María Magdalena Cuc Choc, mujer indígena q’eqhi del municipio de El Estor en el departamento de Izabal en Guatemala.

Como mujer indígena y ante la rabia de ver lo que estaba sucediendo en su comunidad, se comenzó a preguntar qué estaba pasando. Así que investigó y visitó varias comunidades afectadas por las actividades de empresas extranjeras. Muchas mujeres solo hablan el idioma q’eqhi, por lo que no se pueden defender frente a las multinacionales. Al constatar las violaciones y vulneraciones de derechos que se estaban produciendo se empezó a preguntar cómo podían conseguir acceder a la justicia. Tras mucho trabajo lograron poner una demanda en Canadá, país de origen de la empresa minera responsable de los desalojos de las familias.

Durante este proceso, que comenzó en 2007 y, en su papel como intérprete al castellano, comenzó a apoyar a las comunidades en sus luchas por el territorio y se fue transformando en lideresa y defensora de los Derechos Humanos y de las comunidades a las que representa. La defensa del territorio ancestral que les pertenece, le ha supuesto amenazas, persecución, su criminalización y encarcelamiento por acompañar a los pueblos en los procesos de demanda judicial y por defender los derechos de los pueblos y las mujeres en los tribunales. Su orden de arresto incluía usurpación agravada, detención ilegal y amenazas a 7 hombres usando armamento de alto calibre.

Sus comunidades están seriamente amenazadas

Su municipio, como muchos habitados por población indígena, está seriamente afectado por la actividad de empresas mineras que los despojan de sus tierras; así como agroempresas de monocultivo de palma africana, caña de azúcar y bananera, que llevan años contaminando y destrozando las tierras fértiles del territorio q’eqhi. El territorio y sus habitantes también están afectados por las empresas hidroeléctricas, que junto con las mineras y las agroempresas están contaminando sus ríos y lagos, que son su fuente de sustento. Incluso el bello Lago Izabal, donde las familias van a pescar, está siendo contaminado.

Las empresas llegaron a sus territorios contando que iban a llevar el desarrollo gracias a sus proyectos. Sin embargo, la población denuncia que lo único que realmente les ha dado “el hombre blanco” es sufrimiento, violencia, prostitución, violaciones, alcoholismo, fracturas familiares…

Unido a todo esto, también se han de enfrentar al negocio del narcotráfico y la violencia que conlleva, amparado por los grandes empresarios y por el Congreso de Diputados y el Gobierno de Guatemala, que ordena expropiaciones de tierras, estado de sitio y amenazas para los pueblos indígenas, cuando alzan la voz para reclamar sus derechos.

La pandemia ha agravado la situación

En esta situación de tanta vulnerabilidad y violencia, durante el último año han tenido que enfrentar la pandemia de la covid-19 y catástrofes naturales.

Las mujeres indígenas son las más afectadas por los desalojos y las vulneraciones de derechos de las empresas. Ellas han sido violadas por agentes de seguridad y policías nacionales durante los desalojos, en los que también se quemaron sus viviendas y todas sus pertenencias. En este contexto, son las mujeres las que protegen a sus hijos e hijas de la violencia y huyen a las montañas a refugiarse.

María Magdalena denuncia que el gobierno vela por los intereses de las grandes empresas y capitales nacionales e internacionales, dejando al pueblo de lado, oprimiéndolo y vulnerando sus derechos.

La Ley en Guatemala está articulada para los corruptos y prevalece la mentira a favor de las grandes empresas.

Mientras los gobiernos corruptos y las empresas asentadas en el territorio crean alianzas para ver favorecida su riqueza, el pueblo indígena sigue luchando. Pese a que su enemigo es poderoso, su voz sigue alzándose, porque como mujer indígena tiene derechos. Seguirá resistiendo y defendiendo su territorio ancestral.