Bolivia amplía las causales para el ejercicio del derecho a un aborto legal y seguro

Lunes, 27 noviembre 2017

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En Bolivia se está produciendo un avance importante en materia de Derechos de las Mujeres, como el que se ha llevado a cabo hace unos meses en países como Chile. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó, tras meses de discusiones, el nuevo Código Penal que pretende ampliar, en el ya más que famoso y mencionado artículo 153, las causas que permiten abortar a las mujeres bolivianas.

El artículo 153 no despenaliza el aborto, que es lo que numerosas organizaciones y activistas que forman parte de la Campaña 28-Septiembre y el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto quieren en Bolivia, pero amplía las causas en que una mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro. Esto es clave en un país con una de las tasas más elevadas de mortalidad materna de toda América Latina y Caribe, donde el aborto constituye la tercera causa, y donde se estima que cada día aproximadamente 200 mujeres se practican un aborto en lugares clandestinos (recordemos que Bolivia tiene 11 millones de habitantes actualmente). Abortos que se realizan en condiciones de clandestinidad e inseguridad, en habitaciones mal ventiladas, sucias, y en muchos casos practicados por personas que carecen de la profesionalidad necesaria. Abortos que se llevan por delante vidas de mujeres y dejan a otras muchas en situaciones de discapacidad. El artículo 153 amplía las condiciones en que ya está permitido el aborto, que son violación, incesto, estupro, y riesgo para la salud de la madre; e incorpora la causal de malformaciones fetales incompatibles con la vida, reproducción asistida no consentida por la mujer, y en los casos que la embarazada sea niña o adolescente. En un país donde según el Fondo de Población de Naciones Unidas se registraron 10 embarazos en adolescentes cada hora, muchos proyectos de vida quedan truncados por maternidades no deseadas, muchas veces fruto de violencia sexual.

Además, el 153 permite el aborto en el plazo de 8 semanas (plazo aún muy limitado, pues muchas mujeres no son conscientes de estar embarazadas en este período, ya que no todos los ciclos menstruales se ajustan como un reloj a los 28 días) en los casos en que la mujer sea estudiante o tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad o menores. Son unas causales que han generado amplia polémica en la sociedad boliviana, en parte por prejuicios, sobre todo de tipo religioso y por la falta de una educación sexual integral adecuada, pero que vienen a evitar muertes de mujeres, especialmente aquellas que menos recursos tienen, que viven en zonas rurales lejos de una clínica y que en muchos casos tienen rostro indígena.

Uno de los puntos fuertes de discusión ha sido la postura de los colectivos médicos, defendida por el Colegio Médico de Bolivia, en torno al tema de la objeción de conciencia. El artículo 153 remarca que la objeción de conciencia es individual y no institucional, por lo que los servicios de salud públicos que velan por el bien público deben asegurar que si uno de sus médicos se niega a realizar un aborto, habrá otro dispuesto a realizarlo. Además existe un problema grave con las prerrogativas que los médicos se adjudican a la hora de juzgar a las mujeres. Sólo en el mes de agosto de este año, unas diez mujeres fueron encarceladas supuestamente por haberse sometido a un aborto, denunciadas por personal médico. Aunque no suelen cumplir la pena (que actualmente es de uno a tres años) la penalización ya existente lanza a las mujeres a someterse a abortos en la clandestinidad, al margen de los daños psicológicos que les causa.

Esta discusión sacude hoy en día a la sociedad boliviana y copa los medios. Pero los abortos siguen realizándose, se los practican las mujeres aymaras, quechuas y guaraníes (a veces mediante infusiones de hierbas) y las mujeres no indígenas de las ciudades; se los practican las ateas y las católicas. Recientemente, Católicas por el Derecho a Decidir ha realizado una Encuesta de Opinión entre población católica en Bolivia, con el apoyo de Alianza por la Solidaridad, en la que se preguntaba sobre qué debería hacer una mujer católica que decidió abortar. Poco más del 19% decía que no tenía necesidad de confesarlo y el 53% decía que sólo debía confesarse con Dios. Sin embargo la Iglesia Católica en Bolivia pregona discursos sobre la obligación de encarcelar a las mujeres que aborten y sobre la culpa social y divina que caerá sobre ellas.

Las feministas y activistas de derechos que trabajan en estos temas defienden que el derecho al aborto es el que más fuertes reacciones provoca en cualquier sociedad. Es la una de las luchas primeras que hay que enfrentar: la lucha por los cuerpos, y suele ser la última a la que prestan atención los estados a la hora de elaborar políticas públicas.

El pasado 28 de septiembre, casualmente o no, Día Mundial por la despenalización del aborto, a pocas horas del cierre del día, organizaciones de mujeres y activistas se fueron a dormir sabiendo que el Congreso de los Diputados había aprobado el artículo 153 por mayoría. Ahora queda su aprobación en el Senado, donde se ha empezado a discutir el Código Penal en detalle hace 2 días. Un paso más de los muchos que quedan por dar para asegurar que los servicios médicos y de justicia aplicarán la ley y que no revictimizarán ni denunciarán a la policía a las mujeres que se hagan un aborto legal. Un paso que esperamos no quede truncado por sentencias conservadoras como la reciente del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la Ley 807 de Identidad de Género, que ha despojado de sus derechos más fundamentales a la comunidad trans del país. Un paso de los muchos más que quedarán para conseguir la despenalización total. Parece que se va en buen camino, pero desde el activismo y la sociedad civil organizada estaremos vigilantes.


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