• Cientos de miles de sirios ven empeorada su situación después de que el Gobierno jordano haya dejado de subvencionar su atención sanitaria.
• Alianza por la Solidaridad mantiene tres centros de atención en salud para las mujeres refugiadas en Jordania.
• Aumentan un 8% los casos de matrimonios infantiles, un 5% las violaciones y un 30% los casos de violencia de género entre las refugiadas sirias en este país.

Siria entró ayer en el octavo año de un conflicto que ha dejado más de 500.000 muertos y casi millones de refugiados, de los cuales cerca de un millón y medio viven en Jordania, según datos de ACNUR, y más de 660.000 no están registrados como tales. Ante la continua recepción de población refugiada (son 89 cada 1.000 habitantes) y el colapso de los servicios públicos, el Gobierno jordano ha endurecido recientemente las condiciones en las que pueden acceder a servicios básicos como la salud.

En concreto, desde Alianza por la Solidaridad hemos comprobado, con preocupación, el impacto de las recientes trabas al acceso de la población refugiada siria a los servicios sanitarios, tras la derogación, el pasado 24 de enero, de una ley que les permitía un acceso subvencionado a los servicios médicos. Así, desde hace dos meses, la población siria tiene que pagar las mismas tasas oficiales que cualquier extranjero en el país, lo que está dejando fuera de esta atención a cientos de miles de personas por falta de recursos para ello.

Datos oficiales de Naciones Unidas señalan que la situación económica de los refugiados sirios es nefasta: en la actualidad el 72% se enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria, en buena parte por no tener posibilidad de trabajar legalmente: el 94% de las refugiadas sirias no están en el mercado laboral y los sirios solo encuentran empleos ilegales y con salarios muy bajos, lo que a su vez genera tensiones con la población jordana. Pese a esta situación de extrema necesidad, más del 40% de los ingresos medios familiares (que son unos 260 euros) se lo gastan en atención médica (unos 110 euros de media).

Nosotros, junto con otras organizaciones, trabajamos a diario en el terreno para mejorar las condiciones sanitarias de la población refugiada, en concreto ofreciendo servicios de salud sexual y reproductiva, así como atención y prevención en violencia sexual y de género en tres centros de atención, pero las cifras empeoran. Antes de la derogación mencionada, ya se había detectado un aumento considerable de embarazadas con dificultades para recibir atención prenatal (un 17% en el 2017 frente al 9% en 2016) y que sólo un 53% de los partos fueron atendidos gratuitamente en hospitales públicos, según datos de ACNUR. Entre las embarazadas, un 67% dieron a luz por parto vaginal y un 32% por cesárea. El precio del parto oscila entre los 150 y 800 euros, según sea un hospital privado o público. Por ello está aumentando el número de partos en casa con matronas, con un mayor riesgo para la salud de las madres y sus hijos, que tampoco reciben atención prenatal.

Todo ello tiene lugar en un contexto en el que el 40% de las refugiadas sirias en el país han tenido un embarazo en los dos últimos años y con un gran  desconocimiento sobre métodos anticonceptivos: tan solo el 48% de los hogares conoce los servicios de planificación familiar como los que ofrecemos, que siguen siendo claves.

A ello se suma que la violencia sexual y de género se ha incrementado un 30% en estos siete años de conflicto, tal como revelábamos en nuestro estudio. También han aumentado las violaciones (un 5% en el último año) y los matrimonios infantiles: en torno al 8% de las niñas en Jordania se casan antes de los 18 años. Ante el aumento de la inestabilidad política, las familias de refugiados casan a sus hijas muy jóvenes para protegerlas de la violación y brindarles protección. Casi un tercio (32%) de los matrimonios de refugiados involucran a una niña menor.

EL REGISTRO DE REFUGIADOS

Tras siete años de guerra, y en contraste con los 2.000 acogidos en España, hay 1,4, millones de sirios en Jordania, de los que solamente 740.160 están registrados por ACNUR oficialmente. De ellos, unos 140.000 viven en tres campos de refugiados. Del resto, la mayoría se encuentran en entornos urbanos. La situación es más crítica para los que no están registrados, unos 660.000, dado que tienen más problemas para acceder a cualquier servicio público, una vivienda o un empleo. Entre los no registrados se encuentran los que dejaron los campos antes del 1 de julio de 2017 sin autorización –prácticamente todos lo hicieron en busca de una vida más estable ante la prolongación de la guerra- o los que nunca llegaron a registrarse.

Recientemente, tras una larga negociación de la ONU y otras organizaciones internacionales, el Gobierno jordano y ACNUR inician ahora un proceso  para registrar a todos ellos antes de septiembre de este año. En otro caso, señala el Gobierno, serán expulsados. Es una oportunidad para que miles de personas puedan acceder a servicios básicos, lo que requiere un proceso de información, asesoría legal y acompañamiento por parte de las organizaciones internacionales como Alianza por la Solidaridad, que trabaja en ello junto al Consejo Noruego de Refugiados.

ES PRIORITARIO SEGUIR REALIZANDO NUESTRA LABOR CON LAS REFUGIADAS SIRIAS. ¡APÓYANOS!