derechos humanos, manifestación Perú

Verdad y justicia para Perú

Foto: Hugo Curotto / GEC. El Comercio

La violenta represión policial y violación de los derechos humanos suscitada en Perú, en el marco de las recientes movilizaciones ciudadanas, produjo la muerte de dos jóvenes, detenciones arbitrarias y más de 100 heridos por diversos proyectiles. Además, el secuestro y la tortura denunciada por uno de los manifestantes que fue reportado como desaparecido a partir de los hechos de represión.

La llegada de Manuel Merino al poder tras la destitución de Martín Vizcarra fue considerada ilegítima por la sociedad civil. Ésta no se sentía representada por esta decisión y desató una oleada de protestas pacíficas en diversas ciudades del país demandando respeto a la democracia. El 14 de noviembre, en Lima, la marcha comenzó en el centro histórico, las manifestaciones avanzaron de manera tranquila hasta cercanías del Palacio Legislativo. Al decidir asentarse en la avenida Abancay, un gran contingente policial comenzó a golpear, disparar gases lacrimógenos y disparar municiones contra ellos y los periodistas que cubrían el acontecimiento.

“Nos emboscaron. Los policías se fueron contra nosotros y las unidades móviles de los medios de comunicación que cubrían las agresiones que estábamos sufriendo”, señaló Jesús Izaguirre, joven manifestante.

“La policía en lugar de proteger a la población, hizo todo lo contrario. Hay videos que evidencian la violencia ejercida en contra la sociedad civil”, agregó una joven manifestante.

La manifestación como derecho civil

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes y periodistas. Por tal razón, anunció una visita de trabajo a Perú con el objeto de observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales relacionadas con la reciente crisis política.

La manifestación pacífica es un derecho humano. Los Estados deben garantizar la libertad de la ciudadanía de manifestarse, asociarse y expresarse tranquilamente sin sentir miedo a represalias de personas o grupos que posean una opinión contraria, incluso en una situación de emergencia sanitaria como la actual.

A pesar de que la policía se encarga de mantener y restablecer el orden público, debe ser un servicio público de protección, próximo a la ciudadanía. Su actuación debe respetar todo lo dispuesto tanto en los estándares nacionales como internacionales sobre garantía de derechos humanos.

El Estado peruano le debe al país garantizar una transición con respeto irrestricto a los derechos humanos. Y además, debe incluir la lucha contra la violencia, la discriminación de género, étnico-racial y toda forma de exclusión.

Alianza por la Solidaridad lamenta la vulneración de los derechos humanos de las personas y demanda la investigación exhaustiva e independiente de las violaciones a los derechos humanos. Además, exige garantía de protección de las pruebas y sanción a los responsables, la atención y reparación integral a todas las personas heridas y retenidas ilegalmente durante las manifestaciones y la gestión adecuada de manifestaciones, a fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica.

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