder a derechos y servicios: desde a un puesto de trabajo pasando por la educación, la sanidad y la protección social.
Las personas que se encuentran en situación administrativa irregular están sometidas a situaciones de angustia continua, pudiendo ser paradas por la policia en cualquier momento o, incluso, llegando a ser recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o ser deportadas a su país de origen.
Datos 2018: