En el marco de la visita oficial de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias en los Territorios Palestinos Ocupados, Dubravka Šimonović, Alianza por la Solidaridad y otras nueve organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que trabajan en el área se reunieron con ella el 19 de septiembre para exponerle los desafíos que enfrentan las mujeres palestinas y las necesidades de intervención.

En la reunión se abordaron dos grandes temas: la violencia contra las mujeres en el contexto de la ocupación israelí (violencia política y su impacto específico en las mujeres palestinas) y la violencia contra las mujeres dentro de la sociedad palestina (violencia doméstica, acceso a justicia, leyes, instituciones, etc.).

Las conclusiones y el trabajo de campo presentados por Alianza se centraron en:

• La falta de posibilidades de la población palestina a acceder a una vida digna tras los más de 50 años de Ocupación en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, y 10 años del completo bloqueo en Gaza. Solo en los meses de julio y agosto de este año las fuerzas israelíes han demolido 177 viviendas palestinas, dejando sin hogar a 267 mujeres, hombres, niños y niñas; más de 1.200 mujeres palestinas se ven forzadas a trabajar en asentamientos israelíes ilegales en el territorio ocupado, donde además sufren constantes vejaciones y violencia física por parte de los colonos. La expansión de estos asentamientos se ha duplicado en 2015 respecto a 2014.

• 45 comunidades situadas en el Área C de Cisjordania (controlada militar y civilmente por las fuerzas ocupantes israelíes; es el 61% del territorio cisjordano) se encuentran en riesgo de desplazamiento forzoso; esto es, con órdenes firmes judicialmente de demolición de sus hogares, pero no ejecutadas todavía. El aislamiento territorial de estas comunidades impide su acceso a servicios básicos como la salud, la educación y el agua. Esta situación de estrés, desesperación y carencia de acción y posibilidades aumenta exponencialmente las situaciones de violencia contra las mujeres. Alianza trabaja en 19 de estas comunidades prestando servicios multisectoriales contra la violencia de género mediante clínicas móviles y visitas domiciliarias, como única vía de acceso por parte de las mujeres a la recepción de estos servicios. Las autoridades israelíes no investigan ni actúan en casos de violencia de género contra mujeres palestinas y las autoridades palestinas tienen limitada su jurisdicción en el Área C de Cisjordania como consecuencia de la situación de ocupación.

• El Estado de Israel no cumple con las obligaciones internacionales que son vinculantes como potencia ocupante. La falta de acción directa por parte de la comunidad internacional contribuye a exacerbar la situación de violencia constante e impunidad de las violaciones del derecho internacional perpetradas por Israel a la población palestina y, en particular, contra las mujeres.

• La discriminación por razones de género prevalece en las comunidades palestinas, derivada de la cultura patriarcal y normas sociales predominantes que relegan a las mujeres a un papel secundario, sin espacios de decisión en el seno de la familia y en la vida pública. Un 68% de las supervivientes de violencia de género con las que Alianza trabaja en Palestina no tiene la potestad de decidir sobre el número de hijos e hijas, y un 61% afirma no poder trabajar fuera del hogar familiar debido a las restricciones familiares impuestas.

• Existe una urgente necesidad de incrementar los servicios multisectoriales contra la Violencia de Género: salud sexual y reproductiva (incluyendo servicios de planificación familiar), servicios de apoyo psicosocial y asistencia legal para las supervivientes de Violencia de Género. Sólo durante 2015 y 2016 (datos hasta junio), Alianza ha prestado servicios integrales a 4.492 mujeres gazatíes y 1.240 mujeres cisjordanas, incluyendo a las mujeres beduinas. En relación con el punto anterior, la respuesta de protección y prevención integral en violencia de género debe incluir actividades de capacitación profesional y empoderamiento para las supervivientes, así como el trabajo en masculinidades que permita a los hombres deconstruir ciertos roles de género existentes y entender las consecuencias de la violencia contra las mujeres desde diferentes perspectivas que tienen un impacto devastador, no sólo en la familia, sino en las propias comunidades.

• Los espacios seguros y refugios para supervivientes de violencia de género son inexistentes en la Franja de Gaza, y los 3 refugios existentes en Cisjordania a menudo se encuentran desbordados y no cuentan con las medidas mínimas de seguridad ni ofrecen la posibilidad de reintegración social de las supervivientes.

• La reciente ratificación por parte del Estado de Palestina de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) exige la incorporación de sus previsiones legales a la regulación interna palestina. Dicha situación es aún un importante desafío. El sistema legal palestino se encuentra fragmentado, impactando de forma específica en las mujeres supervivientes de violencia de género, cuyo acceso a la justicia es muy limitado. Algunas de las disposiciones hoy vigentes no criminalizan la violación sexual dentro del matrimonio o exoneran al agresor sexual que se casa con su víctima.

De acuerdo con las palabras de la Relatora Especial, “las mujeres palestinas se encuentran en la intersección entre el régimen de ocupación y la cultura patriarcal prevalente, y por ello experimentan de forma directa múltiples capas y tipos de violencia”.

Además, Alianza ha compartido con la Relatora Especial su estudio “Violencia contra las Mujeres en la Franja de Gaza después de la Ofensiva Militar Israelí Margen Protector 2014” y la nota conceptual preparada con ocasión de la visita de la Relatora Espacial “Violencia contra las Mujeres en el Área C de Cisjordania”.