Un nuevo sondeo revela un fuerte apoyo a una ley europea de debida diligencia empresarial. De aprobarse, obligaría a las empresas que operan en la Unión Europea a implementar medidas para reducir sus emisiones.

La Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad, actualmente en trámite en el Europarlamento, podría exigir a las empresas que operan en la UE que adopten medidas para identificar y prevenir violaciones de derechos humanos y daños medioambientales en toda su cadena de valor.

Resultados de la encuesta

La campaña Justice is everybody’s business encargó la realización de una encuesta en 10 países de la UE, incluida España. Esta reveló que:

• Casi 9 de cada 10 españoles encuestados (86%) han mostrado su apoyo a una ley europea que obligue a las empresas a reducir sus emisiones de efecto invernadero. Con el objetivo de que el calentamiento global no pase de 1,5 grados Celsius.
• 7 de cada 10 españoles encuestados cree que el sector bancario también debería responsabilizarse de las acciones de las empresas en las que invierten o a las que prestan dinero.

Desde la presentación del proyecto de ley al Parlamento, las instituciones financieras han gastado, al menos, 100 millones de euros en presionar. Como resultado, países como España o Francia han respaldado la exclusión del sector financiero de las nuevas reglas de debida diligencia.

Apoyo a una ley europea… histórica

Junto con la encuesta, más de 200 activistas y organizaciones de la sociedad civil han firmado una declaración. En ella, exigen “una legislación europea fuerte, adecuada para afrontar la crisis climática y hacer realidad la justicia climática para los colectivos más afectados”. La petición llega antes de una votación crítica del proyecto legislativo por parte de los eurodiputados en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

“La opinión en toda la Unión Europea es clara. Se necesitan reglas más estrictas para garantizar que las empresas y los bancos rindan cuentas adecuadamente en su cadena de valor global y no continúen operando a expensas de la gente y del planeta. El proyecto de ley en su forma actual es demasiado débil para ser efectivo en la práctica. Por ello, debe fortalecerse aún más para garantizar que las empresas estén obligadas a desarrollar e implementar planes de transición para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La aprobación de esta ley histórica significaría que empresas contaminantes, como extractivas y/o energéticas, ya no podrían eludir la responsabilidad por los daños que causen en Europa y en el extranjero”, asegura Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables.