Las organizaciones Alianza por la Solidaridad y Action Aid alertan de la aprobación esta semana, en el Congreso de los Diputados de Guatemala, de la reforma de una ley que implicará la amnistía total para criminales de guerra que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado de los años 80 del siglo pasado en el país centroamericano.

Ambas ONG, que trabajan en Guatemala desde hace años, denuncian unas modificaciones en la llamada Ley de Reconciliación Nacional que implican la libertad para condenados por delitos como el genocidio, la desaparición forzada, violaciones sexuales o tortura. La reforma, que llega a su fase final en el Congreso el miércoles, día 13, se aplicaría con la retroactividad de la ley que consagra la Constitución a todos los que fueran autores, cómplices o encubridores de estos delitos, que deberán salir en libertad en un plazo de 24 horas.

Esta Ley de Reconciliación Nacional se aprobó en 1996 como parte de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y recogía la amnistía para los delitos cometidos durante la guerra, salvo los crímenes de lesa humanidad, tal como obligan los convenios y normas internacionales suscritas por Guatemala.

Basándose en esta normativa, en estos 23 años las organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares han llevado a juicio a varios militares implicados en este tipo de crímenes, como el caso de Genocidio (masacres contra del pueblo Ixil), el  de Sepur Zarco (una aldea en la que 14 mujeres q’eqchí fueron secuestradas por militares, que las esclavizaron y violaron), el de Molina Theissen (la desaparición forzada de un menor), la masacre de Cobán (se localizaron más de 500 osamentas de personas en un cementerio clandestino en una base militar), etcétera. Todos los condenados por estos casos quedarán libres de aprobarse la reforma, entre ellos los dos militares encarcelados en 2016 por el caso de Sepur Zarco,  tras la denuncia contra ellos que interpusieron 12 de las mujeres esclavizadas con el apoyo de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM).

Dado que la propuesta de reforma es defendida por diputados del partido oficial, al que pertenece el presidente Jimmy Morales, y por otros partidos de la Cámara es previsible que sea aprobada, pese al rotundo rechazo de distintas instituciones nacionales e internacionales tanto sociales como de Derechos Humanos. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya alertó de que supone un retroceso para los derechos de las víctimas y “una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, inclusive crímenes de lesa Humanidad”.

Por su parte, Demecia Yat, una de las víctimas de Sepur Zarco y representantes de todas ellas, ha enviado una carta a los jefes de los partidos políticos en contra de esta Iniciativa de Ley 5377, en la que señala: “Nos oponemos totalmente a estas reformas porque son varios los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se probó su responsabilidad en los tribunales y por eso están condenados. Fue mucho el sufrimiento que pasamos antes y después, cuando seguimos el juicio. Esas reformas sólo quieren dejarlos libres a ellos y a otros que están pendientes de denunciarlos”.

Por su parte, la Coordinadora del Movimiento Nacional de Víctimas, que aglutina varias organizaciones de derechos humanos y sociales en Guatemala, ya ha anunciado acciones legales en contra de los diputados que aprueben las reformas.

Para Alianza por la Solidaridad y Action Aid esta reforma es un ejemplo más de la huida hacia delante de un Gobierno que en el último año ha vulnerado convenios y acuerdos internacionales con total impunidad, como ha ocurrido con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hoy en el país pero poco operativa, con el encarcelamiento de líderes ambientales como Bernardo Caal Xol, preso por defender un río indígena de dos hidroeléctricas (Oxec y Renace) y Abelino Chub Caal (defensor de las tierras comunitarias q’eqchi’es en Alta Verapaz) o con la reforma propuesta para la Ley de las ONG, que limitará la libertad de expresión y dejará a las organizaciones sociales supeditadas a los ministerios oficiales, con un carácter fundamentalmente asistencialista y nula capacidad de reacción frente a acontecimientos que afectan a derechos de la población guatemalteca.

Recuerdan que todo ello tiene lugar con un presidente que ha sido acusado de formar un “pacto de corruptos” con poderosos empresarios y cuyo partido, a las puertas de elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de junio, acelera reformas que recortan los derechos humanos y favorecen a altos mandos del Ejército, como es esta nueva reforma.

Alianza y Action Aid exigen a la comunidad internacional que presionen al Congreso de Guatemala y a su presidente para dar marcha atrás a las modificaciones de esta Ley de Reconciliación Nacional, dado que esta posible amnistía de condenados por crímenes de lesa humanidad va contra lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normativas internacionales.

En España, Alianza por la Solidaridad pide al Gobierno español que se posicione en Guatemala a favor de los derechos humanos y de las víctimas que quedarán desprotegidas con estas modificaciones. No podemos permanecer al margen de lo que sucede en un país al que nos unen en estos momentos importantes lazos económicos, dado que en Guatemala invierten grandes empresas españolas.

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La activista indígena Rosalina Tuyuc particpa, rodeada de fotografías de víctimas de la guerra civil, en una protesta frente al Congreso de Guatemala - EFE