3.200 millones de personas afectadas por la degradación del 75% de superficie terrestre

Según datos de Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), la degradación de la superficie terrestre afecta a 3.200 millones de personas. El 75% de la superficie terrestre está degradada en algún grado, ya sea por el cambio climático que aumenta la desertificación, por contaminación, deforestación o se han convertido en terrenos para la producción agrícola y ganadera, fundamentalmente dañina cuando es intensiva.

Esta situación, constituye una amenaza para el bienestar de 3.200 millones de personas. Así lo reflejan los datos recogidos por la Unión Europea en un informe sobre desertificación global. El aumento de la demanda de recursos naturales por el consumo, sumado al calentamiento global y los fenómenos extremos asociados, están sometiendo a los territorios en amplias zonas del planeta a una presión insostenible, propiciando la destrucción y aumentando, de este modo, la deuda que los países desarrollados tienen con sus poblaciones.

Justicia Climática

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, queremos recordar qué es necesario poner en marcha mecanismos para que, ante esta presión creciente y degradación de superficie terrestre, se ponga en marcha una efectiva justicia climática. En este sentido es fundamental la reparación a través de compensaciones económicas mediante un fondo que palíe daños y pérdidas en los países que no han provocado el cambio climático con sus emisiones pero sufren los impactos de sus consecuencias.

Creemos inadmisible que en las reuniones previas a la próxima Cumbre del Clima (COP26), como las que tienen lugar estos días, no se esté abordando esta cuestión que es fundamental para dar apoyo a las comunidades más vulnerables del Sur Global.

Degradación de superficie terrestre en el Sur Global

Muy al contrario, pese a que el cambio climático ya genera pérdidas que oscilan entre el 24% y el 36% de la productividad agrícola en áreas de Centroamérica y África, como ha determinado una investigación, a este fenómeno se suma un incremento de la demanda de recursos que cubren el consumo en aumento en los países en desarrollo.

A través de nuestro trabajo, constatamos en diferentes países cómo el extractivismo de las empresas transnacionales está poniendo al límite a numerosas comunidades, ya sea con el acaparamiento de tierras y agua para monocultivos (caña de azúcar, palma africana, determinadas frutas…), o ríos para la construcción de hidroeléctricas.

Ya en 2019, el 8% de las familias en el Corredor Seco centroamericano, muchas de las cuales eran de pequeños agricultores, tenía planeado emigrar hacia el norte del continente en respuesta a las difíciles condiciones en las que vivían, incluyendo una continua inseguridad alimentaria. Una situación que ha empeorado drásticamente tras el paso de dos grandes huracanes, Eta e Iota, en otoño de 2020.

Por otro lado, la falta de perspectivas de mejora conlleva el aumento de los conflictos sociales, como los que en los últimos tiempos se están produciendo en países como Colombia o Haití. En otros países, como Guatemala, Honduras y El Salvador la violencia también se recrudece, aumentando la criminalización de las mujeres y hombres que abanderan la oposición a determinados proyectos empresariales en sus territorios sobre los que no son consultados ni informados.

Una normativa de debida diligencia en España

Además del fondo de daños y pérdidas, consideramos fundamental la puesta en marcha de una normativa nacional sobre debida diligencia que obligue a que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan cuentas por los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Cabe señalar que sólo el 8% de las empresas españolas reconoce que evalúan su impacto en los derechos humanos, según el Pacto Mundial de la ONU en España.

En este sentido, consideramos un paso relevante la reciente la aprobación, por el Parlamento Europeo por amplia mayoría, del informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de ‘Debida diligencia empresarial y responsabilidad corporativa‘, sobre una legislación de debida diligencia obligatoria a nivel de la UE. Esta legislación hace responsables a las empresas para detectar, prevenir y reducir los impactos ambientales y de derechos humanos de sus actividades a lo largo de sus cadenas de suministro.

No obstante, se insta a que la tramitación de esta legislación europea se ponga en marcha cuanto antes y se complete con medidas para protección y acogida en la UE de personas perseguidas por denunciar vulneraciones de derechos ambientales, así como con la inclusión de cláusulas que protejan estos derechos humanos y ambientales en acuerdos comerciales, como el de Mercosur.

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