25.552 firmas exigen a Florentino Pérez que abandone un río indígena en Guatemala

Viernes, 3 noviembre 2017

Denunciamos ante el Pacto Mundial que las obras de ACS en la hidroeléctrica Renace en Guatemala incumplen los principios que derivan de las declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y medio ambiente que la empresa se comprometió a respetar.

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Representantes de Alianza por la Solidaridad y la ONG guatemalteca Colectivo MadreSelva hemos hecho entrega de 25.552 firmas en las oficinas de ACS en Madrid en la Avda Pio XII, recogidas dentro de su campaña TieRRRa, destinada a promover la responsabilidad social de las empresas.

Con ellas se exige al presidente del Grupo Cobra-ACS que paralice la construcción de la hidroeléctrica RENACE sobre el río Cahabón, en territorio quekchí-maya de Guatemala, unas obras que causan graves impactos ambientales, generan una amplia protesta social y sobre las que no se hizo en su día una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.

Previamente a esta entrega, ambas organizaciones presentamos una carta-denuncia ante la Red Española del Pacto Mundial, plataforma que aglutina a empresas para favorecer el cumplimiento de 10 principios universales de conducta y acción en materia de derechos humanos y empresa, bajo la batuta de la ONU. ACS se adhirió al Pacto Mundial en 2002, por lo que en la carta se pide al presidente de la Red, Angel Pes, que exija su cumplimiento a la empresa española.

Alianza por la Solidaridad recuerda que la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas está recogida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, en vigor en Guatemala desde 1996, mientras que la obra de Renace en el río Cahabón se autorizó de forma definitiva en 2004. Sin embargo, no se hizo esa consulta. En el caso de ACS, tal como el Pacto indica en sus principios, ser empresa contratada para la construcción no la exime de su complicidad con esta vulneración de derechos.

Otra grave vulneración es la falta de responsabilidad ambiental, dado que no existe un informe de impacto ambiental conjunto de las cinco fases de Renace que colapsan el cauce en más de 20 kilómetros en los meses de sequía o que causan daños graves en momentos de lluvias torrenciales. Recientemente, Renace abrió las presas de algunas fases para que sus instalaciones no resultaran dañadas por una crecida del caudal, lo que acabó con importantes daños en el Monumento Natural Semuc Champey, aguas abajo, un enclave reconocido por su valor ambiental a nivel internacional.

En 2015, Alianza por la Solidaridad realizó una investigación exhaustiva de este caso, dentro de su campaña TieRRRa, y tras detectar las mencionadas vulneraciones de los derechos de las comunidades indígenas, inició la recogida de firmas destinadas al presidente de ACS, con objeto de que reconsiderara la continuidad de la construcción. Desde entonces, y a medida que la protesta en las comunidades afectadas ha aumentado, también lo ha hecho la presión de social y judicial sobre los líderes que son sus portavoces, ya sea acusándoles de falsos delitos, con vídeos y pasquines difamatorios o impidiéndoles salir del país con subterfugios judiciales.

La hidroeléctrica se construye en el municipio de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, en una zona considerada de las más pobres del país y donde el 80% de la población no tiene suministro eléctrico -pese a que Renace genera energía para exportar- ni agua corriente en sus domicilios, por lo que muchas familias acuden al río Cahabón para sus necesidades básicas.

Líderes de las comunidades afectadas presentaron en marzo de este año un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se pararan las obras, si bien no ha sido atendido hasta el momento, por lo que ya se estudian nuevas medidas y movilizaciones en la capital.

Ante todo ello, la empresa española, que lidera el ránking mundial de constructoras más internacionales del mundo, no ha dado hasta ahora ninguna respuesta.

Las 25.552 firmas de apoyo de la ciudanía española con los quekchís de Guatemala han sido entregadas en las oficinas de la multinacional por la responsable de campaña TieRRRa, Almudena Moreno, y el abogado del Colectivo MadreSelva de Guatemala, Vladimir Hiram Soto, quien ha viajado hasta Madrid para este acto en sustitución de Julio González, activista de su organización al que se le impidió salir de Guatemala. Las firmas han sido recibidas por Juan José Díaz, Director de Comunicación del Grupo ACS.


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