Amenazas y criminalización a líderes quekchí por defender el río indígena ‘secuestrado’ por la construcción de una hidroeléctrica

Jueves, 6 octubre 2016

Personas anónimas llenan de pasquines las calles difamando a los opositores al proyecto hidroeléctrico que construye ACS, la empresa de Florentino Pérez. En 2016, 766 personas han sido amenazadas en Guatemala por defender los derechos socio-ambientales.

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Líderes indígenas, que se oponen a la construcción del mayor complejo hidroeléctrico de Guatemala, obra que realiza el Grupo español Cobra, están siendo difamados y amenazados por fuentes anónimas, tras las que denuncian que están grandes empresas, debido a su defensa del río Cahabón (Departamento de Alta Verapaz), en cuya orilla viven 29.000 personas, y su oposición a proyectos hidroeléctricos de gran impacto socio-ambiental.

En los últimos días, miles de panfletos anónimos han sido distribuidos por varios de los municipios aledaños a las obras en los que se verten graves acusaciones contra líderes quekchí, como Bernardo Caa Xol, Erik Armando Cu Caal, Roberto Chun Caal, Martín Xochum y el diputado quekchí, Amical Pop, nacido en Alta Verapaz y defensor de los derechos indígenas. En estos pasquines, se les acusa de delitos de todo tipo, desde violencia de género a fraudes o estafas, todo sin pruebas y con el ánimo de generar desconfianza hacia ellos, tras estar canalizando las quejas de las comunidades frente al ‘secuestro’ de su río.

En lo que va de año, decenas de líderes ambientalistas y sociales han sido agredidos y amenazados en Centroamérica. Este dato es especialmente preocupante para Guatemala, donde más de 766 personas, han sido amenazadas en lo que va de año. Algunos han sido finalmente asesinados, como la hondureña Berta Cáceres, que fue tiroteada el pasado 3 de marzo.

El Consejo del Pueblo Maya Quekchí, que agrupa a varias comunidades de la zona, han hecho público un vídeo-comunicado (publicado en Facebook) en el que repudian esta nueva persecución y exigen al Estado que les proteja. “El Estado ha olvidado a estas comunidades y ahora nos organizamos en la defensa del territorio y nos declaramos en resistencia contra las empresas que pretenden criminalizar la defensa del río Cahabón”. Asimismo, piden que se realicen consultas comunitarias sobre proyectos que atenten contra los recursos naturales, unas consultas que no se han realizado ni en el complejo Renace ni en el complejo Oxec, en desarrollo sobre un cauce que están dejando sin agua en decenas de kilómetros.

Bernardo Caa Xol, uno de los amenazados, ha señalado: “Han organizado una campaña de difamación por mi defensa del Cahabón. Igual que minimizan la lucha de las comunidades por defender su río, ahora las empresas tiran ‘volantes’ para criminalizarme porque denuncio que tienen nueve licencias de construcción de hidroeléctricas en un solo río. Es lo único que he hecho. Ahora quieren intimidarme, me amenazan, y yo las responsabilizo de lo que me puede acontecer a mí o mi familia”.

Uno de los complejos contra los que se organiza la resistencia indígena es el complejo Renace, gestionado por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI), que ha subcontratado para su construcción a la compañía española Grupo Cobra (ACS), presidida por Florentino Pérez. Como señala Naciones Unidas, el sector privado, sea inversor o subcontratado, como es el caso de ACS, debe respetar los derechos humanos y proteger los recursos naturales.

Por ello, en junio pasado Alianza por la Solidaridad, dentro de su campaña TieRRRa, destinada a sensibilizar sobre las inversiones responsables, lanzó una recogida de firmas en la que se pide la suspensión de las obras de dos de las fases – RENACE IV y V – hasta que se realice una evaluación exhaustiva sobre los impactos sociales, económicos y ambientales del conjunto del complejo hidroeléctrico. Para Alianza, la única alternativa aceptable pasa porque RENACE garantice, además de su rentabilidad, el derecho al agua, la participación, la información, la igualdad y la no discriminación, así como los mecanismos de reparación o resarcimiento necesarios de las comunidades aledañas. De momento, ya se han recogido más de 10.700 firmas en las que se exigen estas medidas, para que la presión internacional apoye al pueblo quekchí en sus reivindicaciones.

Desde la campaña TieRRRa se promueve que las comunidades indígenas sean las primeras en obtener beneficios de los proyectos empresariales en su territorio, en desarrollo y servicios básicos como el suministro eléctrico, el agua potable o el empleo estable. Nada de ello ha sucedido en la hidroeléctrica Renace sobre el Cahabón. De hecho, son las comunidades las que se están quedando con los aspectos negativos de la inversión: la desaparición del caudal, y por tanto del acceso al agua o la contaminación del río.

Esta campaña se presentará en Ciudad de Guatemala en un foro público y televisado, el viernes, 7 de octubre, con el apoyo de la organización ambientalista guatemalteca Colectivo Madreselva y de los líderes comunitarios difamados.


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